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12/02/2020 | Por Luis Alfonso García Carmona

Los colombianos adoptamos para gobernarnos —como la mayoría de los países enmarcados en la cultura occidental— el sistema político de la Democracia. Sistema que, según las palabras de Maurice Duverger, dispone de los siguientes elementos básicos fundamentales: “representación popular basada en elecciones libres, separación de poderes que garantiza un control del Gobierno por el Parlamento, jerarquía de normas jurídicas basada en el principio de legalidad” (Instituciones políticas y Derecho constitucional, Ediciones Ariel, 1970, pag.113).

Asumimos, por lo tanto, que son nuestros representantes en el Gobierno y en las corporaciones públicas quienes dirijan, en nombre nuestro, la marcha del Estado y garanticen los derechos de los gobernados. Todo lo contrario de lo que ahora sucede: Un grupo derrotado políticamente tanto en las elecciones de Congreso como en las presidenciales, unido a unos sindicatos públicos politizados por el marxismo es el que dictamina cuándo deben cesar sus actividades todos los colombianos. Para los próximos 4 meses ya ha programado 8 paros, lo que equivale a una paralización del país cada quince días. Con unos pocos activistas ubicados estratégicamente bloquea el tráfico de toda una ciudad, causa daños en vehículos de transporte público y en las estaciones respectivas, amedrenta a la población y deja en cada protesta un monumental saldo de daños a la propiedad pública y privada y perjuicios económicos a la población. Ni el Gobierno nacional ni mucho menos los alcaldes de las principales ciudades, ideológicamente afines con los que protestan, adoptan medidas eficaces en defensa de los ciudadanos, sus bienes y sus legítimos derechos. Por ello, cabe preguntar: ¿Quiénes gobiernan en el país?

Gran parte del territorio nacional se encuentra bajo el poder de las FARC (a las que cortésmente llama el Gobierno “disidencias” o “grupos residuales”), del ELN y de sus aliados, los carteles mexicanos de la droga, lo que equivale simple y llanamente a que allí hemos perdido el ejercicio de la soberanía por parte del Estado. Así nos lo repiten a diario las noticias que llegan de Catatumbo, Arauca, Caquetá, parte alta de Córdoba, Bolívar, Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño, etc. ¿Vamos a dejar en estado de indefensión a los compatriotas que se encuentran en medio del conflicto entre narco-traficantes que luchan por su prevalencia sobre los otros, o será ya el momento de declarar el estado de conmoción interior para ejercer con plenitud la autoridad legítima del Estado?

Ahora nos amenaza el ELN con un paro armado nacional de 72 horas, prohibiendo el transporte terrestre, aéreo y fluvial y ordenando a la población permanecer en sus casas o sitios de trabajo. Ya los colegios anuncian suspensión de labores, los transportadores suspendieron sus servicios intermunicipales y la población sobrecogida aguarda la protección de sus autoridades. Como siempre, la dosis de insulsa palabrería, sin ninguna medida concreta de fondo, no se hizo esperar. Dijo el Ministro de Defensa: “Las Fuerzas Militares y de Policía van a responder con la firmeza adecuada y legítima y con todo rigor ante las amenazas de estos terroristas”. ¿Habrá alguna esperanza con tan gaseosa y anodina respuesta? ¿Por qué no pasar de la inocua defensa a eficaces acciones que tranquilicen a los colombianos y devuelvan siquiera en parte la confianza en sus autoridades? ¿No es hora ya de romper relaciones con Cuba, país que asila y protege a los líderes de estos paros y asesinos de los cadetes de la Escuela de Policía? ¿Es que, acaso, ellos son los amos del país?

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