Actualidad
Quienes digan verdad en la JEP purgarían sus penas en las zonas PDET
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) con los que se implementarán instrumentos de la reforma rural integral en las zonas más golpeadas por el conflicto serían el espacio para que los excombatientes que reciban sanciones propias en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) paguen sus penas.
El éxito de estas sanciones, que representan un alivio penal para quienes aporten con verdad y reconocimiento de responsabilidad en la JEP sobre los crímenes más graves del conflicto, es uno de los puntos neurálgicos de la justicia transicional y el Acuerdo de Paz. Por eso, magistrados de la JEP se han reunido con funcionarios del alto Gobierno para coordinar cómo se pondrán en marcha.
“La JEP le señaló al Gobierno que las sanciones no difieren de una sanción penal ordinaria, en el sentido de que la impone el sistema judicial, pero la implementa el Ejecutivo”, explica el magistrado Roberto Vidal, presidente de la Sección para Casos de Reconocimiento de Verdad. Y pone como ejemplo el funcionamiento del Inpec: aunque los jueces son los que condenan, las cárceles las maneja ese instituto que, a su vez, depende del Ministerio de Justicia.
Esa sección del Tribunal de Paz de la JEP, presidida por Vidal, será la encargada de imponer las penas de hasta 8 años de restricción efectiva de la libertad y acciones restaurativas a los comparecientes. No a todos, sino a aquellos que hayan sido partícipes determinantes en los crímenes más graves y además digan la verdad y asuman su responsabilidad al respecto.
Las sanciones empezarían a imponerse pronto, pues según la presidenta de la JEP, Patricia Linares, se espera que en el primer semestre de este año se emita la primera resolución de conclusiones.
En ese documento, la Sala de Reconocimiento de Verdad le informará al Tribunal para la Paz quiénes merecen, a su parecer, el beneficio de la sanción propia y quiénes no y sugiere la pena. Luego, la decisión de las sanciones queda en manos del Tribunal para la Paz y sus secciones, que evaluarán si sí hubo verdad respecto a los hechos que se investigaron.
El funcionario designado por el Gobierno del presidente Iván Duque para este diálogo sobre la infraestructura institucional que se requiere para que se paguen estas penas es el consejero para la Estabilización Emilio Archila.
Haciendo la salvedad de que respetan la autonomía e independencia judicial de la JEP, Archila cuenta que ha sugerido “que se tenga en cuenta el pilar ocho de los PDET, que es el de reconciliación. Cuando uno mira las iniciativas PDET, en un altísimo porcentaje coinciden con lo que se ha solicitado como reparaciones colectivas por parte de las víctimas y con planes de retorno para quienes han sido desplazados”, dice Archila.
Una de las ventajas de los PDET es que ya tiene 170 municipios priorizados en 16 zonas, presupuesto destinado y obras en formulación y ejecución. Por eso, en la JEP evalúan cómo poner en sintonía sus sanciones con esos proyectos.
Los PDET serán “el marco general de ejecución de las sanciones propias”, confirma Vidal. Esto significa que, aunque podría haber excepciones, el grueso de las sanciones restauradoras se aplicarían allí. La restricción de la movilidad se ceñiría a esos territorios y las actividades de contenido restaurador apuntarían a esas obras.
Impuestas las sanciones, la JEP asumiría el monitoreo de que se cumplan efectivamente.
La JEP le señaló al Gobierno que las sanciones no difieren de una sanción penal ordinaria, en el sentido de que la impone el sistema judicial, pero la implementa el Ejecutivo
Llamado a mandatarios locales
En diciembre, el procurador general Fernando Carrillo se reunió con gobernadores electos, junto con la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y representantes de la comunidad internacional.
“Pensar en la construcción de institucionalidad local, que es el gran compromiso que ustedes tienen”, les dijo, en un llamado a contemplar la implementación del Acuerdo en sus planes de desarrollo.
Más de 160 municipios de los 170 priorizados han asumido los PDET como su plan de largo plazo, cuenta Archila. Aunque los mandatarios tienen autonomía, considera que “sería una tristeza y una torpeza” que no incorporaran estos planes. Sin embargo, prefiere no anticiparse a las sanciones que la JEP decida imponer.
“Estamos prestando toda la colaboración”, dice. Esto implica una coordinación con las autoridades regionales y locales que es responsabilidad del Gobierno y que, para el magistrado Vidal, será “absolutamente clave” a la hora de ejecutar las sanciones propias.
¿Qué son las sanciones propias?
Un compareciente que haya sido partícipe determinante en la comisión de delitos graves en el conflicto podrá recibir una sanción propia si reconoce “verdad plena, exhaustiva y detallada” sobre esos hechos.
Estas van de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad en los que deben cumplir con acciones restauradoras para las víctimas.
Esa restricción tiene unos criterios, como que se debe imponer en una área geográfica no superior a la que tenían las antiguas zonas veredales de transición, convertidas luego en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación.
Quienes hagan reconocimiento tardío de responsabilidad recibirán las sanciones alternativas, por el mismo tiempo que las propias, pero con privación de la libertad. Y quienes sean vencidos en juicio, recibirán penas ordinarias, de entre 15 y 20 años de prisión. Tanto las penas alternativas como las ordinarias podrán cumplirse en prisiones ordinarias, a diferencia de las penas propias, que representan un beneficio penal a cambio de contribuir con la verdad y reparación para las víctimas.
JUAN DAVID LÓPEZ MORALES
Redactor de JUSTICIA
Twitter: @LopezJuanDa
