America del sur
El racismo ambiental en Brasil amplifica las voces por la igualdad y la justicia climática
La tragedia por las lluvias a comienzos de año en el estado de Río de Janeiro renovó el debate en Brasil sobre el «racismo ambiental», definido como una serie de injusticias y discriminación que impactan especialmente a las poblaciones más vulnerables, como los afrodescendientes e indígenas. La corresponsal de France 24 Valeria Saccone analiza las consecuencias de este fenómeno a través de los testimonios de activistas y habitantes afectados por las grandes industrias, los proyectos de infraestructura y la desigualdad en la prevención y atención de desastres en Brasil.
“Estoy siguiendo los efectos de la lluvia en los municipios de Río de Janeiro, el estado de alerta por las tragedias inminentes y también el resultado de los efectos del racismo medioambiental y climático”. Estas fueron las palabras de la ministra brasileña de Igualdad Racial, Anielle Franco, tras las inundaciones que arrasaron el barrio carioca de Jardim América a mediados de enero.
Hasta aquel momento, pocas personas en Brasil habían oído esta expresión, acuñada en la década de 1980 en Estados Unidos por el doctor Benjamín Franklin Chavis Jr. en medio de protestas contra los depósitos de desechos tóxicos en Carolina del Norte, en una región con una mayoría de población negra.
Tras recurrir a este concepto, la ministra, hermana de Marielle Franco, la concejala progresista asesinada en 2018, fue duramente criticada por varios diputados de derecha.
La situación motivó al Gobierno federal a publicar un texto para explicar qué es el racismo ambiental y subrayar que las lluvias que en enero castigaron la periferia de Río de Janeiro pusieron “de relieve la desigualdad en la ciudad en materia de acceso a servicios como saneamiento básico y vivienda digna”.
Seis meses después de aquellas inundaciones, France 24 visitó este barrio, que limita con las ciudades metropolitanas de Duque de Caxias y São João de Meriti.
Allí vecinos como Maria Dalva Santos, una costurera cuya casa quedó totalmente inundada, viven con aprensión cada temporal.
Se trata de la llamada ansiedad climática, definida por la Asociación Estadounidense de Psicología como el “miedo crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el impacto aparentemente irrevocable del cambio climático”.
El drama de la ansiedad climática
Hace una década, Dalva tuvo que dejar su casa debido a la crecida del río y desde entonces vive de alquiler. Lo último que esperaba era ver el agua destruyendo de nuevo sus enseres. Para ella, fue como volver a vivir la misma pesadilla.
Dalva no tiene ingresos suficientes para mudarse otra vez a una región más segura. Necesita la ayuda de su hermano para hacer frente a todos los gastos. Aun así, está buscando casa y espera encontrar algo más barato antes del verano tropical, cuando comienzan las lluvias torrenciales. Su exvecina Ruth Alves de Carvalho sigue viviendo a la orilla del río y aguarda desde hace años que las autoridades locales presenten un plan para su barrio.
“Nuestra casa ha sido declarada no apta para vivir. Estamos esperando que nos den una solución, que arreglen el río, que hagan algo (…) Pero, queremos salir, no aguantamos más estar en estas condiciones”, asegura esta ama de casa mientras mira con resignación hacia el río desde su ventana.
La solución pasaría por realizar obras de dragado y construir casas de interés social en este barrio, para que los afectados puedan salir de las áreas de riesgo.
En febrero, un grupo de 17 entidades sociales, entre ellas la Defensoría Pública y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Río de Janeiro, presentaron un informe oficial sobre violaciones de Derechos Humanos y la emergencia climática en el estado de Río de Janeiro.
El texto analiza la situación de otras localidades como São Gonçalo o Petrópolis, la ciudad turística donde en 2022 murieron 241 personas por causa de las lluvias torrenciales y los deslizamientos de tierra.
Los autores de ese documento exigen al Ayuntamiento que adopte una serie de medidas, como “dar vigencia a la política municipal de cambio climático y desarrollo sostenible, que prevé el establecimiento de metas de reducción de emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero para el municipio de Río de Janeiro”; y “acciones concretas para el saneamiento ambiental, dragado de ríos y canales, protección de taludes en defensa de la urbanización, vivienda digna y segura, la reforestación y forestación urbana y mejoras del transporte y la movilidad urbana”.
