El conflicto entre Rusia y Ucrania no es una excepción. Suelen ser noticia los casos de ataques a civiles, maltrato de prisioneros o corrupción generalizada, pero no son los únicos en que la moral básica se tira alegremente por la ventana. Estos días, por ejemplo, el parlamento ucraniano está tramitando una propuesta especialmente controvertida: legalizar (y así gravar con impuestos) la industria pornográfica.

La medida ha sido impulsada por el diputado opositor Yaroslav Zhelezniak, presidente de la comisión parlamentaria de Finanzas. El proyecto ya fue aprobado en primera lectura el pasado mes de julio y espera ahora una segunda votación.

Según los cálculos de Zhelezniak, la legalización podría generar hasta 25 millones de dólares anuales en impuestos. Se trata de una suma relativamente pequeña, pero la falta de recursos para continuar la guerra hace que el gobierno busque desesperadamente nuevas fuentes de financiación. El político calcula que los ingresos que se conseguirían permitirían adquirir unos 30.000 drones militares.

Una industria que ya existe, pero en la clandestinidad

La historia de cómo se ha llegado a esta propuesta es rocambolesca. En Ucrania, al igual que en Rusia, la producción, distribución y posesión de pornografía continúan siendo delitos castigados con penas que pueden alcanzar los siete años de prisión.

La prohibición no ha impedido que exista una importante industria clandestina, especialmente vinculada a plataformas digitales, que alimenta una amplia red de corrupción. Según el Wall Street Journal, se ha descubierto que los departamentos de policía de al menos tres regiones de Ucrania recibían decenas de miles de dólares al mes en sobornos para hacer la vista gorda.

El problema se hizo particularmente visible cuando las autoridades fiscales ucranianas recibieron información sobre los ingresos obtenidos por ciudadanos del país a través de solo una de esas plataformas digitales OnlyFans. Según su empresa matriz situada en el Reino Unido, unos 7.900 ucranianos obtuvieron más de 131 millones de dólares durante 2023 mediante OnlyFans.

¿Qué hizo entonces el gobierno? Empezar a exigir los impuestos correspondientes a los pornógrafos. Cuando estos presentaron sus declaraciones para pagar los impuestos exigidos, descubrieron que, en la práctica, habían confesado un delito y la policía podía detenerlos, lo que requería realizar nuevos sobornos además de los impuestos ya pagados.

Por eso, los promotores de la iniciativa presentan la legalización como una cuestión esencialmente económica: si la pornografía existe y va a seguir existiendo, dicen, es preferible regularla, gravarla, evitar la corrupción y utilizar los impuestos para sostener al país en el conflicto. Además, a fin de cuentas, la creación, distribución y comercialización de pornografía es legal desde hace mucho tiempo en la Unión Europea y Ucrania quiere desesperadamente formar parte del club.

Cuando las necesidades económicas y bélicas redefinen el bien y el mal

Lo cierto, sin embargo, es que un planteamiento limitado a la economía es radicalmente insuficiente. La pornografía es una de las plagas de nuestro tiempo y no simplemente un sector económico más. Reduce al ser humano a una mercancía y separa de forma inhumana la sexualidad de su dimensión personal, matrimonial y familiar. La Iglesia católica ha señalado reiteradamente que la pornografía atenta contra la dignidad de las personas implicadas y perjudica también a quienes la consumen.

La guerra, por terrible que sea, no elimina la necesidad de mantener criterios morales. El fin no justifica cualquier medio. La legítima defensa de una nación puede ser necesaria, pero eso no significa que cualquier fuente de financiación de esa defensa resulte moralmente aceptable. En particular, resultaría muy triste que uno de los efectos de la alianza política de Ucrania con los países de Europa occidental fuera el contagio de la normalización social y legal de la pornografía, que tanto daño ha hecho.

Fuente: Infocatolica