«Cualquier organización internacional que conozca mínimamente América Latina sabe que Guatemala es un foco rojo”, dice a DW Daniel Cerqueiras, experto en derecho internacional, integrante de la Delegación Independiente de Juristas Internacionales (IDIL) que visitó el país centroamericano hace algunos días.

Esa misma semana, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) como el Alto Comisionado para losDerechos Humanos de Naciones Unidas habían expresado su alarma y preocupación por la erosión del Estado de Derecho en Guatemala. Durante su visita, el grupo de juristas -de Reino Unido, Colombia, Brasil, Italia, Países Bajos y Estados Unidos- pudo constatar un alto número de desalojos de comunidades indígenas en la región de Alta Verapaz.

Ley guatemalteca contra el derecho internacional

«He trabajado en varios países de América Latina y nunca había visto un escenario con estas características: la facilidad y la intensidad con que se usa a la Fiscalía para un proceso penal muchas veces sin garantías. Hemos escuchado casos de comunidades que han sido notificadas de su desalojo 20 minutos antes sin haber sabido que existía un proceso penal en su contra”, sigue Cerqueiras, director de programas de la Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington.

¿Por qué los desalojan de sus territorios ancestrales? «Un finquero o una empresa privada interpone una querella penal por ‘usurpación'». Esa figura penal significa que alguien ocupa una propiedad que no es suya. La Fiscalía lleva adelante el proceso y un juez dicta la orden de desalojo. En términos estrictamente legales de Guatemala, eso es posible, pero es incompatible con el derecho internacional», explica Cerqueiras.

Según el derecho internacional, la propiedad colectiva indígena se demuestra con la tenencia tradicional del territorio. Así, «aunque un propietario tenga un título adquirido válidamente, el juez no debería desalojar a una comunidad entera sin pasar por todas las instancias de verificación del Estado”, afirma Cerqueiras, añadiendo que incluso hay desalojos sin orden de un juez, ejecutados por empresas privadas de seguridad.

La IDIL, que se encuentra preparando un informe al respecto, detectó también compra y venta fraudulenta de títulos de propiedad. El objetivo es el uso de esos territorios para agronegocio, así como para megaproyectos como hidroeléctricas. ¿Y a dónde van las poblaciones desalojadas? «Se desplazan a otros territorios o emigran a Estados Unidos”, responde Cerqueiras.

Si los jueces fueran independientes

«Dado que Guatemala, claramente, no está alineada con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, los jueces tienen la obligación de aplicar lo que la CIDH  denomina control de convencionalidad”, explica. Es decir, por sobre la ley guatemalteca, que permite la querella por «usurpación”, está el derecho internacional, que prevé la propiedad de territorios ancestrales.

¿Están en capacidad los jueces en Guatemala de aplicar independientemente el derecho internacional? «Esa es otra pieza de este ajedrez”, responde Cerqueiras, recordando que los jueces y operadores de justicia exiliados en Washington rondan ya la treintena, aparte de los que están procesados y encarcelados en Guatemala.

«Precisamente, cooptando el poder judicial es que se obtiene decisiones judiciales contrarias al derecho internacional”, subraya Cerqueiras. Los que no están dispuestos a ello, lo pagan con procesos en su contra.

Cabe recordar que el largo conflicto armado interno guatemalteco (1960-1996) tuvo mucho que ver con la falta de acceso a la tierra por muchas comunidades. Aunque el contexto histórico era diferente y actores externos favorecieron guerrillas armadas, que hoy no existen, las causas estructurales del conflicto interno siguen ahí.

«No solamente el Estado guatemalteco ha incumplido con la reforma agraria y la justicia agraria que se preveía en elAcuerdo de Paz sino que está despojando a las comunidades. Se ha vuelto una máquina de facilitar títulos de propiedad a actores privados y de dificultar la demarcación y titulación de territorios indígenas”, apunta Cerqueiras.

Las fichas de Bruselas

Así las cosas, la IDIL exhorta al Estado de Guatemala a iniciar urgentemente una revisión de sus leyes para respetar el derecho al territorio de sus pueblos. También le recomiendan a la comunidad internacional y a las empresas e inversionistas de laUnión Europea -que está unida a los seis países centroamericanos por un acuerdo de asociación desde el 2013- estar atentos a estos retrocesos legislativos en el país.

«La cooperación europea debería estar condicionada a mejorar esta situación que está llegando a una escala sin precedente”, apunta Cerqueiras y concluye: «Se trata de una guerra de baja intensidad contra el Estado de Derecho y la justicia independiente en Guatemala”. (ms)