El ELN y el Estado ausente

Los Vásquez Castaño fueron determinantes en la estructura inicial, la línea política y la estrategia insurreccional del grupo, aunque la organización sufriría pronto duros golpes militares y profundas crisis internas que marcarían su evolución posterior.

Desde hace más de tres décadas, los procesos de negociación con el ELN han sido una cadena de mesas inconclusas y fracasos reiterados. Tlaxcala, Maguncia, La Habana, Quito y otros intentos terminaron siempre del mismo modo: el ELN levantándose de la mesa sin acuerdos, sin desmovilización y sin abandonar jamás su naturaleza terrorista. Ninguno produjo paz. Todos produjeron algo mucho más útil para esa organización: tiempo, oxígeno político y margen de maniobra militar.

Esa experiencia histórica es clara, consistente y ampliamente documentada. Aún así el país volvió a repetir el error bajo la etiqueta de la llamada “paz total”. No se trató de una equivocación ingenua, sino de la insistencia consciente en una fórmula fracasada: otorgar estatus político a un grupo armado que nunca ha tenido voluntad real de negociación, suspender la acción del Estado y apostar, una vez más, por la supuesta buena fe de quienes han hecho del secuestro, la extorsión y el terror su método estructural.

Frente a este panorama no hay espacio para nuevas ilusiones. Al ELN no se le enfrenta con comunicados ni con mesas simbólicas, sino con la recuperación plena de la autoridad del Estado. Ello implica restablecer sin ambigüedades el monopolio legítimo de la fuerza, reactivar la acción sostenida de la fuerza pública, cortar sus fuentes de financiación, ejercer control territorial efectivo y desmontar cualquier forma de legitimación política del terrorismo. Implica, además, coherencia institucional y un respaldo político claro a quienes tienen la obligación constitucional de garantizar la seguridad.