Nacional
Presidente pretende someter al país a la voluntad de las Farc
Con mucha propiedad se afirmó que el presidente Santos debería ser considerado como el Kerenski colombiano. Esto es, el personaje que entregaría al país al comunismo como otro sucediera en gobiernos puentes entre los tradicionales, como el zarismo en Rusia y la democracia en Chile. Muchos conocieron el libro Frey el Kerenski Chileno en el cual proféticamente se denunciaba como caería Chile en el comunismo por causa de la Democracia Cristiana de entonces, A pesar de su fracaso la marca de Kerenski nunca se le pudo borrar al entonces presidente condescendiente Frey Montalva. Ahora en Colombia es tanta la obsesión u obcecación del gobierno Santos por entregar el país al comunismo en su forma terrorista narco-guerrillera que llega a extremos impensables. No quiere otra cosa con esos amañados acuerdos que otorgarles la propia Constitución con mas que fuerza de ley, que sean y estén por encima de la carta magna y que, por obra de tan aberrante entrega, firmando lo que el país ni siquiera conoce como documento final de tales acuerdos. Ese documento no podrá ser contestado pues la constitución automáticamente será cambiada para introducir los textos que entonces nadie podrá refutar o rechazar. Tan increíble serán esas nuevas normas que entonces podremos, sin temor a equivocarnos afirmar que Colombia entra en la órbita dictatorial de los peores regímenes comunistas. Y entraremos como por obra de magia en la órbita de las tiranías más impensadas De llegar a tal abismo Dios y la historia juzgarán a este gobierno con la misma severidad que a la temible troika de Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas URSS que causara millones de muertos y víctimas como nunca antes en la historia y cuyo número sobrepasó a cada una de las guerras mundiales del siglo XX.En Colombia la Troika estará compuesta por tres amigos íntimos: Timochenko, Santos y el temible Paisa o Romaña o el mismo tan mansito que parece De La Calle Lombana. No nos engañemos será terriblemente así. Ya en Colombia se prohibirá la familia, pues la patria potestad de los hijos pasará a ser de ese nuevo estado; la propiedad privada seguirá siendo perseguida y todas nuestras tradiciones caerán por tierra. Entre las cuales naturalmente el derecho de permanecer dentro de los X Mandamientos de la Ley de Dios, pues con esto toda ley será cambiada y sin derecho a decir nada. Veamos que puede haber de exagerado en estas conclusiones con la apreciación acertada del ministerio público, la única institución de pensamientos y derroteros claros, esto es la Procuraduría que en manos del doctor Alejandro Ordoñez merecen este momento nuestro reconocimiento y hasta campañas en su respaldo. Gracias a Dios él cumple con su deber y se perfilan junto con la resistencia civil de expresidente Uribe como tablas de salvación, en esta indudable crisis Saeta
Bogotá D.C, 13 de mayo de 2016 Doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Presidente de la República E.S.D. Señor Presidente: En ejercicio de las funciones que me asigna el artículo 277 de la Constitución y el Decreto 262 de 2000, en especial, en defensa del ordenamiento jurídico, los derechos humanos y los intereses de la sociedad, le hago las siguientes observaciones: El día de ayer las FARC y su Gobierno notificaron al país que convinieron que el Acuerdo Final que suscriban tenga la calidad de “Acuerdo Especial”, conforme a las normas de derecho internacional humanitario y que haga parte del bloque de constitucionalidad. Pretenden ustedes que la totalidad de los Acuerdos negociados y por negociar con las FARC, conocidos y desconocidos por la opinión pública, sean normativamente integrados a la Constitución y que su contenido se sitúe al mismo nivel de las normas constitucionales e incluso por encima de ellas. Buscan que los Acuerdos, por el solo hecho de ser convenidos y firmados por usted y Timochenko tengan automáticamente la categoría de normas con fuerza constitucional. Lo que su gobierno está conviniendo con el grupo criminal de las FARC implica que la Mesa de Conversaciones de La Habana se reviste de poderes constituyentes, que ni el ordenamiento jurídico, ni el pueblo les ha otorgado. Usted, señor Presidente, y Timochenko, pretenden que ni siquiera la voluntad del pueblo, expresada a través de los mecanismos que hoy dispone la Constitución, pueda modificar tales acuerdos, tampoco el Congreso de la República ni ahora, ni en el futuro. Es una acción que está al margen de la Constitución y que es incompatible con cualquier régimen democrático. Equivale a someter de forma dictatorial al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y del Gobierno. ¿Quién le otorgó esa prerrogativa, doctor Santos? Lo que ustedes anunciaron al país conlleva que el pueblo colombiano ya no es soberano y que la soberana es la Mesa de Conversaciones de La Habana. Conforme al ordenamiento jurídico de nuestro país y al derecho constitucional que rige las democracias en todo el planeta, un grupo que ha perpetrado los más graves crímenes contra la humanidad y un gobierno no tienen la facultad de atribuirse el poder constituyente, menos el de imponer a los colombianos un nuevo marco constitucional, sin que este se haya producido conforme a los procedimientos que la propia Constitución establece y sin que medie procedimiento democrático alguno. Le recuerdo, doctor Santos, que en el estado de derecho las autoridades solo están facultadas para hacer lo que la Constitución les señala, nunca para romper el orden constitucional, ni siquiera con la excusa de un acuerdo de paz con un grupo armado organizado al margen de la ley. Invocar la paz no es una excusa para abolir el estado de derecho en Colombia, ni para imponer un nuevo orden, al margen de la Constitución. Falta a la verdad señor Presidente cuando afirma que la última palabra la tendrán los colombianos. Lo pactado con las FARC supone que el “Acuerdo Especial” surge con la firma del mismo, para lo cual resulta irrelevante cualquier otro procedimiento que permita la expresión de la voluntad popular. Quiere usted y Timochenko que los colombianos vayan a las urnas a legitimar los Acuerdos, pero sin la capacidad de decidir. Es un fraude a la voluntad popular. Teniendo en cuenta que es mi obligación velar por la vigencia de los derechos humanos y del orden jurídico, es mi deber advertir que actuar al margen de la Constitución implica consecuencias penales y disciplinarias, al igual que responsabilidad política ante los ciudadanos. Usted juró respetar la Constitución, no fue elegido para derrocarla y menos para hacerlo de la mano con las FARC. Atentamente, ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO Procurador General de la Nación]]>
