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La Justicia cubana sentencia a 381 personas por las protestas del 11 de julio
Los manifestantes fueron condenados por los delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza, violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos, algunos con penas de hasta 25 años de prisión. El anuncio ha encendido las alarmas de la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han calificado los procesos judiciales como irregulares y poco transparentes.
La Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba anunció este lunes la sanción de 381 personas que participaron en las protestas del 11 y 12 de julio de 2022, recordadas como la movilización social más grande en la isla desde la Revolución liderada por Fidel Castro en 1959.
Entre las 381 personas sancionadas, se encuentran jóvenes de entre 16 y 18 años y 297 han sido condenadas a penas en prisión de entre 5 y 25 años, según el comunicado de la Fiscalía.
A las 84 personas restantes, que no fueron condenadas a penas en centro penitenciario -incluidos 15 jóvenes-, podrían «imponerse a penas más duras» si incumplen las sanciones impuestas por los entes de justicia o cometen nuevos delitos.
«La Fiscalía General de la República continúa informando al pueblo sobre la respuesta legal a los hechos del 11 de julio de 2021, que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de nuestro Estado socialista», dice el texto.
El Gobierno cubano ha acusado en repetidas ocasiones a Estados Unidos de auspiciar y fomentar las multitudinarias manifestaciones en Cuba y aseguró haber dado un «firme golpe» a estas protestas antigubernamentales por medio de 76 sentencias de sus tribunales.
Las protestas del 11J
Entre el 11 y 12 de julio de 2021, en las calles de más de 40 ciudades de Cuba se escucharon gritos de miles de personas en contra de la escasez de alimentos, medicinas y electricidad.
«Tenemos hambre», «abajo la dictadura» y «libertad» fueron los gritos de los manifestantes en medio de la molestia social por las problemáticas económicas que se habían agravado tras la pandemia y con los peores registros económicos en al menos tres décadas (caída del 11% del Producto Interior Bruto en 2020).
Durante el estallido social se produjo una muerte y cientos de detenciones.
Ante la crisis, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, autorizó que los viajeros importaran alimentos y medicinas sin ningún tipo de impuesto, ordenó la liberación de la escala salarial en la empresa pública y permitió el acceso a la canasta básica subsidiada a unas 300.000 personas.
¿Cuentas por cuadrar?
Naciones Unidas y diferentes ONG han denunciado que los procesos judiciales en contra de los manifestantes del 11J han sido «poco transparentes» y han solicitado que la veeduría internacional esté presente.
Y es que el anuncio de las 381 personas sancionadas de este lunes ha traído más dudas a los familiares de los condenados y los grupos de derechos humanos.
Tan solo en enero, la Fiscalía General de Cuba había asegurado el enjuiciamiento de 790 personas, de las cuales 55 son de 16 y 17 años. La edad de responsabilidad penal en Cuba es de 16 años.
La ONG Prisoners Defenders ha denunciado que al menos 1.046 personas se encuentran tras las rejas en Cuba por «motivos políticos» directamente relacionados con los hechos del 11 de julio.
Señala también que la prensa internacional no ha podido acceder a los juicios, algo que también reclama Amnistía Internacional para la propia organización, que pide ser observador externo de los procesos.
Con Reuters y EFE
