La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y un importante líder provida advirtieron al presidente ecuatoriano Lenin Moreno que imponer el aborto, a pesar de la negativa de la Asamblea Nacional, puede generar otro descontento social, pues la gran mayoría de la población está en contra de esta práctica y se declara provida.

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“No es el momento de abrir nuevas heridas y confrontaciones. El Ecuador necesita sanar y reconciliarse. En tal virtud, tratar de imponer, por medio de un veto, como la ampliación de causales para despenalizar el aborto, que no fueron aprobadas por la Asamblea, puede generar otro descontento social. Una injusticia no se soluciona con otra injusticia”, señaló la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) en una carta abierta al mandatario.

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En el texto, de fecha 17 de octubre, los obispos expresaron su preocupación debido a que, en los próximos días, Moreno podría enviar un veto sobre el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual sería presentado ante la Asamblea Nacional.

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Este veto se presentaría a pesar de que el 17 de septiembre pasado, en el marco del debate de las reformas al COIP del Ecuador, el parlamento rechazó la despenalización del aborto para casos de violación, incesto, inseminación no consentida y malformación del bebé en el vientre materno.

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En su misiva, los obispos apelaron a la “gran sensibilidad social y firme decisión de respetar los procedimientos constitucionales y legales”.

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En declaraciones a ACI Prensa, Erwin Ronquillo, representante del Frente Nacional por la Familia, explicó que cuando la Asamblea Nacional aprueba un cuerpo legal en Ecuador, “este debe ser sometido al Ejecutivo para veto (facultad de prohibir una legislación)” y, por tanto, el presidente puede “vetar total o parcialmente, pero sin incluir materias que no forman parte del proyecto”.

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“En este caso, la Asamblea Nacional no aprobó el artículo referente a la despenalización del aborto en cuatro causales como parte de las reformas al Código Integral Penal (COIP), por tanto el presidente Lenin Moreno no puede incluir en su veto aquello que no consta en dicho proyecto de reforma. En esto la constitución y las leyes ecuatorianas son supremamente claras”, detalló Ronquillo.

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Advirtió que el intento de imponer el aborto por medio de un veto no solo “sería inconstitucional, ilegal e ilegítimo”, sino “imprudente o incluso hasta irresponsable ya que generaría otro descontento social, considerando que más del 80% de los ecuatorianos aprueban lo decidido por la Asamblea y rechazan cualquier intento de legalizar el aborto, tal como lo indica una encuesta muy seria que recientemente circuló en el país”.

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Ronquillo se refirió a una reciente encuesta realizada del 5 al 12 de octubre en todo el país por la empresa Click Research. Según el estudio, que fue compartido con ACI Prensa, el 72% de ecuatorianos están de acuerdo con mantener la Constitución del Ecuador que garantiza el derecho a la vida desde la concepción.

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Cerca del 82% no quiere que se apruebe el aborto; y la decisión de la Asamblea Nacional de no aprobar el aborto es apoyada por cerca del 69%. Además, cerca del 89% de ecuatorianos se considera “provida”.

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En el comunicado del 17 de octubre, los obispos ecuatorianos también aprovecharon para expresar su “solidaridad con los familiares de quienes perdieron la vida en distintas circunstancias” durante la crisis sociopolítica que ha envuelto al país en los últimos días, y prometieron “oración por su eterno descanso”.

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Finalmente, la CEE compartió “dos enseñanzas” de la primera reunión diálogo, que organizó el domingo 13 de octubre junto al Sistema de Naciones Unidas (ONU), para que el gobierno y las organizaciones del movimiento indígena puedan solucionar la crisis que ha dejado al menos ocho muertos y más de mil heridos en el país.     

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En primer lugar, indicaron que la “la paz y el respeto a la vida son valores intrínsecos del pueblo ecuatoriano, que los debemos amar y defender en todo momento”.

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Finalmente, dijeron que el “diálogo es el camino apropiado para superar las tensiones y los conflicto familiar, sociales y políticos. La imposición de leyes y la violencia generalizada tan solo causa heridas, pérdidas de vidas y destrucción de bienes.

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Ecuador enfrentó una grave crisis social con violentas protestas callejeras desde que el 1 de octubre el presidente Lenin Moreno anunció un reajuste económico que responde al acuerdo de febrero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha dado al país acceso a créditos por 4.209 millones de dólares en tres años, de los cuales 900 millones ya fueron entregados.

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De todas las medidas la que más rechazo fue la eliminación del subsidio a los combustibles que regía desde hace 40 años.

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Sin embargo, luego de más de 10 días de protestas y enfrentamientos que dejaron 7 personas fallecidas y miles de heridos y detenidos, el 13 de octubre el mandatario decidió derogar el decreto que eliminó el subsidio a los combustibles. 

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La decisión se tomó luego de la primera jornada de diálogo entre el gobierno y los sectores indígenas, en la que participó como mediadora la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y el Sistema de Naciones Unidas (ONU). Se anunció que ambos partes conformarán una comisión para elaborar un nuevo decreto que permita equilibrar la economía estatal.

