«Lo que acabamos de ver en Colombia es un gran éxito de las organizaciones de mujeres coordinadas que han estado luchando por levantar los obstáculos que estaba encontrando la implementación del derecho al aborto”, dice a DW María Eugenia Rodríguez Palop, vicepresidenta de la Comisión de Igualdad de Género en elParlamento Europeo. Esta semana integró una misión a Colombia para ver de cerca las medidas en pro de la igualdad de género y los avances en la implementación del Acuerdo de Paz.

El derecho al aborto, aprobado por la Corte Constitucional de Colombia en febrero de 2022, fue boicoteado por el anterior gobierno y luego, también, por hospitales y operadores de salud. «Lo hemos visto en España y en otros países de laUnión Europea también: se subvierte el derecho a la objeción de conciencia, que es individual. No es un derecho al que pueda apelar una institución ni una empresa. Si el derecho al aborto existe, el hospital tiene que garantizar ese servicio”, subraya Rodríguez Palop.

En ese sentido se pronunció el Ministerio Público y se ha pronunciado también el recién creado Ministerio de Igualdad, a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez, que también se encontró con los eurodiputados.

Momento importante

La primera visita a Colombia de la Comisión de Igualdad de la Eurocámara se da en un momento importante: la oposición ha tomado las calles para oponerse a las reformas que plantea el actual gobierno de Gustavo Petro. Movimientos «ProVida” integran esa oposición.

«Pro vida somos todas, aquí nadie es anti vida. Se trata más bien de posiciones refractarias que intentan obstaculizar o prohibir el derecho a un aborto seguro, en línea con mantener esquemas familiares convencionales”, agrega Rodríguez Palop, eurodiputada por España.

Enfoque de género será arduo

«La implementación del Acuerdo de Paz va a ser un proceso largo, en el que Colombia va a tener que enfrentar muchos obstáculos”, afirmó al final de la visita Robert Biedron, presidente de la Comisión de Igualdad.

Se refiere a la implementación del enfoque de género en el proceso de paz. Esto está amparado por la resolución 1325 (octubre 2000) de Naciones Unidas, que reconoce el impacto de los conflictos armados sobre las mujeres y las niñas. En los acuerdos de paz de Colombia hay 122 medidas con enfoque de género.

Según un informe de la ONG Gpaz, a diciembre de 2020, el 26% no presentaban avances. El mayor rezago se presenta en la Reforma Rural Integral que preveía subsidios, compras y reconocimiento de tierras para las mujeres víctimas del conflicto. Es más, de los 922 asesinatos a líderes comunales (entre 2019 y 2022), defensores de derechos y territorio, el trece por ciento eran mujeres.

«Hemos podido ver que los obstáculos siguen siendo gigantes. Todo lo que tiene que ver con una reforma del tema de la tierra y su devolución a personas desplazadas enfrenta muchos obstáculos en su ejecución”, comenta Rodríguez Palop.

Sin justicia no hay paz

No obstante, hay una buena noticia: la muy probable pronta apertura del décimo primer macrocaso (casos que investigan un patrón criminal repetido durante el conflicto) de la Justicia Especial para la Paz (JEP) centrado en los crímenes de violencia sexual, reproductiva y crímenes de odio por género y identidad sexual. En informes preliminares que maneja la JEP constan, en el marco del conflicto armado, 1.412 crímenes de violencia sexual basada en género y 1.923 casos de violencia sexual como práctica continua. «Otra vez: son las organizaciones de la sociedad civil las que siguen presionando por que se abra este caso. Están siendo muy valientes. Es fundamental: sin verdad, no hay justicia ni reparación”, comenta Rodríguez Palop.

A este respecto, Biedron, eurodiputado por Polonia, declaró al final de la visita: «Con un acuerdo centrado en las víctimas y con una sociedad civil que ha logrado presionar por el respeto a los derechos sexuales y reproductivos, en Colombia se han dado procesos positivos de los que podemos aprender. Y que vamos a necesitar cuando acabe la guerra de Rusia contra Ucrania”.

(ers)