Luis Alfonso García C.

Sin darnos por enterados, hemos caído en una tristísima realidad que –consciente o inconscientemente- nos negamos a reconocer.

Hablamos de derechos humanos en un país que no respeta el más elemental de los derechos: El derecho a la vida. A los más crueles asesinos de nuestra historia los premiamos con la más detestable impunidad, los llenamos de privilegios económicos, los elevamos a la dignidad de honorables parlamentarios.

No existe una seria y eficaz política criminal del Gobierno, la Fiscalía y la Policía Nacional para eliminar de un tajo las causas eficientes de los homicidios que a diario se perpetran en campos y ciudades.

En cambio, por cuenta de las Cortes, sí se alienta el vil asesinato de las indefensas criaturas que viven en el vientre materno. Vociferan algunos llamados “progresistas” por la muerte de un toro bravo en el ruedo, pero pasan de agache ante la masacre de miles de seres humanos mediante el aborto.

Y, ¿qué decir del respeto por la Democracia y por el Estado de Derecho? Votamos por un cambio que ofrecía gobernar bajo el principio de la legalidad, pero todo el sistema está sujeto a un acuerdo espurio, rechazado por el pueblo en un plebiscito. ¿Por qué no se convoca un nuevo referendo y se pregunta al pueblo si está de acuerdo con semejante engaño?

No sólo no se consiguió la prometida paz con ese claudicante acuerdo, sino que nos convirtió en el principal exportador de cocaína del mundo. Vergüenza nos debiera dar de semejante título. Nos ufanamos de unos índices económicos fincados en las abultadas remesas de ilícito dinero, producto de ese negocio maldito.

Y así, como en un tenebroso caleidoscopio, van pasando las imágenes de un país arrastrado a una crisis en todos los órdenes de la vida en sociedad, debido al abandono de los tradicionales principios cristianos y democráticos;  a la inclusión de peligrosas normas sobre ideología de género en nuestra legislación que destruirán a la familia;  a la excesiva tolerancia con el terrorismo que amedrenta a la población en campos y ciudades; a la negativa de extirpar con decisión el cáncer del narcotráfico; a la ausencia de normas eficaces contra la corrupción, que comiencen por la sustitución de todos los funcionarios corruptos heredados de la administración anterior.

No obstante la indiferencia de muchos frente a esta crítica coyuntura, se levanta una mayoría silenciosa que no tolerará la entrega del país ni al socialismo, ni a los corruptos incrustados en la última década en el engranaje del Estado. Una mayoría que no se dejará amedrentar por los vándalos que ahora se dedican a impedir el tráfico en las ciudades y a dañar lo que hemos construido con nuestro esfuerzo. Una mayoría que defenderá nuestras ciudades de estos populistas alcaldes que pretenden hacerle el juego a los bárbaros y emascular a nuestra fuerza pública. Una mayoría que defenderá con valor la vida de los pequeños que luchan por nacer en un país libre que los quiera y respete desde el momento de su concepción.

Como dice Juan Pablo Medina, su hijo Juan Sebastián merece vivir.

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