La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sigue siendo un derecho para las mujeres, niñas y adolescentes de Colombia. La sentencia C-055/22, emitida por la Corte Constitucional en febrero de 2022, sigue vigente en todo el territorio. Pero la confusión de los últimos días, cuando las noticias de que el máximo tribunal habría revertido su decisión, hizo saltar las alarmas de las organizaciones feministas.

“Hacemos un llamado a la calma e insistimos en que la Corte Constitucional no ha reversado su decisión sobre el derecho al aborto en Colombia”, aclaró rápidamente el movimiento Causa Justa. Se trata de una amalgama de organizaciones y activistas que logró, después de un extenso debate y varias apelaciones en el Alto Tribunal, sacar del Código Penal el delito del aborto hasta la semana 24 de gestación.

“Podemos afirmar con tranquilidad que no ha cambiado nada para las mujeres colombianas”, aclara Ana Cristina Gónzalez Vélez, médica y pionera del movimiento Causa Justa.

La nueva polémica se inició el martes, cuando se dio a conocer la decisión emitida por la misma Corte Constitucional para un caso concreto: la T-158 de 2023. El fallo resuelve en favor de la tutela impuesta por una mujer indígena, de 23 años, que enfrentó barreras con las autoridades de su comunidad y se topó con la negativa de su entidad promotora de salud (EPS) cuando intentó acceder a un aborto legal.

“Pedimos que no se generen barreras para las mujeres indígenas porque uno podría concluir que hay más requisitos para acceder al aborto para las mujeres indígenas”, expresa Viviana Bohórquez, abogada y directora del colectivo Somos Jacarandas, a France 24.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas bajo amenaza

Los tres magistrados de la Corte Constitucional revisaron dos derechos en tensión: la interrupción voluntaria del embarazo y la autodeterminación de los pueblos indígenas. La sentencia deja a las autoridades tradicionales la decisión final sobre el embarazo de las mujeres de su comunidad, como el caso de la joven. Esto, según las activistas, resta autonomía reproductiva a las mujeres indígenas.

De hecho, la joven que apeló el caso se vio forzada a seguir con su embarazo. “Las mujeres indígenas a partir de esta decisión, especialmente si están afiliadas a las EPS del Cauca, deben pedir que el resguardo se pronuncie para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto viola su autonomía, el secreto profesional, la intimidad”, denuncia Bohórquez.

Pero además, puso en cuestión el derecho al aborto en todo el territorio. “Esto no quiere decir que el derecho esté en vilo en Colombia, porque hay una jurisprudencia lo suficientemente robusta para probar que el aborto hace parte y se entrecruza con diferentes derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución”, explica a France 24, Catalina Martínez Coral, del Centro de Derechos Sexuales y Reproductivos.

Si bien la Sala de Revisión falla en favor de la joven, “hace una afirmación confusa y bastante desafortunada”, según Martínez Coral. Los magistrados dicen que “los y las prestadoras de servicios de salud no están obligadas a brindar servicios de aborto, porque el aborto no sería un derecho fundamental”, también que el sistema de salud no estaría obligado a brindar este servicio.

Desde febrero de 2022, una sentencia sacó del Código Penal el aborto en Colombia

El hecho de que esta sentencia haya sido expedida, explica la abogada Cristina Rosero Arteaga, “de ninguna manera elimina el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ni mucho menos crea la posibilidad de que las entidades prestadoras de salud se nieguen a prestar el servicio porque podrían ser sancionadas por la superintendencia de salud por incumplir las rutas de atención”.

En Colombia, según el ministerio de Salud, “la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho íntimamente ligado al derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la autodeterminación, intimidad y dignidad de las mujeres” y debe ser garantizado por el Sistema de Seguridad Social en Salud, como dicta la Resolución 051 de 2023, emitida por el ministerio de Salud colombiano.

El 21 de febrero de 2022, Colombia marcó un hito regional en materia de derechos para las mujeres y personas con capacidad de gestar. Luego de un largo y tensionante debate, nueve magistrados de la Corte Constitucional, en Sala Plena, emitieron la sentencia C-055 o Sentencia Causa Justa, con la que despenaliza el aborto hasta las 24 semanas de gestación.

“Esto fue una gran victoria para las mujeres y personas con capacidad de gestar en el país porque se amplía el reconocimiento de los derechos reproductivos, del derecho a la salud, unos derechos fundamentales”, reitera la directora del Centro de Derechos Reproductivos.

Una vez cumplido ese plazo, en caso de que la persona necesite acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, puede hacerlo a través de la sentencia C-355 de 2006. Ésta establece tres causales: cuando el embarazo pone en riesgo la vida y salud de la mujer, cuando es producto de una violación sexual o si se trata de un embarazo inviable.

La vulneración de toda una «gama de derechos fundamentales reconocidos»

Para la pionera del movimiento pro aborto en Colombia, Ana Cristina González, “en este fallo de tutela se han desconocido, de manera muy flagrante o muy evidente, la alta jurisprudencia que la Corte Constitucional ha emitido en la materia en relación el aborto y que venía reconociendo la existencia y el derecho al mismo”.

En un país de larga tradición conservadora, el hito feminista no estuvo en sintonía de todos. Desde hace un año, varios grupos que se oponen a las resoluciones en términos de derechos reproductivos en Colombia, han emitido, sin éxito, varias tutelas y solicitudes de nulidad para invalidar la decisión del máximo tribunal u obstruir la jurisprudencia de la Sentencia Causa Justa. Todas ellas fueron rechazadas por no contar con los argumentos suficientes.

Pese a los “intentos de retroceso”, Colombia reconoce el derecho fundamental a la salud, entre los que están los derechos sexuales y reproductivos, inclusive, la interrupción voluntaria del embarazo. “Cuando se deniega un servicio de aborto en el país, se están vulnerando toda esta gama de derechos fundamentales reconocidos”, agrega Martínez Coral.

Se trata de un derecho garantizado, pero que enfrenta grandes barreras en el país. Por un lado, una buena parte de la sociedad sigue mirando con recelo este avance en materia reproductiva y su implementación. Por otro lado, están las condiciones de desigualdad estructural, que dificultan el acceso a la interrupción del embarazo, volviéndolo incluso más complejo para las mujeres de la ruralidad, indígenas, campesinas o afrocolombianas.

Fuente: France24