Aunque la instancia reitera que existen “profundos y duraderos lazos” entre ambas naciones, al margen del consumo de drogas en el gobierno de Petro, cuestiona el “aumento del consumo de drogas dentro de Colombia”, incluyendo en “los niveles más altos del Gobierno”. Sin mencionar en específico a algún funcionario del gabinete, el Comité solicita a Rubio emitir, en un plazo no mayor a 90 días tras la promulgación del proyecto de ley una consulta al Congreso sobre posibles estrategias para implementar programas de reducción de demanda de drogas dentro del territorio colombiano.
Criminalidad en ascenso
La acusación sobre abuso de drogas en el gobierno de Petro junto al atentado contra el senador de oposición y aspirante presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025, lo citan como ejemplos del caos en materia de seguridad. Al respecto, el Comité señala la alta preocupación por el resurgimiento de actores armados ilegales y organizaciones criminales en territorios previamente controlados por el Estado, con un incremento notable de la violencia en las regiones.
En Washington saben que en el primer semestre de este año, Colombia contabilizó 121 denuncias por secuestro, una cifra 12 % mayor a la del mismo periodo del 2024, cuando fueron reportados 108 los casos. Sin embargo, el número de personas secuestradas en los 121 expedientes representó un aumento significativo, al incluir 198 víctimas, frente a las 129 del año pasado con lo cual el incremento de afectados trepó al 53 %.
Además, EE.UU. reprocha irregularidades judiciales en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con denuncias de vigilancia no autorizada, denegación del derecho a la defensa y conflictos de intereses que reflejan el deterioro de la independencia judicial. Lo encajan en un “patrón preocupante de amenazas al debido proceso”.