Se trata de una denuncia interpuesta por Lina Navarro, estudiante de derecho, quien aseguró que los togados de esa justicia especial presuntamente incurrieron en los delitos de tráfico de influencias y utilización de asuntos sometidos a reserva.
Luego de recibir la denuncia, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación en contra de la presidente de la JEP, Patricia Linares, y contra el magistrado Alejandro Ramelli, por filtración ilegal información.
Según la estudiante, el magistrado le entregó a Linares, mediante un correo electrónico, información sobre la decisión de la Corte Constitucional que le dio vida a la JEP, sin que la sentencia hubiera sido publicada oficialmente. Esto lo pudo hacer ya que en ese entonces Ramelli trabajaba como magistrado auxiliar en la Corte Constitucional.
Fuente: Panampost
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