Faltando apenas una semana para las elecciones presidenciales en Bolivia que definirán al sucesor de Luis Arce y tres meses para entregar oficialmente el cargo, el mandatario izquierdista intenta no dejar cuentas pendientes con sus aliados extranjeros. Antes de su salida, agiliza la aprobación del contrato que firmó en octubre del año pasado con la empresa rusa Uranium One Group para la explotación de litio durante al menos 22 años prorrogables.
El proceso para dejar con luz verde el acuerdo ya comenzó. La Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, compuesta por 15 parlamentarios afectos al gobierno, aprobó el documento que le permitirá a la compañía adscrita a la Corporación Estatal Rusa de Energía Atómica (Rosatom) producir 14000 toneladas de carbonato de litio anuales en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, mediante la utilización de la tecnología EDL (Extracción Directa del Litio).
El acuerdo de Arce con la empresa rusa contempla una inversión de 970 millones de dólares para la implementación de una planta cerca del complejo de Llipi, que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) tiene en la zona. Mientras, la compañía recuperará su inversión con contratos adicionales de operación, mantenimiento y comercialización.
¿Un contrato «a puerta cerrada»?
Las condiciones establecidas generan protestas. Las comunidades reclaman la aprobación «a puerta cerrada» e incluso una presunta compra de votos. Para el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, las decisiones sobre la explotación del litio boliviano debe tomarlas el nuevo parlamento.
Sin embargo, el presidente de la comisión de Economía Plural, el oficialista Hernán Hinojosa, ya anunció que el contrato que permitirá a la empresa rusa producir carbonato de litio en Bolivia pasará al pleno para su análisis y si es aprobado en esta instancia se remitirá luego al Senado.
Con esta negociación, Luis Arce sostiene que Bolivia elevará las exportaciones de litio a 5000 millones de dólares anuales, por encima de las ventas de gas, su principal recurso caído en crisis tras el cese de las inversiones para exploración de la industria. Con ese discurso matiza que Bolivia fue el país que menos exportó en el triángulo del litio que conforman también Chile y Argentina: solo 9,75 millones de dólares.
China en el negocio
Para ello, el mandatario boliviano también autorizó a YLB para firmar el pasado 26 de noviembre de 2024 un contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC Investment Limited para instalar en el salar de Uyuni dos plantas más. Una de ellas será una salmuera residual, que en su primera fase producirá 10000 toneladas anuales con una tasa de recuperación mínima de 80 %. En la segunda fase, la producción debería subir a 15000 toneladas anuales adicionales.
La segunda planta será de EDL. En su primera fase deberá producir 25000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, con una tasa mínima de recuperación de 80 %. Para la segunda fase, esta capacidad se mantiene. El plazo de vigencia del contrato, de aplicarse solo la primera fase, es de 36 años. Si se abarca la segunda fase rondará los 42 años.
Sobre la negociación hay cuestionamientos, considerando que en todos los escenarios de precios del litio, Hong Kong CBC Investment Limited siempre tendrá un mayor beneficio que YLB debido a que además de recuperar su inversión y sus costos de operación y mantenimiento recibirá; primero, 12 % de interés por su inversión inicial; segundo, 1700 dólares por tonelada de carbonato de litio; y tercero, 49 % de las utilidades, asegura un reporte reciente de Mongabay.
«Esta es la crónica de una tragedia anunciada. Un relato de errores y concesiones que parecen superar cualquier expectativa de entreguismo en la administración de los recursos naturales del país», dijo José Carlos Solón, sociólogo y director de la Fundación Solón, organización experta en derechos ambientales.
El temor a la sobreexplotación
Con la entrega del litio boliviano que gestiona Arce para favorecer a Rusia, que ya benefició a China con la aprobación de su contrato en febrero en medio de acusaciones de sobornos, el país camina a su sexto intento de industrialización del «oro blanco». Ya lo intentó antes en cinco oportunidades desde 1975, pero todos esos ensayos fallaron por diversos motivos.
En esta oportunidad, los aliados escogidos generan preocupación. También está el riesgo ambiental que implica el negocio para el acceso al agua de las comunidades aledañas, un aspecto sobre el que aún no hay ningún estudio de factibilidad.
Pese a ello, el gobierno boliviano empezó con la perforación de 178 pozos de agua en zonas cercanas al salar de Uyuni para que funcione la planta piloto de producción de carbonato de litio en la comunidad de Llipi, pero dejó de operar ante los reclamos.
Una de las comunidades afectadas es Río Grande. Sus residentes están en contra del proyecto de litio porque temen quedarse sin agua, lo que afectaría a las actividades económicas de estas zonas, como la ganadería camélida, la producción de quinua y el propio turismo.
“Quieren llevar agua no solo a la planta de Llipi, sino también a las plantas que piensan construir con estos nuevos contratos. Una sobreexplotación nos dejaría prácticamente sin agua porque explotan las mismas que son para el consumo humano de Río Grande», asegura Donny Alí, dirigente comunal.
Fuente: Panampost
