Los audios del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en los que habla sobre 15.000 millones de pesos (USD 3,4 millones) que habría conseguido de manera irregular para la campaña presidencial no ha pasado por debajo de la mesa. La Fiscalía colombiana informó este viernes que abrió una investigación “en atención a la información conocida públicamente durante los últimos días” para “determinar si se cometieron delitos relacionados con la posible financiación ilegal de la campaña electoral del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”.
La línea de investigación queda a cargo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia y de la Dirección Especializada contra la Corrupción, según precisa la Fiscalía en el anuncio en el que además aclara que los fiscales tendrán la capacidad de dirigir sus actuaciones “hacia personas aforadas y no aforadas”.
También se menciona que esta investigación tiene como objetivo establecer posibles responsabilidades “en los delitos de financiación de campañas electorales de fuentes prohibidas, violación de topes electorales y demás que se puedan tipificar”.
Campaña de Petro bajo la lupa
De acuerdo con la grabación, los fondos a los que hace referencia Benedetti se habrían obtenido a través de empresarios de la costa colombiana agrupados en lo que se conoce como el Clan Torres. La Fiscalía ahora se dispone a indagar sobre la veracidad de estas aseveraciones que el exdiplomático intentó matizar luego señalando que “nunca en la vida” recibió plata para una campaña, y que lo que soltó en los audios había sido producto de “la rabia y el trago”. Medios colombianos como El Expediente, también afirmaron que los 15.000 millones de pesos que menciona Benedetti habrían sido aportados por la dictadura de Nicolás Maduro, y que el exembajador ya habría puesto al tanto de esto a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).
Por este motivo, el excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, interpuso una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso colombiano para que se investigue la posible comisión de delitos relacionados con la financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro, agregando que podría tratarse de “dineros del narcotráfico”.
Pero esta no es la única investigación abierta contra la campaña de Gustavo Petro. Desde hace un par de semanas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una causa por presuntamente ocultar el pago a testigos electorales y superar el límite establecido para tal fin. De acuerdo con la denuncia, que forma parte de una investigación periodística de La Silla Vacía, el monto de financiación reportado por la campaña de Petro estuvo a tan solo 19 millones de pesos (USD 4.300) del límite máximo permitido, y se habría superado el tope sin reportarlo, ya que el monto de presuntos pagos no declarados es de al menos 30 millones de pesos (USD 6.800).
Fuente: Panampost
