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Entra en vigencia el Acuerdo de Escazú.
La Sala Plena concluyó que la fase previa gubernamental y el proceso legislativo de aprobación cumplieron los requisitos que plantea la Constitución. La decisión fue tomada con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
La Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó, por unanimidad, el Acuerdo de Escazú, al considerar que tanto el proceso legislativo de aprobación en el Congreso, como la fase previa gubernamental, cumplieron con todos los requisitos que contempla la Constitución para este tipo de acuerdos internacionales.
La decisión que avala este acuerdo en materia ambiental fue tomada con ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez.
La Corte explicó que “en el trámite legislativo que surtió la ley aprobatoria del Acuerdo de Escazú no era necesario agotar la consulta previa. Esto, porque el Acuerdo no abarca una reglamentación específica de aspectos que afecten de forma directa a las comunidades étnicamente diferenciadas”.
“La regulación en él inserta se enfoca en lograr la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso en asuntos ambientales. También busca refrendar el compromiso por establecer un entorno seguro para las personas defensoras del medioambiente. Estos propósitos son cuestiones que importan a toda la ciudadanía colombiana”, informaron desde la Corte Constitucional.
“Procurar la garantía de un entorno seguro para la población líder y defensora de derechos humanos en asuntos ambientales se corresponde con los artículos 1, 2, 8, 13, 79 y 95 de la Constitución Política”, advirtieron frente a los postulados de defensa de los ambientalistas.
El Acuerdo de Escazú establece disposiciones específicas para proteger los derechos de los defensores de la naturaleza en América Latina, la región donde se concentran la mayoría de los asesinatos contra esos activistas en el mundo.
Según un informe revelado por la ONG Global Witness, se conoció que nuestro país es el segundo de la región con más ecologistas muertos, con 33 casos registrados el año pasado.
Para Colombia, el Acuerdo de Escazú es un instrumento clave que le permitirá superar las ambigüedades actuales que tiene la legislación ambiental y contar con un marco jurídico unificado y estandarizado que proporcione reglas claras a todos los actores nacionales.
