Como es un hecho que las tarifas de energía se encuentran en niveles estratosféricos a pesar de tener nuestras represas a reventar, es apenas obvio que el anuncio del presidente Gustavo Petro de que se va a apersonar de las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para rebajarles el costo del servicio a los usuarios, levante aplausos y ovaciones de exaltación.
Un asunto normal dado que el artículo 370 de la Constitución Nacional faculta al presidente para asumir las funciones de la CREG, lo que le quita el tufillo de autocracia. Pero no se puede ignorar que cuando las medidas técnicas son remplazadas por decisiones populistas se corre el riesgo de poner a empresas como las del sector eléctrico en peligro de quiebra y de funcionamiento ineficiente. Así empezaron los cortes en Venezuela después de que Hugo Chávez metió su devastadora mano en el sistema eléctrico de ese país.
Ahora el problema es que Petro está metiendo las manos en todo, con visos despóticos. Si bien está demostrado que la independencia es un factor primordial para el buen desempeño de las entidades del Estado, Petro no deja al azar de la autonomía el cumplimiento de sus designios. Por ejemplo, desde el inicio sacó de la junta directiva de Ecopetrol a personajes cercanos a Iván Duque y el uribismo como Luis Guillermo Echeverri, y ahora le pasó carta de despido al presidente de la petrolera, Felipe Bayón, quien en Davos se mostró contrario a las políticas de descarbonización y pidió la continuidad de los contratos de exploración.
En el mismo sentido, se ha destapado que su ministra de Minas, Irene Vélez, ha creado documentos con cifras falsas para justificar la decisión de no otorgar más contratos de exploración de petróleo y gas aduciendo que se cuenta con reservas suficientes para una transición energética sin tropiezos en el mediano plazo. Lamentablemente, la exviceministra Belizza Ruiz —también removida por ser una piedra en el zapato— dice tener pruebas de que Vélez le mintió al país y, por tanto, Petro también.
Otro grave ejemplo de la intrusión de Petro en todos los asuntos es lo que está pasando con el Metro de Bogotá. No es un asunto menor que por el capricho de Petro de hacerlo en gran parte subterráneo haya que aceptar que el costo de construcción se incremente en 17 billones de pesos —casi lo que va a obtenerse con la reforma tributaria recién aprobada— y que el plazo de ejecución se alargue en siete años que podrían ser diez.
Un caprichito que implicaría, además, cambios en contratos ya firmados que podrían terminar en demandas billonarias. Eso sin mencionar que Petro se compromete a que la Nación asuma los sobrecostos superando los límites establecidos en la Ley de Metros, para lo cual habría que cambiar un articulito, cosa que no importa si el gran adalid lo ordena, así la plata no sea suya sino nuestra.
Todo esto se suma a sus intentos por manipular al Poder Judicial para que salgan de las cárceles una horda de bandidos ya condenados y que la Fiscalía cese las órdenes de captura de otros, incluyendo a varios extraditables. Como si fuera poco, se sabe que Petro quiere cambiar el código penal para liberar a los terroristas de la llamada «Primera Línea», y que se piensa entregarles la administración de los bienes incautados a la mafia.
Así, manejando los países como fincas, es que la izquierda pudre lo que toca. Y no es que sus dirigentes sean brutos o de malas. No, bien sabemos que Gustavo Petro posee una inteligencia superior que lo dota de algo similar a la infalibilidad papal —aunque confunda placa tectónica con falla geológica—, y eso lo impulsa a exigir que todo se haga según sus delirios para empobrecernos a tal grado de no poder vivir sin él. En fin, todo sea para gracia de su caudillismo narcisista.
Fuente: Sistema Integrado Digital