Un reciente informe ha revelado que la administración de Joe Biden canalizó al menos 20.000 millones de dólares hacia organizaciones ambientales de reciente creación, muchas de las cuales no cuentan con registros fiscales ni antecedentes de operación. Los fondos provinieron de un presupuesto de 370.000 millones de dólares administrado por John Podesta bajo el amparo de la Ley de Reducción de la Inflación.
Uno de los casos más llamativos es el de Climate United Fund, una organización registrada en Delaware en noviembre de 2023 que recibió cerca de 7.000 millones de dólares en abril de 2024. Sin embargo, la entidad no aparece en la base de datos del IRS ni ha presentado informes públicos sobre el uso de los fondos.
Proyectos específicos han sido anunciados, como un préstamo de 10,8 millones de dólares para un proyecto solar en tierras tribales y 32 millones para infraestructura energética en la Universidad de Arkansas. No obstante, estas cifras representan solo una fracción del dinero otorgado.
Expertos en transparencia financiera han manifestado preocupación sobre la falta de supervisión en la distribución de estos recursos. Laurie Styron, directora ejecutiva de Charity Watch, cuestionó la creación de nuevas entidades para gestionar estos fondos en lugar de utilizar organizaciones con trayectoria en el sector ambiental.
La nueva administración de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), encabezada por Lee Zeldin, ha solicitado una auditoría interna y busca recuperar parte de los fondos distribuidos sin suficiente fiscalización. Zeldin denunció que los recursos fueron otorgados a organizaciones con poca o nula experiencia en gestión de fondos públicos y acusó a la administración Biden de eludir mecanismos de control gubernamental.
Además, el Departamento de Justicia y el FBI han iniciado investigaciones sobre las asignaciones realizadas, lo que ha llevado al congelamiento de cuentas bancarias con miles de millones de dólares en fondos federales. Según The New York Times, las autoridades buscan determinar si hubo malversación de recursos en la ejecución del programa.
