“El peor de los peores crímenes merece el peor del peor de los castigos”. Con estas palabras el gobernador de Florida, Ron DeSantis, justificó la implementación de la pena de muerte para violadores de niños en su estado, según permitirá la Ley 1297 firmada este lunes junto con otras dos normas que apuntan a preservar “la ley y el orden”.

Esta legislación, aprobada por el Senado de Florida con 34 votos a favor y 5 en contra y por la Cámara de Representantes estatal con 95 a favor y 14 en contra, contempla que la agresión sexual contra un niño menor de 12 años se considera un delito capital, potencialmente punible con la pena de muerte si al menos ocho de los doce miembros del jurado así lo recomiendan. En caso contrario, la sentencia mínima será la cadena perpetua sin poder gozar del beneficio de libertad condicional.

“Queremos dejar claro que en Florida defendemos la protección de los niños”, destacó DeSantis, alegando que la pena de muerte para violadores de niños, que en muchos casos son niños de seis, siete u ocho años, es necesaria porque “si hace eso una vez, es probable que lo vuelvan a hacer”.

Superar un obstáculo federal

Este proyecto de ley fue presentado por los republicanos Jessica Baker, representante a la Cámara por Jacksonville, y Jonathan Martin, senador por Fort Myers.

De acuerdo con el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, Kennedy vs. Luisiana, está prohibido imponer la pena de muerte por crímenes en los que la víctima no haya muerto, razón por la cual los violadores no han sido candidatos a esta sentencia en casos en los que no haya habido fallecimiento. Por esta razón, esta nueva legislación tendría que enfrentar un obstáculo de carácter federal.

Sin embargo, la composición actual de la Corte Suprema de EE. UU. es “totalmente diferente” a la que tenía el máximo tribunal cuando se tomó esta decisión en 2008, dijo el senador Jonathan Martin al portal Florida’s Voice.

Traficantes de fentanilo “deben ser tratados como asesinos”

En el marco de su política para mantener las familias seguras, Ron DeSantis firmó dos leyes más este lunes. Una de ellas, la 1359, relacionada con los delitos por distribución de fentanilo, también se enfoca en la protección de los niños al imponer penas que van desde los 25 años de prisión hasta la cadena perpetua para los mayores de 18 años condenados por tráfico de esta mortal droga o análogos a un menor de edad. Además se contempla sumar multas de un millón de dólares por este delito.

“Deben ser tratados como asesinos, porque están asesinando personas”, dijo el gobernador de Florida sobre los condenados por tráfico de fentanilo, a lo que agregó que cuando las víctimas son menores hay un agravante. Aprovechó además para alertar que esta sustancia puede incluso ser colocada en dulces dirigidos a niños.

Contra los jueces “suaves con el crimen”

Y la tercera ley firmada este lunes, la 1627, estandariza y amplía la prisión preventiva para, entre otras cosas, evitar que cualquier juez “suave con el crimen” libere a personas “innecesariamente”, según señaló el gobernador Ron DeSantis, haciendo una clara alusión a una larga lista de fiscales de tendencia “progresista” que en muchos casos recibieron financiamiento del multimillonario George Soros para sus campañas.

Buta Biberaj, fiscal del condado de Loudoun, en Virginia, que sería uno de ellos, informó a comienzo de año que su oficina no participará directamente en el enjuiciamiento de ciertos cargos por delitos menores. Dijo que tomaba esa decisión para “concentrarse más en los casos de delitos violentos y violencia doméstica”.

El año pasado ya se hablaba de cómo 75 fiscales estadounidenses habrían sido elegidos para sus cargos gracias al financiamiento de Soros a través de su Open Society Foundations. Según, Law Enforcement Legal Defense Fund, unos 40 millones de dólares le sirvieron durante la última década para financiar campañas de fiscales, quienes para mediados de 2022 representaban a «más de uno de cada cinco estadounidenses».

De hecho, DeSantis suspendió en agosto del año pasado al fiscal estatal Andrew Warren por haber instituido políticas para la no aplicación de las prohibiciones relacionadas con cirugías para reasignación de sexo en menores o restricciones sobre el aborto.

Fuente: Panampost