A los helicópteros y aviones rusos de combate, transporte y entrenamiento de todos los componentes de las Fuerzas Armadas chavistas —Ejército, Armada, Aviación y Guardia Nacional Bolivariana— les fallan los motores, frenos, el tren de aterrizaje, de nariz y hasta le estallan los neumáticos.

Dos muertos y dos heridos dejó esta semana la caída de una de estas unidades en un sector despoblado de Barquisimeto, en el estado Lara. Sin embargo, en dos décadas, el chavismo registra 83 accidentes en aeronaves militares. Los siniestros han dejado 169 fallecidos y 55 heridos entre civiles y militares, según el último informe de Control Ciudadano. El número representa un promedio de cuatro siniestros aéreos anuales.

De los 83 accidentes, 30 ocurrieron con helicópteros de la FANB y acumulan 98 fallecidos. Otros 25 sucedieron con aeronaves militares de transporte, 16 con aviones de combate y 12 con aviones de entrenamiento, con un saldo de 57, 8 y 6 fallecidos. respectivamente.

“El origen de los accidentes está relacionado a la obsolescencia de sistemas, mantenimiento, falta de repuestos, falla en la doctrina de entrenamiento o indisciplina de vuelo”, se señala en el documento.

Mal negocio

La Aviación Militar Bolivariana desde el año 2000 destaca con el mayor número de accidentes por componente. Hasta ahora han tenido 53 siniestros que representan 75 fallecidos. Mientras tanto,  el Ejército, de sus 10 siniestros contabilizados con 44 víctimas, siete fueron a bordo de los aviones rusos M17-V5, de los cuales hay exhibiciones en YouTube.

El primero cayó de forma brusca en San Ignacio de Yurumí en Amazonas en 2006. Luego, una falla humana provocó la pérdida total de otra aeronave en 2008 en Fuerte Tiuna. Posteriormente, en 2009 se reportó otro por impacto en el Cerro Capote de Táchira por visibilidad reducida.  Un año después, en 2010, otro avión se precipitó en el sector Camus de Apure por fallas del motor.

Una falla técnica derrumbó en Yaracuy otra aeronave por una falla mecánica en 2015 que terminó en pérdida total. En 2016, en el estado Amazonas hubo otra pérdida total, al estrellarse la unidad en la selva.

Un capricho de Hugo Chávez que sigue manteniéndose

“Los helicópteros rusos eran un capricho de Chávez, después de que en 2005 se hiciera efectivo el embargo de armas de Estados Unidos. Eso produjo un viraje a Rusia para adquirir numerosas armas, entre ellas los famosos helicópteros que se han caído” dijo Rocío San Miguel en entrevista con ABC.

Es verdad. Venezuela adquirió en 2006 una flota de 24 cazas Sukhoi-30, como parte de un programa de compras a Rusia que también incluyó 60 helicópteros Mi-17 y Mi-35, 100.000 fusiles AK 103 y sistemas de defensa antiaérea con misiles Pechora y Buk. Toda la adquisición costó 6200 millones de dólares, de acuerdo con el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, basado en Londres. Este hecho marcó el inicio de la “cooperación” con Moscú.

Después, en 2015, el régimen anunció la compra de otros 12 Sukhoi para elevar sus dos flotillas de 12 a 18 aparatos. Para ello, la tiranía al mando de Nicolás Maduro gastaría 480 millones de dólares.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, en aquel momento aseguró que Maduro ya había aprobado los recursos que servirían para “potenciar y alargarles la vida útil a los aviones Sukhoi”, el mismo modelo de avión militar venezolano que se estrelló en septiembre de ese año en la región occidental fronteriza de Colombia con Venezuela cuando “escoltaba al máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, que se desplazaba a Cuba”, según el canal RCN Televisión.

Data con dudas

En el historial hay misterios no solo sobre quienes abordan las aeronaves, sino también sobre la falta de registros de accidentes con aeronaves militares entre 2014 y 2017. Sin información sobre esos años, Control Ciudadano señala que es difícil determinar y valorar qué factores incidieron para que esto ocurriera.