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La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y un importante líder provida advirtieron al presidente ecuatoriano Lenin Moreno que imponer el aborto, a pesar de la negativa de la Asamblea Nacional, puede generar otro descontento social, pues la gran mayoría de la población está en contra de esta práctica y se declara provida.

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“No es el momento de abrir nuevas heridas y confrontaciones. El Ecuador necesita sanar y reconciliarse. En tal virtud, tratar de imponer, por medio de un veto, como la ampliación de causales para despenalizar el aborto, que no fueron aprobadas por la Asamblea, puede generar otro descontento social. Una injusticia no se soluciona con otra injusticia”, señaló la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) en una carta abierta al mandatario.

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En el texto, de fecha 17 de octubre, los obispos expresaron su preocupación debido a que, en los próximos días, Moreno podría enviar un veto sobre el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual sería presentado ante la Asamblea Nacional.

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Este veto se presentaría a pesar de que el 17 de septiembre pasado, en el marco del debate de las reformas al COIP del Ecuador, el parlamento rechazó la despenalización del aborto para casos de violación, incesto, inseminación no consentida y malformación del bebé en el vientre materno.

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En su misiva, los obispos apelaron a la “gran sensibilidad social y firme decisión de respetar los procedimientos constitucionales y legales”.

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En declaraciones a ACI Prensa, Erwin Ronquillo, representante del Frente Nacional por la Familia, explicó que cuando la Asamblea Nacional aprueba un cuerpo legal en Ecuador, “este debe ser sometido al Ejecutivo para veto (facultad de prohibir una legislación)” y, por tanto, el presidente puede “vetar total o parcialmente, pero sin incluir materias que no forman parte del proyecto”.

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“En este caso, la Asamblea Nacional no aprobó el artículo referente a la despenalización del aborto en cuatro causales como parte de las reformas al Código Integral Penal (COIP), por tanto el presidente Lenin Moreno no puede incluir en su veto aquello que no consta en dicho proyecto de reforma. En esto la constitución y las leyes ecuatorianas son supremamente claras”, detalló Ronquillo.

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Advirtió que el intento de imponer el aborto por medio de un veto no solo “sería inconstitucional, ilegal e ilegítimo”, sino “imprudente o incluso hasta irresponsable ya que generaría otro descontento social, considerando que más del 80% de los ecuatorianos aprueban lo decidido por la Asamblea y rechazan cualquier intento de legalizar el aborto, tal como lo indica una encuesta muy seria que recientemente circuló en el país”.

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Ronquillo se refirió a una reciente encuesta realizada del 5 al 12 de octubre en todo el país por la empresa Click Research. Según el estudio, que fue compartido con ACI Prensa, el 72% de ecuatorianos están de acuerdo con mantener la Constitución del Ecuador que garantiza el derecho a la vida desde la concepción.

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Cerca del 82% no quiere que se apruebe el aborto; y la decisión de la Asamblea Nacional de no aprobar el aborto es apoyada por cerca del 69%. Además, cerca del 89% de ecuatorianos se considera “provida”.

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En el comunicado del 17 de octubre, los obispos ecuatorianos también aprovecharon para expresar su “solidaridad con los familiares de quienes perdieron la vida en distintas circunstancias” durante la crisis sociopolítica que ha envuelto al país en los últimos días, y prometieron “oración por su eterno descanso”.

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Finalmente, la CEE compartió “dos enseñanzas” de la primera reunión diálogo, que organizó el domingo 13 de octubre junto al Sistema de Naciones Unidas (ONU), para que el gobierno y las organizaciones del movimiento indígena puedan solucionar la crisis que ha dejado al menos ocho muertos y más de mil heridos en el país.     

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En primer lugar, indicaron que la “la paz y el respeto a la vida son valores intrínsecos del pueblo ecuatoriano, que los debemos amar y defender en todo momento”.

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Finalmente, dijeron que el “diálogo es el camino apropiado para superar las tensiones y los conflicto familiar, sociales y políticos. La imposición de leyes y la violencia generalizada tan solo causa heridas, pérdidas de vidas y destrucción de bienes.

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Ecuador enfrentó una grave crisis social con violentas protestas callejeras desde que el 1 de octubre el presidente Lenin Moreno anunció un reajuste económico que responde al acuerdo de febrero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha dado al país acceso a créditos por 4.209 millones de dólares en tres años, de los cuales 900 millones ya fueron entregados.

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De todas las medidas la que más rechazo fue la eliminación del subsidio a los combustibles que regía desde hace 40 años.

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Sin embargo, luego de más de 10 días de protestas y enfrentamientos que dejaron 7 personas fallecidas y miles de heridos y detenidos, el 13 de octubre el mandatario decidió derogar el decreto que eliminó el subsidio a los combustibles. 

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La decisión se tomó luego de la primera jornada de diálogo entre el gobierno y los sectores indígenas, en la que participó como mediadora la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) y el Sistema de Naciones Unidas (ONU). Se anunció que ambos partes conformarán una comisión para elaborar un nuevo decreto que permita equilibrar la economía estatal.

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