La Asamblea Nacional de Nicaragua, fiel a las órdenes del dictador, Daniel Ortega, inició los trámites necesarios para cumplir la orden de eliminar las elecciones en el país. El proceso está en marcha e incluirá sesiones especiales con el Consejo Supremo Electoral (CSE), «para asegurar los pasos constitucionales, legales y formales, que fundamentan las reformas, para un Estado y caminos que garantizan las bases jurídicas de este aspecto trascendente de la institucionalidad». Es el siguiente paso del sandinista para atornillarse definitivamente en el poder.
Para simular que se trata de un sistema respetuoso a las leyes, el Parlamento busca introducir una reforma constitucional. Según una fuente que declaró al portal La Prensa, el objetivo es eliminar a la actual Asamblea Nacional y reemplazarla por 1500 diputados «que funcionarán en sus municipios y zonas», quienes se reunirán anualmente y elegirán «cuando sea el caso», al presidente del país por un período de 10 años. El plan es que la reforma quede aprobada en enero de 2027. El resultado es que Daniel Ortega accedería a un nuevo mandato para culminarlo a sus 91 años de edad. Eso se traduciría en 35 años y tres meses totales al frente de la Presidencia.
La receta de este nuevo modelo autoritario la completaría un órgano ejecutivo de 20 miembros, que funcionará como dirección permanente de la Asamblea. La ejecución de todo este plan depende de una nueva reforma constitucional, que se sumaría a la que entró en vigor en febrero de 2025, para —entre varias modificaciones— crear el cargo de «copresidente» entregado a Rosario Murillo y así, ampliar el poder de los Ortega.
«La Administración Trump no se quedará de brazos cruzados»
Después de las lapidarias declaraciones de Daniel Ortega, que aniquilan cualquier posibilidad de elecciones libres, la comunidad internacional reaccionó. Panamá fue uno de lo gobiernos que llamó a consulta al embajador nicaragüense por «suprimir» un derecho «fundamental» como es el voto. Sin embargo, el pronunciamiento más importante lo hace Estados Unidos a través del Secretario de Estado, Marco Rubio.
“La Administración Trump y la comunidad internacional no se quedarán de brazos cruzados mientras la dictadura de Murillo-Ortega profundiza la represión en el país y fabrica inestabilidad que amenaza la seguridad nacional de EEUU», escribió en un comunicado difundido por el Departamento de Estado.
Con los poderes públicos secuestrados, medios de comunicación silenciados y opositores al régimen desnacionalizados, presos o en el exilio; los ciudadanos nicaragüenses parecen depender de la presión internacional como la que ahora ejercen EE. UU. o Panamá. La aprobación de una reforma constitucional se debe precisamente a que en la actualidad no existe en el país centroamericano un mecanismo constitucional que permita eliminar las elecciones y, al mismo tiempo, seguir respetando la Carta Magna u obligaciones internacionales.
Es decir, la Constitución continúa reconociendo el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos mediante sufragio. Por ende, el sandinismo tendría que anular dicho contenido. Luego, se modificarían leyes electorales. Eso explica por qué la actual Asamblea Nacional planea conversar con el Consejo Supremo Electoral (CSE).
Todo esto sin mencionar que Nicaragua sigue siendo parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como resultado, Daniel Ortega estaría violando estatutos internacionales donde los derechos políticos están enmarcados dentro del concepto de derechos humanos. Pero eso parece no importarle a la dictadura, que representada por Rosario Murillo, llama «lenguas infames» a quienes se oponen a su régimen autoritario.
Fuente: Panampost
