La cumbre empresarial realizada en Quibdó representa una señal esperanzadora para un departamento que durante décadas ha escuchado promesas sin recibir transformaciones proporcionales a su riqueza y potencial. La presencia del Gobierno Nacional y de los empresarios con capacidad real de inversión permitió construir una agenda que trasciende la atención inmediata del terremoto y plantea una transformación económica y social de mayor alcance.
Entre los compromisos anunciados se encuentra un paquete de infraestructura cercano a un billón de pesos, la financiación del malecón de Quibdó, soluciones energéticas, $5.000 millones de capital semilla para 1000 emprendedores —cinco millones para cada uno—, 100 becas, compras directas a productores locales, inclusión financiera, desarrollo turístico en Nuquí y Bahía Solano, formalización minera y un régimen especial para atraer inversión privada.
La dirección es correcta. El Chocó no puede ser reconstruido para regresar a las mismas condiciones que tenía antes del terremoto: vías inconclusas, energía inestable, pobreza, informalidad y enormes dificultades para llevar sus productos a los mercados nacionales. La tragedia debe convertirse en la oportunidad para enfrentar la corrupción que ha afectado esa bella región.
También resulta acertada la participación del sector privado. El Estado conserva la responsabilidad principal, pero una reconstrucción cuyo costo para el departamento se estima preliminarmente en cerca de cuatro billones de pesos exige capital, conocimiento técnico, capacidad empresarial y apertura de mercados. Los inversionistas pueden obtener beneficios legítimos, siempre que sus proyectos también generen empleo formal, infraestructura y oportunidades duraderas para los habitantes del Chocó.
Sin embargo, es indispensable distinguir entre anuncios, compromisos y proyectos efectivamente aprobados, financiados y contratados. El capital semilla, las becas y las compras de productos chocoanos podrían ejecutarse rápidamente. Las vías, el malecón, las soluciones energéticas y la modernización aeroportuaria requieren diseños, licencias, contratos, recursos asegurados y cronogramas verificables.
El corredor interoceánico —mediante un canal o una línea férrea— constituye una posibilidad estratégica, pero continúa en una fase preliminar. Aunque existen estudios de prefactibilidad sobre algunas alternativas, todavía no está concretada la ruta definitiva, la financiación ni la fecha de ejecución. Por eso no puede presentarse como una obra próxima a comenzar.
Después de la cumbre, el Gobierno anunció decretos de emergencia para estructurar el Fondo Milagro, facilitar la movilización de recursos y extender el mecanismo de Obras por Impuestos a las regiones afectadas. Es un avance jurídico importante, pero un decreto no equivale a dinero disponible ni a una obra ejecutada. Todavía deberán conocerse las fuentes efectivas de financiación, los criterios de distribución, los mecanismos de contratación y los controles que tendrá el fondo.
La designación de José Leonidas Tobón como gerente especial para el Chocó puede contribuir a coordinar instituciones y destrabar trámites. Tobón es chocoano y cuenta con experiencia en programas PDET y en Obras por Impuestos. No obstante, su nombramiento plantea preguntas necesarias: ¿cuáles serán exactamente sus facultades?, ¿qué recursos podrá administrar?, ¿quién vigilará su gestión?, ¿cómo se articulará con el Fondo Milagro y ante quién deberá responder?
Sobre todo, esa gerencia no puede convertirse en un gobierno paralelo que desplace a la gobernadora Nubia Carolina Córdoba ni al alcalde de Quibdó, Rafael Andrés Bolaños. Ambos fueron elegidos por los ciudadanos, conocen las necesidades del territorio y ejercen competencias constitucionales que deben respetarse. El gerente designado por la Presidencia debe complementar su trabajo, no sustituirlo.
La gobernadora ha cumplido un papel fundamental al insistir en que el departamento no puede regresar a las condiciones anteriores al terremoto y promover una alianza entre el Estado y los empresarios para obtener ese objetivo. El alcalde también debe participar directamente en la estructuración del malecón, la recuperación urbana y las demás inversiones destinadas a Quibdó.
Por eso se necesita una instancia formal de dirección que reúna a la Presidencia, la Gobernación, las alcaldías, el sector privado y representantes de las comunidades afrodescendientes e indígenas. También debe publicarse mensualmente un tablero que identifique los recursos anunciados, comprometidos y efectivamente desembolsados; los contratos celebrados; los responsables de cada proyecto; los beneficiarios; los cronogramas y el avance físico de las obras.
Las posibilidades de ejecución son reales porque existen empresarios con capacidad de decisión, instituciones responsables, instrumentos jurídicos extraordinarios y compromisos de aplicación inmediata. Pero persisten riesgos enormes: inseguridad, corrupción, debilidad institucional, dificultades ambientales, consultas previas, sobrecostos y ausencia de infraestructura básica.
La cumbre merece respaldo, pero no un cheque en blanco. Su éxito no se medirá por el número de anuncios ni por la importancia de sus asistentes, sino por los recursos efectivamente desembolsados, las empresas creadas, el empleo formal generado y las obras terminadas. El verdadero desafío comienza cuando desaparecen las cámaras y cada compromiso debe convertirse en presupuesto, contrato y resultado.
La reconstrucción debe hacerse con el Chocó, no simplemente para el Chocó. Si el Gobierno, los empresarios, la gobernadora, los alcaldes y las comunidades trabajan éticamente, bajo reglas claras y vigilancia pública, esta alianza puede marcar un cambio histórico. Si dentro de algunos meses no aparecen contratos, desembolsos y avances verificables, el llamado “Plan Marshall” terminará convertido en otra promesa grandilocuente para una región cansada de esperar.
El papel de la comunidad chocoana será crucial para que el terremoto les sirva de punto de partida para reconstruir una sociedad con valores, reorientar su enfoque y convertirse en muro de contención contra cualquier acto de corrupción que impida su progreso, transformar la crisis que están viviendo en un motor de aprendizaje, superación y solidaridad.
Fuente: Panampost
