No termina ahí. Dos magistrados del TJE, Mario Alberto Flores Urrutia y Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, también son blanco de la Fiscalía General, que emitió un requerimiento fiscal. Es decir, una acusación formal ante un juez para que se abra un proceso penal contra ambos funcionarios por inscribir candidatos al Congreso sin seguir, supuestamente, el procedimiento legal.

Analistas tildan estas acciones como «una amenaza a la estabilidad democrática e institucional del país». Es decir, mientras las encuestas varían con el pasar de los días, en Honduras los ánimos se caldean por este torbellino institucional que podría dejar al país sin autoridades electorales. Y es que si se procede a privar de libertad a dos magistrados del TJE, este quedaría disuelto, ya que tal como explican analistas, el artículo 35 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral establece que para su funcionamiento y conformación de quórum se requieren al menos dos magistrados propietarios (el organismo está integrado por tres magistrados propietarios y dos suplentes).

Europa se pronuncia: «La transparencia es fundamental»

Que todo lo anterior esté gestado o no desde el gobierno de Xiomara Castro para perpetuarse en el poder o lograr la victoria de su abanderada, Rixi Moncada, es una hipótesis que se maneja entre los partidos políticos opositores. Sin embargo, desde Casa Presidencial no hay pronunciamientos al respecto.

Eso explica la atención internacional que está recibiendo Honduras. Tanto la Unión Europea como el Congreso español también se pronunciaron: «La transparencia, credibilidad, estabilidad e inclusividad política son fundamentales para permitir que los ciudadanos hondureños voten en un entorno pacífico y ordenado», divulgó al UE.