La inutilidad de la moción de censura en Colombia

Durante los dos últimos gobiernos, el actual de Gustavo Petro y el anterior, de Iván Duque, la moción de censura se ha utilizado muchas veces, por parte de la oposición y de los partidos independientes debido a escándalos de corrupción, fallas administrativas graves, decisiones muy cuestionadas y simples crisis políticas. Pero el debate tiende siempre a convertirse en espectáculo y la votación resulta irrelevante.

La secuencia es predecible. Se anuncia la moción con estridencia; el país se divide entre defensores y detractores; los partidos convocan ruedas de prensa y se anuncian “votos de conciencia”; se adelantan debates maratónicos llenos de cifras, acusaciones y réplicas; y, al final, los funcionarios salen incólumes gracias al muro blindado de la coalición de gobierno de turno.

La verdadera raíz del problema no está en el diseño mismo de la figura consagrada en el artículo 135 de la Constitución Política. La Constitución, y en eso se equivocaron los constituyentes de 1991, exige mayoría absoluta para remover al funcionario público sometido a la moción. ¿Por qué? Porque ningún ministro llega al cargo sin representar una cuota política dentro de una coalición, y esa coalición tiene incentivos muy claros para sostenerlo, incluso a costa de la opinión pública, como se ha evidenciado en ocasiones pasadas.

La disciplina de bancada, el reparto burocrático, la dependencia del Ejecutivo para la gobernabilidad y la lógica clientelista hacen prácticamente imposible que un partido oficialista vote contra su propio ministro.