Esto podría tomarse como una simple y anodina comisión parlamentaria más, de no ser por quiénes son los elegidos: el socialista Jérôme Guedj y a la senadora del Partido Radical Nathalie Delattre. Especialmente el primero se ha distinguido por su laicismo combativo y anticlerical. Resulta, pues, muy difícil imaginar que una comisión dirigida por este político socialista pueda dar resultados imparciales y evoca imágenes de un zorro encargado de la seguridad del gallinero.

En efecto, Guedj ya propuso en diciembre del año pasado la creación de un «Defensor de la Laicidad», una autoridad administrativa independiente similar al Defensor de los Derechos Humanos. Esta institución se habría encargado de apoyar a las agencias gubernamentales, responder a las preguntas de la ciudadanía y promover activamente una política pública en materia de laicismo.

Teniendo en cuenta que Guedj ha apoyado regularmente todo lo que signifique postergar y quitar de la vista las manifestaciones públicas del catolicismo francés y de la moral tradicional, parece inevitable que el Defensor de la Laicidad se convierta en un defensor del laicismo anticlerical y anticatólico, que elevaría la ausencia de la religión del ámbito público a un supuesto derecho humano fundamental.

En el pasado, Guedj ya se había quejado de que la laicidad en Francia se hubiera convertido en un mero «dogma abstracto» y había reclamado sanciones para los que intentaran promover la religión en el ámbito público. En esa misma línea y de forma muy preocupante, la misión encomendada por el Primer Ministro incluye proponer medidas para mejorar las sanciones penales «desconocidas» y «que apenas se utilizan» contra la presencia religiosa en el ámbito público.

Asimismo, políticamente Guedj se ha distinguido por su férrea defensa del matrimonio del mismo sexo y las causas LGBT (incluida la adopción de niños), por su actuación durante la pandemia de COVID (en la que se le encargaron las medidas para aislar a los ancianos) y por su proximidad al ecologismo. A pesar de unos resultados electorales que han sido muy mejorables hasta el momento, anunció en febrero que se presentaría como candidato a las elecciones presidenciales de 2027.

La senadora radical Nathalie Delattre, cuya presencia en la comisión podría verse como un intento de moderar a Guedj, es más bien una política mediocre, que ha desempeñado cargos asignados a dedo y sin grandes ideales más allá de la alianza con las grandes empresas turísticas y viticultoras francesas. El Partido Radical, además, mantiene la laicidad como uno de sus principios fundamentales, de modo que cuesta imaginar que Delattre vaya a atenuar el laicismo militante de Guedj.

La laicidad francesa se basa en una ley de 1905, muy elogiada por Guedj a tiempo y a destiempo, de separación entre Iglesia y Estado. La ley pretende garantizar la libertad de conciencia y asegurar el libre ejercicio de la religión, dentro de los límites del orden público. Sin embargo, a menudo se utiliza en Francia como un arma contra la presencia pública del catolicismo, sepultando la historia del país, sus tradiciones y la fe de muchos de sus ciudadanos. Esta aplicación es ilegítima, como recuerda Tribune Chretienne, porque «la neutralidad es una obligación impuesta a las autoridades públicas y sus agentes, no a los ciudadanos ni a la historia de la nación».

Fuente: InfoCatolica