Una posible justificación es que durante este periodo el mayor esfuerzo operacional de la Fuerza Armada Nacional se concentró en tareas de control, orden público y represión de las protestas que sacudieron las principales ciudades del país. Es por ello que permanecieron acuarteladas la mayoría de sus unidades en todo el territorio nacional.

Pero si es así “una Fuerza Armada no puede aspirar a mejorar la tasa de accidentes aéreos, a partir de mantenerse inoperativa”, se indica en el informe.

El régimen maneja con opacidad este panorama. No existe rendición de cuentas, auditabilidad y transparencia en la planificación, ejecución y evaluación de la política del Estado en materia de seguridad y defensa nacional. Los accidentes con aeronaves militares no escapan a este patrón.

Sin información

Las juntas de vuelo —en teoría— rinden cuenta en los componentes, pero no trascienden sanciones administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse de los hechos y los correctivos. Tampoco se realizan investigaciones por parte del Ministerio Público ni la Asamblea Nacional.

Un ejemplo de ello es el período de junio de 2018 a noviembre de 2021. En su transcurso se registraron 11 accidentes de los que en solo dos casos las autoridades militares emitieron un comunicado informando sobre el siniestro. Mientras tanto, en los restantes la información pudo conocerse, a través de las redes sociales, por la prensa, periodistas independientes y testigos, algunos citando fuentes militares o acompañando la nota con fotos.

De esos once accidentes, Control Ciudadano, afirma que cinco aeronaves resultaron destruidas, una con daños severos, tres con daños menores. Hasta los momentos, dos permanecen con información reservada.

En aumento

El esfuerzo del chavismo por ocultar las cifras es en vano. El año pasado Control Ciudadano confirmó un aumento leve de la incidencia pero sin víctimas, sólo lesionados, sin que se conozca el alcance e impacto sobre sus vidas.

De acuerdo con el balance de la organización, el 2021 cerró con tres accidentes, uno más en comparación con 2020. El último ocurrió el en noviembre con posible pérdida total de la aeronave, cuando un helicóptero Bell 206B Jet Ranger de la Guardia Nacional Bolivariana (Siglas: GNB-7430), pilotado por el capitán Gregori Belisario Rodríguez y el primer teniente Yorgenis Cáceres (copiloto) aterrizó de emergencia en el Sector Santa Cruz-Bobures del municipio Colón, en el estado Zulia.

La aeronave tenía como pasajeros a los generales Alberto Fermín Eulises, director de orden interno de la Región de Defensa Integral (Redi) Occidente y Erasmo Eduardo Ramos Iriza, jefe del Comando de Zona N° 11 de la GNB.

El componente de Aviación protagonizó los otros dos accidentes. En enero un avión de transporte C-130 Hércules (Siglas: FAV-9508) se salió de la pista en la Base Aérea Libertador en el Estado Aragua, aparentemente con daños menores.

Dos meses después, en marzo, un avión de entrenamiento EMB-312 Tucano (Siglas: FAV-5050), aterrizó de manera forzosa en un cañaveral en San Joaquín, estado Carabobo, sin que trascendiera el alcance de los daños sobre la aeronave.

Demandas sin trascendencia

En algunos países, familiares de víctimas de accidentes aéreos de unidades militares reciben indemnizaciones compensatorias, en el caso que estas procedan por negligencia del Estado.

En Venezuela no se conocen públicamente indemnizaciones en este sentido, solo suele operar el ascenso post mortem de los miembros de la tripulación que fallece en los accidentes, como una manera de compensar patrimonialmente a los cónyuges por la pérdida, al aumentar el monto a recibir de la pensión por sobreviviente.

Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que el Estado tiene el deber jurídico de iniciar de oficio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva sobre los casos por todos los medios legales disponibles y debe estar orientada a la determinación de la verdad. En Miraflores ignoran la disposición.

Fuente:Panampost