Este 9 de diciembre, de un plumazo, el presidente colombiano, Gustavo Petro, decidió liberar a miembros de la Primera Línea –el grupo que lideró las protestas violentas contra Iván Duque en 2021–. Con la creación de la «Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana», el mandatario izquierdista pretende que los integrantes de este movimiento violento sean «voceros para incidir como gestores en los procesos de diálogo».

Detalles del decreto 2422 salieron publicados este 12 de diciembre en portales colombianos. El documento al que accedió El Tiempo relata que tendrá entre sus funciones “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos (as) pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros en el marco de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022″.

El mandatario izquierdista ha dicho que «el derecho a la protesta es un derecho democrático» y con eso justifica su decisión. Lo hace incluso cuando en la acusación de la Fiscalía cuatro miembros de la Primera Línea aparecen vinculados con las FARC.

Decreto «ilegal»

Este indulto a miembros de la Primera Línea trae consigo otros detalles. Como que un vocero también puede ser «un ciudadano que, sin pertenecer a la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, pero con el consentimiento expreso de esta, participa en su nombre en los acercamientos, conversaciones y suscripción de términos de sometimiento a la justicia».

Así el listado sigue, paseándose entre la «inconveniencia y la ilegalidad» de acuerdo con expertos. La razón es que Petro no tiene argumentos legales que sustenten su nuevo decreto para dar libertad a más de 200 miembros que vandalizaron las protestas del año pasado.

A pesar de que Petro lucía entrampado en su propia promesa, terminó firmando un decreto de manera unilateral. Las siguientes palabras pertenecen a Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas:

“Al ordenar estas liberaciones masivas en los próximos días está olvidando por completo las funciones que tienen los jueces de la República, quienes son los que deben revisar las condiciones para otorgar libertades. No dudo en decir que lo que está ante nuestros ojos es una manifiesta ilegalidad”.

Bernate dijo a Semana que históricamente, la figura de los gestores de paz se ha aplicado para aquellos integrantes de grupos armados ilegales que cumplen unas características y han sido reconocidos por el Gobierno. “En este caso la Primera Línea no tiene mando territorial unificado, ni un mando uniforme”, agregó.

¿Trato con el ELN?

Por las explicaciones anteriores, queda claro entonces que Petro recurre a un instrumento por fuera de la ley. Pero su intención no sorprende. Ya había hablado de su ansiado «perdón social» para criminales, dejando claro hacia dónde apunta realmente su gobierno y por qué toma este tipo de decisiones.

La excandidata presidencial Ingrid Betancourt se refirió a este punto. Desde su cuenta de Twitter exhortó a el Gobierno petrista a aclarar «de una vez por todas si esto se acordó con ELN y qué ocultan tras ‘gestores de paz. Impunidad por decreto».

Su señalamiento por el indulto a miembros de la Primera Línea llega porque precisamente mientras Petro firmaba el decreto, culminaba la primera ronda de negociación con el terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por su parte, la senadora por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, pidió a la sociedad colombiana proteger a los jueces. «Hay que rodear a los jueces, hay que exigirles a todas las altas cortes, no solo a la Corte Suprema de Justicia, rodear a los jueces, que no sientan miedo», dijo. A su juicio, Petro, «está materializando un golpe de Estado».

Delincuentes comunes

El decreto 2422 indica que la Comisión Intersectorial será dirigida por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y lo acompañarán el ministro del Interior, Alfonso Prada, entre otros funcionarios. Deberá reunirse al menos una vez cada tres meses. De forma extraordinaria, podrá convocarse por pedido de alguno de sus miembros. Cada decisión será tomada por mayoría simple.

Sin embargo, al decreto lo persigue el estigma de la falta de bases legales. Los procesados no pueden ser liberados, ya que previamente enfrentan procesos judiciales. Tampoco forman parte de grupos organizados criminales. Como dicen los expertos, son «delincuentes comunes» con jueces supervisando sus casos.