Según ellos, Río de Janeiro corre el mismo riesgo que Río Grande do Sul, el estado devastado por las lluvias en mayo de este año. Allí también fue elaborado un estudio por la Comisión de Representación Externa de la Asamblea Legislativa que alertaba sobre el peligro inminente. El Gobierno local lo ignoró.
El efecto emocional
El informe también apunta al riesgo de evacuaciones forzosas, algo que los vecinos rechazan porque destruiría el vínculo territorial y afectivo con el barrio.
“El Ayuntamiento ordenó que el 90% de las casas de esta región fueran declaradas no aptas para vivir. No todos los vecinos recibieron este documento, pero todos sienten una gran aprensión ante el riesgo de tener que abandonar el lugar donde tienen su historia, sus vivencias, e irse lejos. La ley recomienda que las personas sean reasentadas cerca de donde nacieron o vivieron toda su vida. Además del tema sentimental, hay un tema práctico. El dinero ofrecido como indemnización no es suficiente. No creo que se pueda comprar algo en un lugar similar, ni tener una vivienda digna”, explica Regina Amorim de Souza, asistente social y activista.
Esta mujer se ha unido a otros vecinos en esta lucha. Cuentan con el apoyo de la Pastoral de la Vivienda y las Favelas, una organización social ligada a la Iglesia católica que ayuda a las poblaciones más vulnerables.
El padre Luiz Antônio Pereira Gomes, de la parroquia de Santa Rosa de Lima y responsable de la pastoral, ha dedicado toda su vida a esta causa. Para este religioso, la solución es simple:
“Tenemos aquí áreas vacías donde no hay viviendas. Estas personas podrían ser asentadas en este lugar con la construcción, por parte del Ayuntamiento, de nuevos departamentos”, señala.
Sin embargo, la falta de respuesta de la Administración pública ha generado un cierto pesimismo.
“Desde 2013, cuando hubo otra gran inundación, los organismos públicos intentaron estudiar la cuenca del río Acari, de la que forma parte esta región. Elaboraron planes e informes, incluso algunos investigadores universitarios trabajaron sobre este tema y ofrecieron soluciones. Pero estas soluciones nunca llegaron. Han pasado más de 10 años desde que se gastó dinero público en la elaboración de documentos que podrían haber evitado la situación que se produjo en enero de 2024. A estas alturas, somos un poco escépticos”, señala Sérgio Monteiro Lima, geógrafo y miembro de la Pastoral de las Favelas.
Las ‘zonas de sacrificio’ y el racismo ambiental
Para estos vecinos, se trata de un caso evidente de racismo ambiental. “Lo vemos cuando áreas periféricas de Río de Janeiro quedan de lado y no reciben obras de infraestructura. En otros barrios se hicieron embalses para frenar las inundaciones y aquí no. Cada cinco años se debería haber hecho un drenaje en estos ríos, pero no se hace. Por eso no podemos hablar de desastre natural. Es un desastre socioambiental”, añade Sérgio Monteiro Lima, que también fue afectado por los aluviones de Jardim América.
“Aquí no tenemos sirenas para alertar a los vecinos de que el río está subiendo. En las favelas de la zona turística sí hay sirenas. Es otra muestra de racismo ambiental”, explica, por su parte, la activista Regina Amorim de Souza.
El Gobierno Federal acaba de aprobar ayudas de 63 millones de dólares para obras estructurales en esta región, pero todavía no hay fecha de inicio.
Otra forma de racismo ambiental se produce en las llamadas ‘zonas de sacrificio‘, donde Gobiernos o empresas privadas deciden instalar plantas productivas, cuya actividad es nociva para la salud.
Suelen ser regiones de baja renta y socialmente vulnerables, como favelas y periferias urbanas. Es lo que pasa con una fábrica de acero en la frontera entre Santa Cruz, el último barrio de Río de Janeiro, situado a 75 km de la playa de Copacabana, y la ciudad dormitorio de Itaguaí.
En 2010, la empresa alemana ThyssenKrupp y la brasileña Vale, esta última responsable del recordado desastre de Brumadinho, inauguraron una gran planta siderúrgica que hoy produce cinco millones de toneladas de acero al año. La promesa fue generar cerca de 18.000 empleos directos durante su construcción y alrededor de 3.500 empleos en la fase de operación. La inversión rondó los 1.500 millones de dólares.
