La instrumentalización de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de una agenda que busca desde cualquier arista la despenalización del aborto está en marcha. Grupos que apoyan dicha práctica están usando el caso denominado ‘Beatriz vs. El Salvador’ para conseguir este objetivo en la región. Así lo acusa la Fundación AJ Provida, cuya presidente, Eli de Banda, ha sido una de las principales referentes que ha visibilizado lo deplorable de este lobby que pretende extenderse a, por lo menos, los 20 Estados parte que firmaron y acatan el pacto de San José.
Si logran su cometido, los países que ya han despenalizado el aborto no podrían derogar dichas leyes. En respuesta, bajo la consigna #AméricaLatinaEsProvida, la resistencia enfrenta el activismo judicial. La defensa legal de El Salvador está compuesta por mujeres. Lo cual desmonta el relato feminista que vende la causa del aborto como una de mujeres.
Por ejemplo, la diputada argentina Catalina Buitrago, resaltó el financiamiento de organismos internacionales detrás de la iniciativa. Nombra a la Fundación Ford y la IPPF, la filial internacional de la clínica de abortos más grande del mundo: Planned Parenthood. Fue también una mujer, la jurista (colombiana) Juana Acosta, quien se destacó al enfrentar a una perito activista que fue incapaz de reconocer si el feto y embrión son seres humanos.
De hecho, el Caso Beatriz se formula en la negación del derecho a la vida de Leilani, una niña con anencefalia. Aunque el feminismo dice defender a la mujer, su reproche feminista es que permitieron nacer a una niña con discapacidad y no la abortaron en el vientre de su madre. El caso se construye alegando que su madre corría peligro si ella nacía. Pero la evidencia muestra que luego que nació su hija su madre vivió sin problemas. Falleció cuatro años después en un accidente de tránsito.
PanAm Post se comunicó con Eli de Banda, presidente de AJ Provida, quien viajó desde Panamá hasta Costa Rica, sede de la CIDH. Más allá del tema del aborto en sí, destaca la amenaza que representaría un precedente legal que un organismo internacional sea utilizado para pasar por encima de la norma jurídica de un país. Faltan seis meses para el pronunciamiento. Aunque El Salvador dejó en claro que no acatará la resolución de la CIDH si esta falla contra el derecho a la vida. Pues la propia CIDH, por medio del Pacto de San José, garantiza el derecho a la vida.
Banda relata que la evidencia presentada por la parte acusadora fue inconsistente. Primero dijeron que la madre de Leilani preparó tortillas al día siguiente del nacimiento de su hija. Lo cual no condice con el peligro para su vida que presuntamente representaba llevar el embarazo a término.
Y no es la primera vez, ya organizaciones feministas llevaron ante la CIDH el Caso Manuela para intentar imponer el aborto en El Salvador y la región. Usaron el caso de una mujer que mató a su bebé recién nacido y que murió años después con cáncer para intentar imponer el aborto en Centroamérica y toda la región. Pero Banda asegura que las organizaciones provida enfrentarán estos esfuerzos desde la evidencia y con la verdad de su lado. Pues hasta ahora las iniciativas proaborto se han alimentado de mentiras y casos manipulados.
Fuente: Panampost
