Jorge Rodríguez, presidente de la AN, prometió «revisar» la polémica Ley contra el Odio para que «se reforme», mas no habló de derogarla, como exige la oposición y organizaciones de derechos humanos
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este jueves en segunda discusión la Ley de Amnistía presentada al Legislativo por la encargada de la Presidencia, Delcy Rodríguez, luego de la captura de Nicolás Maduro la madrugada del 3 de enero y en el marco de la transición iniciada bajo la tutela de Estados Unidos, que exigió la liberación de los presos políticos para avanzar con el plan de tres fases presentado por el secretario de Estado, Marco Rubio. El texto aprobado no cumple los parámetros de una amnistía, puesto que contiene vacíos y mantiene condiciones a los beneficiados, que no se corresponden con los de una reconciliación, una maniobra que se materializó con la incorporación de un nuevo artículo.
En la discusión artículo por artículo –que continuó este jueves tras haberse aprobado la semana pasada los primeros seis– la bancada «Libertad» mostró su oposición a la redacción del controversial artículo 7, que mantuvo el beneficio que representa una amnistía a la condición de que el solicitante «esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta ley». Sin embargo, finalmente se terminó aprobando por unanimidad, al igual que el resto del articulado.
Una jugada de última hora que tomó a muchos por sorpresa fue la incorporación de un nuevo artículo 16 –el proyecto aprobado en primera discusión tenía 15 artículos–, el cual establece que quienes «reincidan» después de la entrada en vigencia de esta ley serán procesados conforme a la legislación ordinaria, lo que para muchos representa una extorsión. En el mejor de los casos puede hablarse de una falsa Ley de Amnistía, la aprobada este jueves para su sanción definitiva y promulgación.
Adicionalmente, Jorge Rodríguez, presidente de la AN, prometió que se revisará la polémica Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que ha sido una de las exigencias de la oposición y las organizaciones de derechos humanos por haber sido uno de los instrumentos jurídicos usados por el régimen para la persecución política en el país.
Rodríguez señaló que queda en manos del programa de convivencia y paz «revisar» la ley Contra el Odio y que es “muy probable” que esa ley «se reforme», admitiendo que en algunos casos hubo “mala utilización” de dicha ley. Sin embargo, no habló de derogarla, como es la exigencia de la oposición y los familiares de los presos políticos.