Nacional
Una “justicia” que es lo contrario de la justicia
Director: Sociedad Colombiana Tradición y Acción
Desde los más remotos orígenes de la Civilización, la justicia es uno de los pilares sobre los cuales descansa el orden temporal. Sin ella no es posible vivir en paz y armonía, ni hay condiciones para el verdadero progreso. Cuando es erradicada del orden social, se ausenta también uno de los presupuestos fundamentales de la paz, pues una nación sin justicia, camina rumbo al caos social. Y quienes procuran la verdadera paz, deben establecer antes que nada un sistema justo que permita dar a cada quien lo que se merece, y castigue a los que delinquen en la misma proporción en que le hacen daño deliberado al prójimo.
Estas consideraciones un poco filosóficas son de absoluta actualidad en Colombia. Ha terminado un largo “proceso de paz” adelantado por el anterior gobierno del ex-presidente Santos, que lejos de unir al País en torno a lo que supuestamente se buscaba, que era la paz, lo ha fragmentado en mil pedazos. Y la anunciada paz aún no aparece por ninguna parte.
Colombia terminó aceptando muchos absurdos de la negociación con las FARC. Por
ejemplo, que los guerrilleros no entregaron todas las armas, ni las rutas del narcotráfico, ni los cultivos ilícitos de coca, ni la gran fortuna ilegal que amasaron a lo largo de muchos años. Y menos aún que dijeran la verdad sobre todos sus crímenes. Se burlaron del País y del mundo, pues a pesar de los inmerecidos beneficios que recibieron, continúan la lucha armada a través de disidencias y organizaciones criminales paralelas.
En cuanto a la justicia que se debería aplicar a los guerrilleros que demolieron a Colombia durante décadas, ha surgido un motivo de discordia y de escándalo que cada día es mayor. En el Acuerdo final se estableció la creación de un tribunal de justicia alternativa, llamado JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), con amplios poderes para juzgar a todos los involucrados en los crímenes cometidos por la subversión durante décadas. Este tribunal debe juzgar a los guerrilleros responsables por crímenes cometidos antes del 1 de diciembre del 2016, fecha en la que comenzó a regir el Acuerdo, pues los cometidos con posterioridad ya no pueden ser cobijados por amnistía alguna. A esos criminales, culpables de delitos de lesa humanidad como el asesinato, el secuestro, el terrorismo, el abuso sexual de menores, etc., se les aplicarán penas alternativas, aunque algunas sean irrisorias.
Pues bien, eso es lo que dice el Acuerdo. Sin embargo, lo que está pasando en la realidad es otra cosa completamente diferente. La JEP, en sus pocos meses de funcionamiento, se ha convertido en una rueda suelta que concede indultos a diestra y siniestra, excarcela a los peores criminales y les permite salir del país con el pretexto de que tomen vacaciones. Hasta el momento no ha hecho ningún juicio serio, ni ha condenado a nadie a un solo día de cárcel. Con este proceder, la JEP ha abierto las compuertas de la más escandalosa impunidad, y lo que el Acuerdo con las FARC llama “penas alternativas”, se ha convertido en una burla grotesca.
El presidente Duque no cumple sus promesas electorales
Mientras se realizó la pasada campaña presidencial, el Acuerdo con las FARC fue uno de los temas más candentes y polémicos. El presidente Iván Duque, cuando era candidato y buscaba los votos del electorado, se convirtió en acérrimo crítico del Acuerdo, denunció valerosamente los exabruptos de la JEP, prometiendo a sus electores que como presidente iba a suprimir ese monstruo de mil cabezas. Su partido, el Centro Democrático, hizo una gran campaña anunciando lo mismo, y esa fue la plataforma con la cual se ganaron las elecciones. Y el mentor de ambos y director del partido, el ex-presidente Álvaro Uribe, se presentó también en su momento como el gran opositor de la JEP y del Acuerdo con las FARC.
Sin embargo, una vez ganadas las elecciones, el presidente Duque, el Centro Democrático y el Dr. Uribe, se olvidaron de sus compromisos y terminaron respaldando la integridad del Acuerdo. Ahora no dicen una sola palabra contra la impunidad que tanto atacaron durante la campaña presidencial, ni contra las decisiones antijurídicas de la JEP, ni mucho menos contra la demolición del orden jurídico de la Nación, contenido en el Acuerdo con las FARC.
¡Colombia exige una explicación ante este proceder! Además, es necesario recordar que en Octubre de 2016 se hizo un plebiscito para refrendar ese Acuerdo y el resultado fue a favor del
NO. Los colombianos lo rechazaron, porque ya en esa fecha era evidente el engaño del gobierno Santos y de las FARC para destruir el orden constitucional del País. Desde esa fecha hasta el presente, esa evidencia no ha hecho sino aumentar y ahora se ha convertido en un gran escándalo. La realidad es que el Acuerdo fue una rendición del Estado ante las FARC y este grupo terrorista sigue delinquiendo, arropado por la más absoluta impunidad gracias a la JEP, lo cual es ahora una responsabilidad del actual gobierno.
Todo esto viene al caso a propósito de la polémica suscitada en estos días, por causa de la promulgación del Estatuto de Funciones de la JEP, que fue aprobado por la propia institución, avalado por la Corte Constitucional, y que ahora también debe ser aprobada por el Presidente de la República. Este último tiene derecho a objetarlo, total o parcialmente, y debería hacerlo, si es coherente con las afirmaciones que hizo durante la campaña presidencial. De esta forma se podrían corregir los errores que dieron origen a ese organismo perverso, estableciendo límites a sus competencias, aunque lo más beneficioso para Colombia sería suprimirlo. Pero, en caso de que el Presidente no haga ninguna objeción, una vez más, se comprobará que los presidentes son elegidos gracias a un programa y a unas promesas de gobierno y terminan haciendo lo contrario, traicionando a sus electores y burlándose de ellos.
Después de firmado el Acuerdo con las FARC, que fue premiado fraudulentamente con el Nobel de Paz, lo que menos hemos visto los colombianos es la anunciada pacificación del País. A cada día que pasa, se hace más evidente que estamos frente a uno de los más grandes fraudes de nuestra historia. Que todo este proceso fue una mentira diseñada por Santos, las FARC y el Gobierno de Cuba, para destruir a Colombia y entregársela a los adalides del marxismo fracasado, miserable y hambriento, que aún subsiste en el mundo.
En este fraude contra Colombia, la JEP tiene el principal protagonismo. Ella representa todo aquello que los colombianos no quieren, contra lo que votaron en el plebiscito y por lo cual eligieron al actual presidente. Y si no se le ajustan las riendas, será un elemento más de descrédito para el actual Gobierno.
Post data: Ya estaba terminado este artículo, cuando explotó la noticia de que uno de los fiscales de la JEP fue apresado el 1 de marzo en un lujoso hotel del Bogotá, mientras recibía un soborno de us $ 500.000 para que torpedeara la extradición de Jesús Santrich a EEUU. Este terrorista de las FARC está preso desde hace más de un año por haber hecho negocios millonarios de venta de cocaína, después de la fecha acordada para ser cobijado por la impunidad, y la JEP se niega a autorizar su extradición, ante los pedidos insistentes del Departamento de Justicia de los EEUU. Gravísimo hecho que enloda a la JEP, más de lo que ya está.
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