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La justicia argentina también le ordenó inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Luego de más de tres años de juicio oral y público, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua en la causa Vialidad, al encontrarla culpable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por direccionar contratos de obra pública vial a las empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz.
Es la primera condena en la historia para un vicepresidente en ejercicio en ese país. Cuando fue juzgado y condenado Amado Boudou, en 2018, ya había dejado la función pública. Boudou fue vicepresidente de Cristina.
Sin embargo, Kirchner no irá presa, dada su inmunidad como vicepresidenta y jefa del Senado, e incluso podrá ser candidata en las próximas elecciones al cargo que desee, pues la sentencia queda firme y tiene aplicación solo cuando se hayan agotado todas las instancias judiciales de revisión, según el nuevo Código Procesal Penal Federal parcialmente en vigencia.
Es decir, cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la imputada, lo que puede demorar años.
Así, Kirchner ahora tiene la opción de apelar la decisión ante la Corte Suprema.
Para despojarla de su actual inmunidad senatorial, se requiere que dos tercios de los legisladores de la Cámara Alta del Congreso lo aprueben, lo que no se espera que ocurra dado el control que tiene el Gobierno sobre la Cámara.
Tras conocerse la decisión, la vicepresidenta confirmó este martes que no será «candidata a nada» en las elecciones de 2023. «No voy a ser candidata a nada, ni a senadora, ni a diputados ni a presidenta de la nación», dijo.
Kirchner consideró que «la condena estaba escrita». En una declaración desde su oficina en el Senado, fue enfática: «Esto es mucho más simple. Esto no es ni lawfare ni partido judicial: esto es un estado paralelo y mafia judicial (…) Y la confirmación de la existencia de un sistema paraestatal donde se decide sobre la vida, el patrimonio, la libertad de los argentinos, que está afuera de los resultados electorales».
No voy a ser candidata a nada, ni a senadora, ni a diputados ni a presidenta de la nación.
Esta sentencia probablemente aumentará las tensiones políticas en Argentina, un país profundamente dividido, y estimulara la fragmentada coalición gobernante de cara a las elecciones del próximo año.
El presidente Alberto Fernández, quien fue elegido por Kirchner para liderar la coalición a pesar de tener menos peso político, se puso del lado de su vicepresidenta, calificando la investigación de «política». Grupos sociales y sindicales vinculados al oficialismo se manifestaron este martes en el centro de la ciudad de Buenos Aires antes de la decisión del tribunal.
‘Un pelotón de fusilamiento’
Desde el inicio del juicio, en 2019, la exmandataria de 69 años sostuvo que su condena «está escrita de antemano» al denunciar que se trata de «un juicio político» que persigue aleccionar a todo el peronismo.
Kirchner está acusada, junto a otras 12 personas, por la adjudicación supuestamente irregular de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur de Argentina) durante sus dos mandatos como presidenta (2007-2015).
La fiscalía había pedido para ella 12 años de prisión al considerarla «jefa de una asociación ilícita» y por defraudación, además de solicitar la inhabilitación política para ejercer cargos públicos.
Kirchner dijo que más allá de una sentencia condenatoria, seguirá en política. «Opinar y decir lo que me parece que hay que hacer para salir y construir un país mejor para nuestra gente, a eso no voy a renunciar nunca», advirtió.
En sus palabras finales ante el tribunal, Kirchner acusó a los jueces de haber «inventado y tergiversado» los hechos. «Esto es un pelotón de fusilamiento», dijo. La defensa cuestiona, además, la figura penal de asociación ilícita sobre la que la fiscalía construyó su acusación.
Este martes el tribunal también halló culpable a Lázaro Báez como participe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y lo condenó a 6 años de prisión.
El exsecretario de Obras Públicas José López fue condenado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. El extitular de la Dirección Vialidad Nacional Nelson Periotti fue condenado a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por el mismo delito.
Mauricio Collareda, exresponsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la Dirección Nacional de Vialidad, fue condenado a cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Raúl Osvaldo Daruich, que ocupó el mismo cargo, fue condenado a tres años de prisión e inhabilitación perpetua por el mismo delito.
Raúl Gilbeto Pavesi, extitular de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua por considerarlo responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
*Con información de EFE y AFP y La Nación (Argentina) / GDA