Las «lluvias de plata»
Sin embargo, los vecinos no tardaron en descubrir que la fábrica iba a traer más problemas que prosperidad.
Dos años después de su apertura, comenzaron las llamadas ‘lluvias de plata’: el hollín que sale de los altos hornos comenzó a cubrir casas, calles y vehículos.
Muchas personas denuncian hoy problemas respiratorios, rinitis alérgica y sinusitis.
Rosimeri Almeida Lopes tuvo graves molestias oculares: “Yo estaba tendiendo la ropa. El polvo cayó con mucha fuerza y entró en mis ojos, que quedaron rojos, en carne viva. Hoy mi vista no está bien, tengo que usar gafas, siento mucho dolor. Dicen que este polvo de acero causa cáncer. Hay muchos relatos de cáncer en esta región. Mi marido es uno: falleció hace dos meses. De la nada le apareció un cáncer en el cerebro”, dice esta ama de casa.
En 2012, el Instituto Estatal del Medio Ambiente (Inea) aplicó a la empresa una multa de casi dos millones de dólares. Pero la presencia de hollín, atribuida a la falta de manutención de los filtros de los altos hornos, no es el único problema. En 2010, poco después de que la fábrica arrancara su actividad, unos 300 vecinos vieron sus casas inundadas con desechos fecales.
El accidente fue causado por el desvío de un canal que pasaba cerca de la planta siderúrgica.
“Durante una semana tuvimos la casa llena de agua sucia. Yo me refugié en el techo y durante unos días solo comí galletas. Al final no me quedó más remedio que meterme en el agua hasta el pecho y salir para buscar ayuda”, recuerda Wanessa Afonso, doctoranda en Física y activista del Colectivo Martha Trindade, que desde entonces lucha para que se haga justicia en esta región.
Hasta hoy, nadie ha recibido una indemnización por los daños causados a los inmuebles.
La fábrica de acero fue fundada en un momento de bonanza económica, cuando el PIB de Brasil crecía un 7,5% al año. La idea era impulsar el mercado nacional del mineral de hierro, principal producto de la empresa. La siderúrgica, sin embargo, registró pérdidas de 7.970 millones de dólares en el primer año de funcionamiento, lo que llevó a ThyssenKrupp a vender en 2017 la empresa por 1.672 millones de dólares a Ternium, que en su página web se define como “la mayor siderúrgica de América Latina”. Anteriormente, Vale ya había vendido su participación a la empresa alemana por el precio simbólico de un dólar, parte de la estrategia de la empresa minera para salir de proyectos no rentables.
Hoy la lluvia de plata sigue, aunque es más fina y cae implacablemente sobre las cabezas de los 249.000 habitantes de este barrio.
El riesgo en las zonas vulnerables
Cada semana, las activistas del Colectivo Martha Trindade miden con un dispositivo profesional la calidad del aire, cuyos niveles superan los límites marcados por la Organización Mundial de la Salud. Llevan años vigilando la actividad de esta multinacional.
“Santa Cruz es un área mayoritariamente negra y con un IDH (Índice de Desarrollo Humano) muy bajo. Lo que vemos aquí es un caso de racismo ambiental, teniendo en cuenta que esta siderúrgica muy contaminante buscó este ambiente para instalarse, donde hay personas pobres, socialmente vulnerables. Nuestra idea es conseguir, en el futuro, establecer un nexo de causa y efecto entre la cantidad de contaminación que percibimos aquí y los problemas respiratorios y dermatológicos de las personas”, afirma Wanessa Afonso.
Hoy en Brasil la expresión ‘racismo ambiental’ es utilizada cada vez por más políticos. Es el caso de Tainá de Paula, que es urbanista, concejala y fue secretaria de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Río de Janeiro. La mayor parte de su agenda está enfocada al combate de la desigualdad.
“No es solo una retórica, un discurso, sino que intentamos impulsar un movimiento que impacte la vida de las personas. Eso significa más recursos, más planificación urbana y ambiental, cada vez más inversiones en las áreas vulnerables y negras de las ciudades. El hecho de nombrar el racismo ambiental necesita estar directamente acompañado de nuestra capacidad de invertir en prácticas que sean antirracistas y que enfrenten el racismo ambiental”, afirma.
“El racismo ambiental no es más que un matiz del racismo estructural brasileño, que es el resultado de un proceso colonial extremadamente cruel y extremadamente injusto para los negros”, añade.
