La simpatía del fiscal Alvin Bragg con el Partido Demócrata es cada vez más evidente. De ahí que el expresidente Donald Trump lo señalara de tener motivaciones políticas cuando el funcionario lo denunció por el caso de falsificación de registros comerciales y por el que finalmente declararon culpable al también candidato republicano.
Esta vez se trata de una donación que Bragg habría hecho a “Biden for President”, el comité de campaña oficial de Joe Biden, violando así la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). La denuncia, hecha por el grupo America First Legal (AFL), explica que según la legislación, cualquier persona tiene prohibido “hacer contribuciones agregadas al comité autorizado de un candidato por encima de una cantidad especificada”. Esa cantidad son 3300 dólares por elección, y el fiscal del distrito de Manhattan habría hecho caso omiso. Sin mencionar que el comité de campaña aceptó el dinero sin objeciones.
El monto puede parecer menor si se toma en cuenta que las recaudaciones superan los 51 millones de dólares en el caso de Biden, solo en abril, y 76 millones por parte de la campaña de Trump en el mismo mes. Esta es otra señal de las alianzas que hay bajo cuerda en el Partido Demócrata, enfocado en desmeritar la campaña electoral del candidato republicano. Además, es imposible mencionar a Bragg sin recordar que su candidatura a fiscal fue respaldada indirectamente por el multimillonario progresista George Soros.
Citan a Alvin Bragg en el Congreso
AFL es una organización nacional sin fines de lucro que trabaja para promover el Estado de derecho en Estados Unidos, y está dirigida por Stephen Miller, exasesor de la Casa Blanca durante el gobierno de Trump. Eso quiere decir que no solo los abogados del expresidente luchan contra el aparato judicial en Nueva York, sino que otros actores están presionando a funcionarios demócratas por la sentencia que podría llevar a su candidato a prisión.
Con relación a esto, Alvin Bragg deberá testificar ante el Congreso el 12 de julio, justo un día después de que se anuncie la sentencia contra Trump. El epicentro de su declaración no será su contribución al comité “Biden for President”, sino por llevar a cabo un “procesamiento político” en el caso contra el expresidente. El representante Jim Jordan acusa al actual fiscal de confabular con Matthew Colangelo, un exfuncionario de alto rango del Departamento de Justicia, contratado por Bragg en 2022 para ayudar a dirigir la investigación contra el exmandatario.
En otras palabras, sobre el fiscal demócrata hay motivos de sobra para sospechar sobre acciones partidistas. Un portavoz de su oficina asegura que la denuncia en su contra “socava el Estado de derecho” porque, a su juicio, los republicanos en el Congreso difunden “información errónea peligrosa, y teorías de conspiración”. Sin embargo, es un hecho que Bragg recibió un nada despreciable espaldarazo económico de George Soros —el principal interesado en perpetuar la agenda progresista en Estados Unidos— cuando se postulaba a fiscal.
Mientras tanto, la Administración Biden cayó a su mínimo de aprobación desde que llegó a la Casa Blanca. El índice marcó apenas 37,4 % de respaldo el 8 de junio, según FiveThirtyEight, y aunque se recuperó leventemente a 38,2 % cuatro días después, sigue en cifras poco alentadoras para la campaña demócrata, perseguida además por el reciente veredicto de culpabilidad contra Hunter Biden, hijo del mandatario, por cargos relacionados con posesión de armas.
Por Oriana Rivas
Panampost
