Si bien nos complace que Greenpeace rinda cuentas por sus acciones, esta victoria es en realidad para la gente de Mandan y de todo Dakota del Norte, que tuvo que soportar el acoso y las interrupciones diarias causadas por los manifestantes, financiados y entrenados por Greenpeace.

Greenpeace promete apelar

Greenpeace prometió apelar el veredicto y continuar con su defensa del medio ambiente.

«La realidad es que no se puede llevar a la quiebra a un movimiento», dijo a la AFP la directora ejecutiva interina de Greenpeace Estados Unidos, Sushma Raman.

Este movimiento existe en todo el mundo: personas que desean un planeta más limpio y verde, una democracia más dinámica e inclusiva , la protección de los océanos, los bosques y la tierra. Quienes impulsan organizaciones como Greenpeace no pueden arruinarse, y su labor continuará.

Greenpeace Internacional ha interpuesto una contrademanda contra ET en los Países Bajos, acusándola de utilizar demandas por molestias para reprimir la disidencia. La audiencia está programada para el 2 de julio.

En el centro del caso de Dakota del Norte estuvo el oleoducto Dakota Access, donde entre 2016 y 2017 la tribu sioux de Standing Rock lideró una de las mayores protestas contra los combustibles fósiles en la historia de Estados Unidos.

Las manifestaciones dejaron cientos de detenidos y heridos, lo que atrajo la atención de las Naciones Unidas, que expresaron su preocupación por posibles violaciones de la soberanía indígena.

A pesar de las protestas, el oleoducto, diseñado para transportar petróleo crudo extraído mediante fracturación hidráulica a refinerías y a los mercados globales, comenzó a funcionar en 2017.

‘Enviar un mensaje’

ET, sin embargo, continuó su persecución legal contra Greenpeace.

Inicialmente, ET solicitó 300 millones de dólares en daños a través de una demanda federal, que fue desestimada.

Luego trasladó su estrategia legal a los tribunales estatales de Dakota del Norte, uno de los pocos estados de EE. UU. sin protecciones contra las llamadas «Demandas Estratégicas contra la Participación Pública» o SLAPP.

A lo largo de los años de lucha legal, el multimillonario director ejecutivo de ET, Kelcy Warren, un importante donante del presidente Donald Trump, fue abierto acerca de sus motivaciones.

Su «objetivo principal» al demandar a Greenpeace, dijo en entrevistas, no era sólo una compensación financiera sino «enviar un mensaje».

Warren llegó incluso a decir que los activistas «deberían ser eliminados del acervo genético».

El juicio comenzó a fines de febrero en Mandan, Dakota del Norte, y después de más de dos días de deliberación, el jurado emitió su veredicto.

Impacto de la libertad de expresión 

Los críticos califican el caso de SLAPP, un claro ejemplo de ello, diseñado para silenciar el disenso y drenar los recursos financieros.

«Este tipo de demanda, que puede tener el efecto de reprimir las protestas legales y frenar la libertad de expresión, debería estar sujeta a los mayores niveles de escrutinio que conlleva la legislación anti-SLAPP», dijo a la AFP Michael Burger, abogado y académico de la Universidad de Columbia.

Sin embargo, Michael Gerrard, profesor de derecho ambiental de la misma universidad, no fue tan lejos.

«Este veredicto frenará las protestas que obstruyen físicamente los proyectos de combustibles fósiles», dijo, «pero no debería afectar las manifestaciones pacíficas y no obstructivas y, ciertamente, no detendrá los litigios contra dichos proyectos».

Greenpeace sostiene que sólo jugó un papel pequeño y pacífico en el movimiento liderado por nativos americanos.

Pero en sus argumentos finales, el abogado principal de ET, Trey Cox, acusó a Greenpeace de «explotar» a la tribu sioux de Standing Rock para promover su agenda contra los combustibles fósiles, según el North Dakota Monitor.

*Con AFP; adaptado de su original en inglés