Bolivia secuestrada: terrorismo y crimen organizado como práctica de poder

Las elecciones nacionales se aproximan, pero Bolivia se encuentra secuestrada por bloqueos de carreteras y por intentos de cerco de ciudades, especialmente de Cochabamba. Hemos visto cómo el sector evista ha amenazado a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, cómo el mismo sector amenazó con bombas al Órgano Judicial, con un TCP que denuncia que dos sujetos con explosivos dispararon al edificio del TCP; la FELCN informando que un vehículo oficial fue interceptado y asaltado por bloqueadores, quienes se llevaron equipo policial y munición; Se encontró a sectores evistas con armamento. Como si fuera poco, protagonizaron la toma violenta del aeropuerto de Chimoré. Todo esto mientras un dirigente evista, Rudy Capquique, con miedo y pidiendo garantías, dio a conocer un audio del expresidente Evo Morales, donde ordena cercar La Paz, habla de la debilidad del gobierno actual debido a los casos de corrupción y consciente de que esta es la última batalla.

Nada nuevo bajo el sol. En octubre de 2024 nos vimos enfrentados a la misma situación que generó pérdidas millonarias para el país y bajo el mismo modus operandi: gente encontrada con armas de fuego y dinamitas, policías heridos por explosivos, obstrucción al derecho de libre tránsito, cuarteles militares tomados por la fuerza, soldados tomados como rehenes, etc.

Pero vayamos un poco más allá. Como decíamos, no hay nada nuevo bajo el sol. El año 2003 fue un momento en que el caos encontró su cénit: bloqueos y protestas llevadas adelante por Evo Morales y el MAS-IPSP con sus grandes bases sociales llevaron a una crisis sin precedentes por la denominada “Guerra del Gas”. ¿Se acuerdan del sitio de Sorata? En aquel entonces, más de 1000 turistas nacionales y extranjeros quedaron atrapados en Sorata, en el departamento de La Paz. Los bloqueos no permitieron su salida y la falta de alimentos y suministros requirió una acción rápida para su posterior rescate. Para ese fin se mandó una caravana de rescate que logró su objetivo, encontrando resistencia por parte de sectores campesinos, pero el mayor problema lo encontrarían en la localidad de Warisata, donde la caravana fue emboscada y atacada con armas de fuego, dejando heridos y muertos entre fuerzas del orden y sectores campesinos.

Si bien ya fue impactante cómo se había mantenido prácticamente secuestrados a estos turistas producto de los bloqueos, sorprende aún más el hecho de que estos grupos ya tenían una instrucción paramilitar que emboscó a la caravana y, en posesión de armas de fuego, iniciaron una contienda. En su libro “Del golpe de 2003 a la dictadura/narcoestado”, Hugo Balderrama da cuenta de esto citando lo expresado por el propio Felipe Quispe en su libro La caída de Goni: “En la emboscada de campesinos en la población altiplánica de Warisata, en el departamento de La Paz, participaron personas armadas con instrucción guerrillera y tenía el objetivo principal de matar al entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, conocido como El Zorro”.

La movilización de Warisata, que fue una extensión de la guerra Guerra del Gas que terminó con la destitución de un gobierno electo constitucionalmente, no fue pacífica ni espontánea: estaba sustentada en un componente armado que tuvo una instrucción previa, y que en ese lugar en concreto tenía el objetivo de matar al ministro de Defensa de ese entonces.

¿Cómo creen que se presentó el hecho ante los medios de comunicación? Por supuesto, el acontecimiento tomó el nombre de la “Masacre en Warisata” y la narrativa que adoptó el MAS-IPSP fue la de la persecución y el racismo contra el campesinado. La bandera era la lucha por la soberanía, los recursos, la democracia y el gran victimismo indigenista. Para variar, Carlos Mesa dio amnistías a través de los decretos 27234 y 27237 a hechos delictivos cometidos entre agosto y noviembre de 2003.

Con la renuncia de Carlos Mesa debía consolidarse la sucesión constitucional; empero, el MAS, con Evo Morales y diferentes dirigentes de sindicatos, impidieron la sucesión constitucional mediante la imposición, intimidación y el chantaje político-social, lo cual quebró el orden constitucional.

A partir de ahí, con su discurso que había tomado fuerza (una victoria de relevancia de la batalla cultural), el MAS, con Evo Morales a la cabeza, ganó las elecciones de 2005. Posteriormente, convocaron a una Asamblea Constituyente que no respetó sus tiempos establecidos; la propia Asamblea amplió su plazo de vigencia y, el 24 de noviembre de 2007, aprobó la nueva Constitución en una sesión en Sucre sin alcanzar los 2/3 requeridos y sin oposición vigente, para posteriormente darse la última sesión en un ¡cuartel en Oruro!, en condiciones de violencia y amenazas.

