Las denuncias contra la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia y contra magistrados de esta misma justicia fueron ratificadas en los últimos días.

Se trata de una denuncia interpuesta por Lina Navarro, estudiante de derecho, quien aseguró que los togados de esa justicia especial presuntamente incurrieron en los delitos de tráfico de influencias y utilización de asuntos sometidos a reserva.

Luego de recibir la denuncia, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación en contra de la presidente de la JEP, Patricia Linares, y contra el magistrado Alejandro Ramelli, por filtración ilegal información.

Según la estudiante, el magistrado le entregó a Linares, mediante un correo electrónico, información sobre la decisión de la Corte Constitucional que le dio vida a la JEP, sin que la sentencia hubiera sido publicada oficialmente. Esto lo pudo hacer ya que en ese entonces Ramelli trabajaba como magistrado auxiliar en la Corte Constitucional.

Fuente: Panampost

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