La delincuencia parece reinar a sus anchas en la Colombia de Gustavo Petro. Convertir en víctimas a los victimarios está dejando de ser solo un discurso propio de la izquierda que alimenta el resentimiento y lucha de clases para convertirse en una política de Estado. De culpar a una sargento secuestrada junto con sus dos hijos de un “acto de imprudencia” por transitar por una zona con alta presencia del ELN, el Gobierno pasó a concretar su plan de pagar a los delincuentes por dejar de delinquir o, peor aún, “pagar por no matar”.

Mientras en El Salvador se ha endurecido la lucha contra las bandas delincuenciales, al punto de cobrar a los presos por la comida, ropa y productos de higiene personal para que no sean una carga para el Estado, en Colombia no solo existe una política más laxa en materia de seguridad sino que además se les pagará a los delincuentes un millón de pesos mensuales (240 dólares) para que dejen de cometer crímenes. ¿Es una especie de vacuna? ¿Se está dejando extorsionar el Gobierno por la delincuencia y la guerrilla?

El monto fue dado a conocer este lunes por el ministro de Interior, Luis Fernando Velasco, en entrevista con la emisora Blu Radio, luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara en días pasados en un consejo de Estado que presidió en Buenaventura su propuesta de “pagar por no matar”, que incluye además la asignación de 1000 cupos universitarios para jóvenes de grupos delincuenciales.

Esta insólita iniciativa no es nueva. A inicios de su mandato había hablado de pagar 800.000 pesos (200 dólares) a jóvenes para que dejen de delinquir. Ahora se eleva el monto que saldrá del presupuesto del Ministerio de Igualdad, que dirige la vicepresidente Francia Márquez, pues se incluye dentro del programa Jóvenes de Paz que lleva esta cartera ministerial.

De esta manera, el Gobierno de Gustavo Petro muestra su preferencia por premiar al delincuente, estableciendo un marcado contraste con el programa “Ser pilo paga” del expresidente Iván Duque, mediante el cual otorgaba becas a estudiantes con las mejores calificaciones. Una vez más queda en evidencia cómo el discurso de la izquierda se basa en la victimización y  no en la meritocracia.

La proponente de esta norma que además fue aprobada en el Legislativo, la congresista Olga Lucía Velásquez, aseguró que “no se trata de programas para beneficiar a criminales” sino de “transferencias monetarias condicionadas”. Según su explicación, los beneficiarios deberán cumplir con trabajo social en el territorio, tener iniciativas productivas o de emprendimiento, y comprometerse a recibir educación gratuita y participar en programas de salud con énfasis en salud mental.

Fuente: Panampost