¿Qué esperábamos de nuestra querida Bolivia cuando el poder fue cooptado por los mismos grupos que socavaron un gobierno mediante actos de sedición y terrorismo? ¿Qué esperábamos de un gobierno que, desde el principio, no respetó ni la Constitución ni las leyes, viendo cómo se acercaba el fantasma de la inseguridad jurídica?

Volvamos a la actualidad, respondiendo a una pregunta que se planteó al comienzo: ¿cómo podemos denominar sus últimas acciones con los bloqueos y cercos? Hay dos respuestas: sedición y terrorismo. Sin embargo, la sedición fue declarada inconstitucional, por lo cual el concepto que analizaremos será el de terrorismo. Para dicho fin, lo definiremos desde un punto de vista meramente jurídico y otro académico.

“El que cometiere hechos punibles que constituyan delitos contra la seguridad común, la salud pública y atentare contra la seguridad de los medios de transporte; la vida, la integridad corporal, la libertad y la seguridad de jefes de Estado extranjeros […] con la finalidad de intimidar o mantener en estado de alarma o pánico colectivo a la población, a un sector de ella u obligar a un gobierno nacional […] a realizar un acto o abstenerse de hacerlo; subvertir el orden constitucional o deponer al gobierno elegido constitucionalmente, será sancionado con presidio de quince (15) a veinte (20) años […]”.

También se estipula que:

“[…] el que entregue, coloque, arroje o detone un artefacto explosivo u otro artefacto mortífero en contra de un lugar de uso público, una instalación pública o gubernamental, una red de transporte, instalación de infraestructura pública, será sancionado con presidio de quince (15) a veinte (20) años”.

Antonia Vinagre realizó una lista de características propias de las acciones terroristas:

“En primer lugar, el terrorismo es una práctica que plantea la utilización de la violencia para conseguir distintos objetivos y móviles, ya sean de índole política, religiosa o ideológica, pero cuyo fin es siempre el mismo: infundir terror en la población civil por medio de la publicidad de sus actos”.

Además, Antonia Vinagre nos menciona que los siguientes elementos son necesarios para hablar de una acción de índole terrorista: esta debe ser racional y concertada, debe descansar necesariamente sobre una organización; busca generar la sensación de vulnerabilidad y fragilidad de una institucionalidad que perciben como un obstáculo para sus objetivos; el elemento simbólico, la afectación social y psicológica, es de vital importancia para el grupo terrorista: todo lo descrito puede ser efectivo mediante la publicidad de los actos, con la finalidad de generar miedo.

Los hechos delictivos cometidos por afines a Evo Morales en tan poco tiempo de bloqueo de carreteras y cerco ilegal de ciudades son numerosos. Nombremos algunos que, según las denuncias hechas por el gobierno de Arce Catacora, están relacionados con la violación al derecho humanitario: un ataque a una ambulancia en Vinto (una ambulancia de la Caja Nacional de Salud fue atacada, volcada e incendiada mientras trasladaba a cuatro personas heridas); en la localidad de Japo fueron retenidos por más de una hora y agredidos diez médicos y un chofer cuando brindaban atención a los lugareños; un médico de Pocona fue agredido cuando iba en busca de alimento.

No olvidemos a los choferes varados, quienes ya han denunciado ser rehenes de los bloqueadores y dirigentes evistas, que prohibieron a las comunidades aledañas vender alimentos a este sector, exponiéndolos a un frío extremo y a problemas de salud ya existentes.

El daño económico para muchos sectores también es de magnitudes gigantescas. Solo el sector agropecuario reportó una pérdida de Bs 504 millones, mientras que la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) advirtió que las pérdidas económicas ocasionadas por los bloqueos que aislaron a Cochabamba alcanzaron los 890,1 millones de bolivianos en solo diez días.

¿Alguien recuerda lo que dijo el exministro Juan Ramón Quintana durante los bloqueos que sufrió el país en 2024? “El rito del bloqueo se alimenta a través de la sangre”. Este es uno de los objetivos de Evo Morales que no logró concretarse como él deseaba, pues lo que persigue a toda costa es la muerte de los suyos, para así alimentar el discurso de una supuesta persecución y fortalecerse mediante el victimismo indigenista.

Alejandro Galindo Wieler. Politólogo boliviano, graduado con excelencia académica por la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Analista de coyuntura política, con especial interés en seguridad e institucionalidad democrática.

Fuete: Panampost