Nacional
Una Colombia preelectoral y polarizada se estremece ante el atentado contra Miguel Uribe
Una imagen de un político ensangrentado, rodeado de partidarios y curiosos que gritan por ayuda mientras el caos de la escena engulle al espectador.
La sociedad colombiana está conmocionada, pero el impacto es distinto entre unos y otros. Entre los más jóvenes, la imagen de Uribe Turbay recibiendo un disparo en la cabeza podría ser extraño y aterrador; pero entre los mayores, el sentimiento es como el de aquel que revive una pesadilla al despertar.
Tres décadas después del último atentado en contra de una figura política de alto nivel en el país, la violencia política en Colombia vuelve a tener nombre y rostro: esta vez el de Miguel Uribe Turbay, senador, precandidato presidencial y una de las fichas fuertes de la derecha rumbo a los comicios presidenciales de 2026. El político de 39 años fue baleado gravemente durante un mitin político en el barrio Modelia, al occidente de la capital.
Según los primeros informes policiales, el atacante –ya detenido– fue un adolescente menor de 15 años, que intentó escapar de la escena, pero fue alcanzado por los escoltas del senador. ¿El motivo de su actuar? «Yo lo hice por plata, por mi familia; perdón», gritó el menor, según un video publicado en redes sociales que muestra su intento de escape y posterior detención.
El segundo apellido del senador no es desconocido para la historia del país, en específico por un amargo hecho: su madre, la periodista Diana Turbay, fue secuestrada en 1990 por elementos del Cartel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, para luego ser asesinada un año después durante un intento fallido de rescate. Miguel tenía cinco años.
Entre el asesinato de la periodista y el atentado contra su hijo hay 34 años de diferencia, un tiempo que no ha sido suficiente para que el Estado y la sociedad colombiana pudieran dar como superado uno de los capítulos más oscuros de su historia. Sin embargo, para muchos, la violencia política «revive» tras el intento de asesinato contra el senador en un momento de extrema polarización y en época preelectoral.
«Esa violencia que hemos querido sacar de la política desde las peores épocas del narcoterrorismo, que hace más de tres décadas se desató con varios magnicidios, bombas y secuestros, ahora revive», escribió Rafael Pardo, exministro de Defensa durante la Presidencia de César Gaviria, para el diario español ‘El País’.
En la sociedad colombiana, el atentado en contra de Uribe Turbay provoca escándalo, indignación, miedo, pero sobre todo, siembra dudas. Preguntas en torno al clima del país, los posibles ecos tras el hecho sangriento, el futuro de las elecciones de 2026, de los intentos de paz con los grupos armados, de la memoria histórica y sobre todo, de un tejido social que se creía reconciliado –o al menos en camino– con la idea de separar la política de la violencia.
«Urge un pacto nacional»
El ataque del sábado 7 de junio en contra del senador del Centro Democrático ocurre en la etapa embrionaria del ciclo electoral colombiano, que se pone en marcha rumbo a las próximas elecciones presidenciales de 2026. Un ciclo en donde la polarización y el desencuentro entre unos y otros ya era protagonista antes del atentado.
En medio de la tristeza y la conmoción, algunas figuras políticas han señalado que esta misma polarización y tensión en el ambiente político ha sido aupada por el actual Gobierno de Gustavo Petro.
Para la oposición, el discurso de Petro es conceptualizado como «incendiario», mencionando que sus señalamientos a la clase hegemónica del país y la reinvindicación de las luchas sociales, apuntando siempre a las élites, promueven «un ambiente de violencia».
Muchas de las figuras políticas que han lanzado dardos y culpas al Gobierno actualmente están en campaña política y uno de sus frentes, antes del atentado, ha sido concentrar las críticas a Petro y su gabinete.
El Gobierno, que intenta sacar adelante con dificultad y sin los apoyos necesarios las reformas sociales con las que se eligió, ha endurecido su discurso frente a una oposición que no pierde oportunidad para denunciar cada movimiento del Ejecutivo, el primero de izquierda en la historia del país.
De fondo y en medio de la vorágine de acusaciones sin fundamento y crispación, el atentado contra Miguel Uribe apenas se empieza a investigar mientras el político está en cuidados intensivos. La Fiscalía adelantó que toda «una red criminal» estaría tras el hecho y que todos los esfuerzos se concentran en develar a los autores intelectuales.
Y es que la mancha de sangre en el ciclo electoral rumbo al 2026 asemeja a lo ocurrido hace décadas, en 1990, cuando tres candidatos presidenciales fueron asesinados durante sus campañas: Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro Leongómez y Luis Carlos Galán, este último asesinado a tiros por un sicario que respondía a las órdenes de Pablo Escobar.
En esa época la respuesta a la pregunta sobre la causa principal de la violencia política podía ser respondida señalando al narcotráfico. Cinco años después, con el asesinato del candidato derechista, Álvaro Gómez Hurtado, el problema entonces era el conflicto armado interno y la violencia de los grupos armados ilegales. Hoy la respuesta es más compleja.
Sin embargo, el consenso entre analistas y actores políticos apunta a la necesidad de moderar el debate, que si bien es fundamental para la salud democrática de cualquier país, no debería escalar al nivel del costo de vidas humanas.
«Las palabras son el prólogo de la violencia. Hay que hacer una especie de pacto nacional, no de silencio, pero si de moderación y de cuidado. De pensar cada palabra antes de salir a insultar», expresó Humberto de la Calle, exvicepresidente colombiano (1994-1997), en una entrevista con el portal de opinión ‘Los Danieles’.
