Italia aprobó el miércoles, tras un debate de siete horas en el Parlamento, un proyecto de ley que penaliza a las parejas que buscan gestación subrogada en el extranjero. El proyecto de ley fue presentado inicialmente por Carolina Varchi, diputada del partido ultraderechista Fratelli d’Italia, y apoyado por la jefa del partido y primera ministra, Giorgia Meloni.
La medida, promovida por el partido y su socio de coalición de extrema derecha, Lega, argumenta que protege la dignidad de las mujeres y amplía una prohibición de gestación subrogada vigente desde 2004. Los italianos que busquen vientres de alquiler en países como Estados Unidos o Canadá, donde la práctica es legal, pueden enfrentarse a penas de hasta dos años de cárcel y multas de hasta un millón de euros.
¿Cuáles son las penas y cuál fue el debate?
La nueva ley establece que «quien realice, organice o publicite la comercialización de gametos, embriones o vientres de alquiler» podría enfrentarse a penas de entre tres meses y dos años de cárcel y una multa mínima de 600.000 euros, aunque Lega había propuesto una enmienda para aumentar las penas a 10 años de cárcel y hasta 2 millones de euros. La enmienda fue finalmente rechazada.
Para la coalición gobernante conservadora, el asunto se ve como una forma de proteger tanto a las mujeres en el extranjero, que según ellos son explotadas, como la relación entre los padres biológicos y sus hijos. «La mujer no aporta un órgano, sino que da a luz a un niño. La mujer queda así reducida a una incubadora, interrumpiendo la relación entre madre e hijo», declaró el diputado Gianni Berrino durante el debate.
Mientras algunos se preguntaban si esto ponía a los ciudadanos italianos en una situación de doble incriminación, los legisladores a favor de la legislación afirmaron que sólo iba dirigida a aquellos que infringían las leyes nacionales ya existentes. «A diferencia de lo que se ha dicho, Elon Musk o Elton John no serían procesados si por casualidad se encontraran en nuestro país», declaró el senador de Forza Italia Pierantonio Zanettin.
Los partidos de la oposición criticaron la legislación. Anna Rossomando, del Partido Demócrata, la calificó de «irrazonable y totalmente alejada de las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos«. Alessandra Maiorino, vicepresidenta del Movimiento Cinco Estrellas en el Senado, tachó la ley de «vulgar especulación para apuntarse un tanto puramente propagandístico a costa de niñas y niños».
Los inconvenientes de la nueva ley
La aplicación de la ley presenta muchos puntos poco claros, como la forma de reunir las pruebas necesarias para la condena y la sentencia. También está la cuestión de si los procedimientos podrían abrirse con carácter retroactivo, lo que choca con la legislación italiana, que lo prohíbe si es desfavorable para los ciudadanos.
Filomena Gallo, secretaria de la Asociación Luca Coscioni, un grupo a favor de la libertad de investigación científica, dijo que la nueva legislación era «una ley injusta y discriminatoria, jurídicamente inaplicable ya que ignora el principio de doble incriminación, que es la base del derecho penal».
Otro escollo importante derivado de la falta de claridad de la ley es cómo regulará el Estado los certificados de nacimiento expedidos en el extranjero. La administración italiana es famosa por los largos retrasos en la tramitación de los nacimientos de sus ciudadanos en el extranjero, y esto podría agravar la miseria de los padres que viven fuera del país.
Además, según los activistas, el proyecto de ley afecta desproporcionadamente a los padres del mismo sexo en un país donde también está prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo. Varios legisladores y activistas LGBTQ+ protestaron frente al Senado para oponerse a la ley, algunos con pancartas en las que se leía ‘Padres, no delincuentes’.
Fuente: Euronews