A una semana para los comicios presidenciales en Colombia, la Registraduría todavía no escoge a la empresa que auditará el escrutinio. La compañía costarricense que pudiera firmar el contrato está envuelta en algunas polémicas

¿Quién auditará las elecciones presidenciales en Colombia?
La Registraduría tiene pocas posibilidades para dar pasos en falso en la escogencia de la empresa que auditará las elecciones presidenciales en Colombia. La Procuraduría está vigilante a cada paso. (Twitter)

En un laberinto electoral. Así se encuentra Colombia a una semana para las elecciones presidenciales de este domingo 29 de mayo, ya que aún se desconoce quiénes efectuarán la auditoria internacional al proceso en el que se elegirá al próximo jefe de Estado.

La demora recae sobre la Registraduría Nacional, ente al cual el Consejo Nacional Electoral le solicitó hace un mes la contratación de terceros independientes para garantizar la seguridad de la información y los sistemas involucrados en la revisión del código fuente en el escrutinio nacional.

Si la petición se elevó para intentar mitigar la desconfianza sobre las plataformas, disparada tras las denuncias de presunto fraude en las legislativas de marzo, la demora simplemente acrecienta la incertidumbre y el registrador, Alexander Vega, parece potenciarla.

Mientras 1343 mesas de votación distribuidas en 67 países ya están recibiendo votantes en el exterior, así como los puestos fronterizos, en Bogotá trasciende que la compañía Datasys Group, de Costa Rica, asumirá la auditoria internacional, luego de competir con Ultratech, CGTS y Dermalog.

 

Sin embargo, la noticia profundiza el recelo porque según la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, esta compañía «no tiene experiencia en auditorías electorales y está sancionada en Honduras por incumplimiento».

Incluso, señala que el ingeniero costarricense Dennis Cascante Hernández, quien tiene a su cargo la Misión del Plan de Garantías Electorales Presidenciales 2022 en Colombia, resultó detenido en 2013 por presunto enriquecimiento ilícito derivado de vínculos con una empresa de tecnología que tenía 18 contratos con el Tribunal Electoral de Costa Rica.

Un proceso complejo

Datasys Group niega las acusaciones de Cabal, apelando a sus dos décadas en el mercado tecnológico, pero la dimisión de la empresa alemana Dermalog del proceso de selección aviva las dudas.

Fuentes de La FM aseguran que “la matriz desde Alemania no habría aceptado encargarse de este proceso, pese a que el representante regional de la firma sí tenía interés”. Extraño. Más cuando la compañía figura como proveedora del sistema de identificación biométrica facial de Migración Colombia, que ha servido para el registro e identificación de migrantes venezolanos.

¿Poco tiempo para el desafío? Quizá porque la meta es revisar la posible existencia de un código malicioso, conocido como disparador –o trigger, en inglés–, que permite programar alteraciones en las bases de datos de manera autónoma.

De hecho, Luis Guillermo Pérez, magistrado del CNE, admitió que «no habrá tiempo de aquí al 29 de mayo de ir a revisar los códigos fuente, no hay tiempo para eso, pero sí hay tiempo para establecer si hay alguna posible manipulación dañina de los softwares que pueda inclinar el resultado a favor de X o Y candidatura».

Procuraduría vigilante

La Registraduría tiene pocas posibilidades para dar pasos en falso en la escogencia de la empresa que auditará las elecciones presidenciales en Colombia. Más allá de las acusaciones de Cabal están los radares de la Procuraduría General de la Nación. La instancia ya solicitó información sobre la contratación de la auditoría internacional, argumentando que intenta anticiparse a «hechos que puedan implicar un riesgo de gestión pública».

La Procuraduría quiere saber qué pasa. Incluso, alega la necesidad de «garantías y transparencia» para suscribir el acuerdo. A menos de 10 días de las elecciones, ¿el resultado de la auditoría podrá ser aplicable a los sistemas de preconteo y escrutinio a utilizar el próximo 29 de mayo?, es una de las tres preguntas que se hicieron en un comunicado oficial.

¿Cuál es la diferencia de la auditoría a contratar con la que actualmente la Registraduría está implementando para la mejora a los sistemas de preconteo y escrutinio? y ¿cuál es la necesidad de auditar infovotantes si el plazo para inscribir cédulas ya cerró y, en cambio, no se audita el algoritmo de los jurados de votación? El tiempo para las respuestas se agota y no sólo la Procuraduría las espera.

Fuente: Sistema Integrado de Información

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