El excandidato presidencial Juan Carlos Echeverry, el mismo que cuando fue ministro de Santos acuñó el término «mermelada» para referirse a la participación en contratos que recibían los congresistas a cambio de apoyar al gobierno, publicó hace días una columna de opinión que obliga a pensar en el carácter pernicioso de la reforma tributaria. Y dice:
«En 2021 les pagamos 30 billones más que en 2020. En 2022 aportamos 40 billones más que en 2021. Y en 2023 le daremos de nuevo 40 billones más que en 2022. ¡Y todavía les faltan 25 billones! ¿No será más bien que entre más tienen más gastan, no hay plata que le alcance, y sencillamente no saben manejar la plata?» (Gaste, el jefe paga. El Heraldo, 02/10/2022).
Es decir, este año se pagaron en impuestos 70 billones de pesos más que en 2020, y el año entrante esa cifra subiría a 110 billones, sin contar los 25 billones (o 22 ahora) que busca la reforma tributaria de Petro. Como quien dice, Petro va a contar con 130 billones de pesos más que su antecesor cada año, o sea que en su cuatrienio va a tener como 500 billones adicionales para dar y convidar, o 400, si exceptuamos su reforma.
Por eso, muchos expertos afirman sin dubitaciones que esta tributaria no se necesita, que la olla no está raspada como denuncia el petrismo y que el nuevo gobierno ni siquiera tiene claro en qué se va a gastar esos nuevos recursos. Por este último motivo, el Concejo de Medellín le ha negado al alcalde Quintero (ficha de Petro) su propuesta de vender el 50% que poseen las empresas públicas de la ciudad (EPM) en Une-Tigo por casi 3 billones de pesos, al considerar que la destinación de esos dineros o no será pulcra o estará dirigida a mantener el poder en Medellín incidiendo en las elecciones de octubre de 2023.
Lamentablemente, Petro tendrá recursos de sobra para ambas cosas (corrupción y perpetuación en el poder), pero no contento con eso está dispuesto a arruinar la economía con una reforma que exacerbará la inflación, que desincentivará la inversión, que golpeará el empleo. Y todo eso en el marco de un exagerado incremento de la gasolina —y próximamente del diésel— dizque para eliminar un subsidio que, en realidad, no existe. Con ello tendrá anualmente casi 40 billones más para gastar a manos llenas.
Muchos justifican este expolio aduciendo que Colombia aun está por debajo de Latinoamérica en recaudación de impuestos pues apenas estamos en alrededor del 18% del PIB mientras los vecinos, en promedio, se acercan al 22%. A la vez, nos dicen que los países de la OCDE, con quienes nos suelen comparar, tienen un promedio de recaudación que ronda el 35% de su PIB. Todo esto para demostrarnos que podemos dar más, que todavía tenemos mucho jugo para exprimir, pero casi todos los expertos hablan ya de cierre de empresas, despidos, quiebras, recesión…
No son pocos, pues, los que consideran que el Estado debe adelgazarse y gastar menos en televisores y plumones de ganso en vez de seguir ahorcando la economía real. El presupuesto de la Nación saltó como con garrocha de 350 billones este año a 405 billones en 2023. ¡Solo se piensa en gastar! La idea de comprarles 3 millones de hectáreas al gremio ganadero para entregárselas a campesinos sin tierra parece muy loable, pero compromete 60 billones de pesos que se irán por el caño si no se implementan vías terciarias, distritos de riego, programas de acompañamiento técnico, planes de financiación de semillas y fertilizantes y otros asuntos vitales para la producción agrícola que sobrepasan las posibilidades de este gobierno. Un gasto inútil.
Se lograría más si Petro dejara de insistir —a través de sus ministras— en que va a acabar con las EPS y demoler el sistema de salud, y a terminar con la exploración y explotación de petróleo, gas y carbón. Una sola de esas barbaridades acabaría con el país, y no haría falta una nefasta reforma tributaria para lograr ese cometido.
Fuente: Panampost
