Los grupos armados en Colombia reclutan a niños y adolescentes en condiciones vulnerables mediante contenido que glorifica sus operaciones ilícitas en redes sociales. Con promesas de dinero, poder y prestigio pagan 1000 dólares por cada pequeño captado por intermediarios en las plataformas digitales, con el propósito de movilizar drogas, servir de mensajeros, vigilantes de rehenes y actuar de guardaespaldas de los comandantes.
Según una investigación de Human Rights Watch, esta modalidad para atraer víctimas logró el reclutamiento de al menos 1376 menores entre 2021 y 2025. Durante este periodo, la Defensoría del Pueblo detectó un incremento signficativo, producto de la propagación de elementos para la captación de jóvenes.
Por ejemplo, en 2021 registraron 43 casos, mientras que en 2022 el dato ascendió a 67 niños captados. Posteriormente, se experimentó un fuerte crecimiento en estas actividades, pasando a tener 384 menores reclutados en 2023 y luego 625 en 2024. Sin embargo, la cifra descendió a 257 casos en 2025, aunque esta disminución no necesariamente implica una reducción proporcional del fenómeno, debido al subregistro y a las posteriores actualizaciones de los registros oficiales.
Con modus operandi para evitar fugas
Mediante más de 70 cuentas y 40 publicaciones en Facebook y TikTok, los grupos armados en Colombia promueven el interés por sus operaciones. El perfil varía. Algunas de las cuentas representan el nombre real de la organización o de una de sus facciones sin ningún sinónimo, abreviatura o fachada. Otras pertenecen a usuarios que afirman ser parte de algún frente.
Las publicaciones también son diversas. Van desde aparentes ofertas de trabajo hasta mensajes que, en esencia, funcionan como «artimañas destinadas al reclutamiento» para entrar en contacto con menores a través de foros de chat públicos y servicios de mensajería privada.
«Los grupos armados en Colombia están reclutando a niños, niñas y adolescentes con impunidad y los sistemas de protección están fallando», advierte Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Con modus operandi
Después de concretar el reclutamiento, los grupos armados en Colombia trasladan a los pequeños a otras regiones para aislarlos y romper sus lazos familiares y comunitarios. De esa manera, dificultan las fugas. Ya lejos, los niños reciben entrenamiento militar.
Los niños indígenas representan casi la mitad de todos los casos documentados. Se estima que el 30 % tenían entre 10 y 14 años mientras que las niñas componen aproximadamente el 40 % de todos los casos.
«Se están llevando a toda una generación. Están poniendo en riesgo la existencia de nuestra comunidad y nuestra cultura”, asegura una líder indígena en el documento.
Las estadísticas lo confirman. A las nuevas cifras las anteceden los 16238 casos de niños y adolescentes reclutados forzosamente entre 1990 y 2017, de los cuales el 44 % fueron menores de 15 años. Sin embargo, la Comisión de la Verdad estima que la cantidad real de víctimas durante ese período oscila entre 27101 y 40828.
La justicia está en mora. En la última década, apenas el 1 % de las denuncias por reclutamiento terminó en una investigación penal, y solo el 0,2 % obtuvo una condena, en su mayoría de autores materiales y no máximos responsables.
Además, los niños reclutados por grupos considerados parte del conflicto armado ingresan a un programa especializado y tienen derecho a recibir reparaciones. En cambio, quienes son utilizados por grupos delictivos organizados que no son considerados partes del conflicto armado son enviados a un programa común destinado a víctimas de distintas formas de abuso.
Guerrilla detrás de los reclutamientos
La impunidad favorece a los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que aparecen detrás de una parte importante del reclutamiento de niños y adolescentes. Solo el año pasado, el Estado Mayor Central (EMC) estuvo vinculado a 43 % de los 257 casos contabilizados.
Se trata de la misma estructura que, en marzo de 2023, el entonces presidente Gustavo Petro invitó a participar en su proceso de negociación política denominado «Paz Total», luego de conocerse que el EMC contaba con 3545 miembros, los cuales estaban distribuidos en 173 municipios de 22 de los 32 departamentos del país. Después figura el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con 9,5 % de los casos; el Clan del Golfo, con 6,5 %, y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), con 5,5 %.
Cauca, departamento ubicado en el suroccidente de Colombia, concentra 57 % de los casos de reclutamiento de menores reportados, seguido por Norte de Santander y Antioquía. Estos tres departamentos concentran casi la mitad de las 261.000 hectáreas de cultivos de coca activas en el país.
Fuente: Panampost
