America del sur
En Perú «ningún acusado podrá ser procesado o juzgado por crímenes cometidos antes del 1 de julio de 2002».
El Congreso de Perú promulga la ‘ley de amnistía’, cuestionada por defensores de los DD. HH.
El Parlamento peruano ha promulgado finalmente este viernes una ley que decreta de manera efectiva la prescripción de delitos de guerra y de lesa humanidad: ningún acusado podrá ser procesado o juzgado por crímenes cometidos antes del 1 de julio de 2002, una normativa cuestionada por organismos defensores de los derechos humanos.
Finalmente, ha ocurrido. El Congreso de Perú ha promulgado este viernes una controversial ley que prohíbe el procesamiento y enjuiciamiento de crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002. La ley, que había pasado la prueba en el Parlamento en junio de este año, ha sido promulgada en una segunda discusión después de que el Ejecutivo y la presidenta Dina Boluarte no se pronunciaran para detener su aprobación.
La norma, cuyo nombre oficial es Ley 32107, decreta de facto la prescripción de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por militares y miembros del gobierno durante el conflicto armado en Perú, durante las décadas de 1980 hasta el 2000.
«Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra», dice la ley, que ha sido votada con el respaldo de militares y legisladores fujimoristas.
«Hay que señalar que los opositores a esta ley afirman que los principales beneficiados son el expresidente Alberto Fujimori y ex altos mandos militares, quienes son acusados de cometer crímenes de lesa humanidad», indica Francisco Zacarías, corresponsal en Perú de France 24 en Español.
Los defensores de la norma descartan que se trate de una amnistía y afirman que busca equiparar la cancha y evitar desigualdad en el procesamiento de funcionarios durante el período de lucha entre el Estado y el grupo Sendero Luminoso, asociado al Partido Comunista de Perú, que dejó al menos 69.000 víctimas entre desapariciones, ejecuciones, secuestro, tortura y actos de terrorismo.
«Lo único que se está tratando de hacer es que nuestros policías y militares que lucharon contra el terrorismo en esa época sean tratados como cualquier ciudadano. Los mismos terroristas y delincuentes son juzgados con las mismas normas, no por el delito de lesa humanidad. No hay un solo terrorista en Perú que haya sido juzgado por delitos de lesa humanidad’, dijo en junio de este año el legislador y exmilitar José Cueto a France 24 en Español.
Desde su concepción, hasta ahora que ha sido proclamada Ley de la República, la normativa es objeto de duras críticas y cuestionamientos por parte de organismos internacionales y especialistas en derecho internacional: el ordenamiento jurídico vigente sostiene que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, por lo que Perú estaría colocándose al margen de este principio.
En junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó al Estado peruano suspender el trámite de la ley hasta tanto la Corte pudiese evaluar y pronunciarse sobre la solicitud de medidas provisionales por parte de seis organizaciones defensoras de derechos humanos, entre estas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), en favor de familiares y víctimas en los casos de La Cantuta y Barrios Altos —ocurridos entre 1991 y 1992— que fueron resueltos por la Corte y en los que el Estado peruano reconoció responsabilidad.
El pedido por parte de la Corte IDH provocó el rechazo de los propulsores de la ley, que vieron el pedido como un acto injerencista que pretendía violar la soberanía peruana y el derecho a promulgar sus propias leyes. Incluso, el Ministerio Público en Perú se pronunció contra la ley, alertando que su entrada en vigor afectaría al menos 600 casos judiciales, por lo que la calificó de «inviable jurídicamente».
Este viernes, el máximo representante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, el alto comisionado Volker Turk, apuntó que la norma viola la legislación internacional vigente: “La ley contraviene las obligaciones del país en virtud del derecho internacional y constituye un hecho preocupante, en medio de un retroceso más amplio en cuanto a derechos humanos y al Estado de derecho en Perú”, señaló.
Fuente: France24
