Es una jerga que eufemiza tan horrendos y numerosos crímenes, y esconde la más escandalosa impunidad, en una pieza judicial que compite en extensión con aquella de la jueza Heredia que sirvió para el efecto contrario de condenar a un inocente: Álvaro Uribe Vélez. En 663 páginas, 1.773 consideraciones y 131 numerales en su parte resolutiva, se extienden 91 órdenes diferentes a todas las instancias del Estado, ya sea para garantizar el cumplimiento de las sanciones o la salud, la seguridad y el bienestar de los sancionados, y muchas sin relación alguna con la sentencia, entre las cuales se esconde, por supuesto, la llave para cerrar por dentro la puerta de la impunidad y “advertir” (Num. 126) que toda investigación o condena de la justicia penal ordinaria queda subsumida y absorbida por este remedo de justicia.

Algunas observaciones finales: La primera: que la JEP se cuidó de expedir a la vez la sentencia a los 12 militares acusados de ejecuciones extrajudiciales, igualmente extensa, aunque sin adornos retóricos al corazón de Colombia, y ante la cual no sobra recordar que la misma JEP estableció que los llamados “falsos positivos” no fueron una política de Estado ligada a la Seguridad Democrática. La segunda es una ocurrencia: Si todos los presos del país, condenados por menos delitos y mucho menos graves, pudieran acudir a los tribunales invocando el derecho a la igualdad ante la justicia, las cárceles… se desocuparían.

La tercera es de Ripley. El presidente de la JEP ha reiterado que no hay presupuesto para los proyectos restaurativos de sus condenas de opereta. Y entonces… ¿impunidad total…, la gran estafa?