Colombia: Corte Suprema condena «bloqueo violento e ilegal»

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Gerson Chaverra, condenó este jueves (08.02.2024) el «bloqueo violento e ilegal» que manifestantes afines al Gobierno de Gustavo Petro hicieron al Palacio de Justicia, situado en el centro de Bogotá, acto que consideró «inaceptable».

«La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país», manifestó el magistrado en una declaración.

Chaverra agregó: «La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación, y los demás jueces colombianos, se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas».

Los incidentes comenzaron después de que la Corte Suprema informara que no pudo elegir este jueves a la nueva fiscal general, que reemplazará al actual titular, Francisco Barbosa, quien termina su periodo el 12 de febrero de 2024 y tiene un enfrentamiento con Petro, que lo acusa de orquestar un «golpe de Estado» para sacarlo del poder.

En su declaración, Chaverra aseguró que la Corte Suprema «defiende y garantiza el legítimo derecho a la protesta pacífica y la divergencia de posturas ciudadanas e institucionales en asuntos públicos de la nación». Sin embargo, «condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra casa de Justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado».

Chaverra añadió que «la democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la Justicia» y enfatizó que «en un Estado de derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley».

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