Por otro lado, otras voces resaltan la importancia de imponer una postura firme frente a la violencia política, una que la rechace de manera «contundente y sin condiciones».
«No se debe esperar a que la campaña se siga tiñendo de sangre para deponer odios y encontrar un punto de encuentro en medio de las diferencias: el rechazo a toda forma de violencia, que debe ser contundente y sin condiciones», subrayó Yolanda Ruiz, periodista colombiana, a ‘El País’.
La sombra que nunca se fue
Como una enfermedad crónica – y compartida en muchas sociedades latinoamericanas – la violencia política no deja tiempo de recuperación para Colombia, que tiene un historial conflictivo relativo a sus figuras políticas.
Desde el asesinato del liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, hasta el crimen de Galán, pasando por la muerte de Jaime Pardo Leal, la violencia representa una lacra en la historia política de Colombia. Una lacra que, desde 1995, parecía medianamente controlada.
La construcción de una cultura de paz en la sociedad colombiana ha dado frutos desde inicios del nuevo milenio, pero los datos muestran que la superación total de la violencia política es una de las tareas pendientes del Estado.
La Misión de Observación Electoral (MOE) – organización de la sociedad civil encargada de analizar los procesos políticos en el país latinoamericano – emite año con año un informe relacionado a la detección de violencia política dentro del territorio colombiano en el año. En su reporte del 2024, la MOE registró 492 hechos violentos en contra de líderes políticos, sociales y comunales.
Según el reporte, el 2024 se ubicó como «el tercer año más violento» desde que la MOE realiza el monitoreo de la situación política en el país, aunque sí reconoce una reducción significativa en el número de hechos violentos.
Entre los más afectados están los líderes políticos. Los 233 hechos violentos de los que fueron víctimas el año pasado representan un aumento del 37,1% en comparación al 2020, marcando una peligrosa tendencia en contra de las figuras políticas de distintos niveles alrededor de Colombia. 60,9% de los registros de actos violentos tienen que ver con amenazas.
«El panorama actual refleja que, si bien ha habido una reducción en la cantidad total de hechos violentos, la persistencia de ataques letales y la focalización de la violencia en ciertos territorios y liderazgos sigue siendo un desafío crítico para la protección de quienes ejercen funciones de liderazgo en el país», afirmó la organización en la síntesis de su reporte.
«No podemos permitir que la violencia siga definiendo nuestra historia»
El atentado contra Uribe Turbay no solo ha despertado dudas, temores y recuerdos entre los colombianos, sino también el pesimismo en algunas voces. La negativa en torno a la memoria histórica de la sociedad; los señalamientos sobre que, después de décadas, Colombia no ha aprendido de su historia y parece condenada a repetirla.
«Cuando un joven de 15 años dispara a otro colombiano, escasos 20 años mayor, demuestra que como sociedad no aprendimos las lecciones del pasado. Eso es lo que ha pasado este sábado», añadió Pardo, en su columna de opinión titulada ‘Las lecciones del pasado que no aprendimos’.
Sin dudas, el terror y la impotencia que ha desatado el intento de magnicidio contra el senador de 39 años tiene al país en estado de ‘shock’, empero, hay un grueso dentro de la sociedad que se niega a aceptar un destino como inamovible.
Una parte de Colombia que se niega a repetir el círculo de violencia y que se une para demostrar que, efectivamente, se puede reconstruir a pesar de las heridas.
En una extraña y hasta ahora insólita muestra de unidad política, todos los partidos políticos colombianos emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su rechazo total ante los sucesos del pasado 7 de junio, haciendo también un llamado a la unión nacional y urgiendo a las autoridades competentes una investigación clara y transparente.
Desde el uribismo del Centro Democrático hasta la izquierda petrista del Pacto Histórico, pasando por Comunes, que surgió tras la disolución de las FARC, todas las representaciones políticas del escenario colombiano se unieron en un texto. Disolvieron sus diferencias, momentáneamente, para exigir respeto al oficio político y llamar a la moderación en uno de los momentos más crispados de los últimos años.
«Hoy, más que nunca, Colombia necesita unidad, firmeza democrática y una política que defienda la vida», menciona el pronunciamiento conjunto.
Los llamados de unión y las muestras de solidaridad han traspasado el ámbito partidista. En las calles de ciudades como Bogotá y Cali, miles de colombianos salieron a mostrar su rechazo a la violencia política y el apoyo a Uribe Turbay, que se encuentra internado en un hospital capitalino con un pronóstico «reservado». Su familia espera un milagro.
Un milagro también se espera en las calles y en los territorios. Hace décadas, el lastre de la violencia política acorralaba al pueblo colombiano, prisionero del narcotráfico o del conflicto armado, que parecía naufragar en una espiral de violencia. El país tocó fondo, varias veces, pero ha logrado sobreponerse, siempre con desafíos mayúsculos en su horizonte.
«La memoria de un país se construye con verdad, con debate abierto y con respeto. No podemos permitir que el miedo reemplace la palabra ni que la violencia siga definiendo nuestra historia colectiva», expresó el Centro de Memoria Histórica en su comunicado en referencia al ataque contra Uribe Turbay.
Colombia, el país que lidió con un conflicto armado de cinco décadas, sigue soñando con la paz entre las pesadillas de ayer y de hoy.
Con EFE y medios locales
