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Petro cesa a dos de sus funcionarios clave: el ABC del escándalo que sacude al Gobierno

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El presidente de Colombia destituyó este 2 de junio a su jefa de gabinete, Laura Sarabia, y al embajador colombiano en Caracas, Armando Benedetti. Ambos habían resultado implicados en el caso de unas presuntas escuchas ilegales, dadas a conocer por la Fiscalía, a dos trabajadoras de Sarabia. Se trata del último giro de una investigación que indaga si hubo abuso de poder por parte de la exfuncionaria: una niñera de Sarabia denunció días antes que fue forzada a someterse a la prueba de polígrafo en un sótano de la Casa de Nariño, la sede presidencial, tras ser acusada de un robo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a su ex jefa de Gabinete, Laura Sarabia, tras la reunión con los presidentes de la región durante la cumbre suramericana, en Brasilia, Brasil, el 30 de abril de 2023.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a su ex jefa de Gabinete, Laura Sarabia, tras la reunión con los presidentes de la región durante la cumbre suramericana, en Brasilia, Brasil, el 30 de abril de 2023. 

El robo de un maletín con miles de dólares, escuchas ilegales, presunta manipulación y abuso de poder. Al estilo del drama político ‘House of Cards’el Gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro se ha visto sacudido por un escándalo frente al cual el mandatario da sus primeros pasos: el despido de dos altos funcionarios de su círculo más cercano.

Su mano derecha y hasta ahora jefa del gabinete, Laura Sarabia, y el hasta hoy embajador de Colombia en Caracas, Armando Benedetti, fueron retirados de sus cargos.

La decisión llega un día después de que la Fiscalía General de la Nación anunciara que abrió una investigación para hallar a los responsables de las interceptaciones ilegales a los teléfonos de dos empleadas domésticas de Sarabia, luego de que la funcionaria las señalara como sospechosas de un robo en su vivienda.

Las interceptaciones habrían tenido lugar tras ser involucradas falsamente con el grupo narcotraficante Clan del Golfo. Todo con el fin de obtener la autorización de un juez para intervenir sus teléfonos.

Un caso que pone la lupa sobre el primer Gobierno de izquierda en Colombia que prometió cambios y eliminar las denunciadas “chuzadas”, como se conoce este tipo de prácticas en Colombia, que fueron controversiales durante la Administración del derechista Álvaro Uribe y de las que, incluso, fue objeto el entonces líder opositor y ahora mandatario.

A continuación, las líneas de la investigación y claves del caso:

1. El robo de un maletín con miles de dólares

La secuencia de los hechos dignos de una serie de ficción surgió desde el pasado 29 de enero.

Ese día, Sarabia interpuso una demanda ante la Fiscalía por el robo de un maletín con 7.000 dólares en efectivo de su vivienda, dinero que según aseguró correspondía a gastos de viáticos.

Sin embargo, el monto podría haber sido mayor y tanto la cantidad como el origen de los recursos también son materia de investigación.

Según la versión de Marbelys Meza, entonces niñera de Sarabia y una de las mujeres a quien le fue interceptado su teléfono, en una entrevista con la revista colombiana ‘Semana’, su empleadora la acusó del hurto de 150 millones de pesos. Es decir, alrededor de 21.000 dólares.

La afirmación de Meza sobre la cantidad desaparecida fue respaldada por el entonces embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, padrino político de Sarabia, pero con quien posteriormente ha sostenido varios enfrentamientos. El funcionario publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter en los que señaló que nada justificaba que la funcionaria tuviera “150 millones de pesos en una maleta”.

2. La denuncia de una prueba de polígrafo en un sótano de la casa presidencial

Marbelys Meza sostiene que el 30 de enero, un día después del robo, agentes de la Policía la obligaron a trasladarse a la Casa de Nariño, la residencia presidencial, después de que la recogieran en su vivienda.

Allí, en uno de sus sótanos, asegura Meza, fue sometida a la prueba de polígrafo durante alrededor de tres horas, en medio de intimidaciones y acusaciones frontales en su contra, pese a que ella repetía que no tenía ninguna relación con el hurto.

“Me tuvieron en el polígrafo como hasta las 4 o 5 de la tarde. Después me volvieron a quitar el teléfono. Los policías que estaban ahí con su escarapela me dijeron: ‘Usted es una mentirosa, usted se puede burlar de ese aparato, pero de nosotros no. Esta noche no va a su casa, usted de aquí va presa, le vamos a hacer un allanamiento a todos sus familiares, o sea a sus hermanos y a usted’”, declaró.

La mujer sostiene que, desde entonces, se ha sentido perseguida. “Cuando estaba en el sótano me sentí secuestrada, aturdida, ahogada, esperando a que me hicieran el polígrafo. Me dijeron que si no colaboraba me iban a meter presa y que iban a ir por mi familia”, relató Meza.

La exempleada de la jefa del gabinete del Gobierno colombiano sostuvo que fue interrogada por tres hombres, sin ninguna orden judicial y por orden de Sarabia.

3. Las escuchas ilegales

En la última semana, más detalles del caso salieron a la luz. Justo un día después de que Sarabia interpuso la demanda por robo, el 30 de enero, se iniciaron las interceptaciones de los teléfonos de Meza y otra empleada doméstica identificada como Fabiola, asegura la Fiscalía General de la Nación.

“Hoy es un día muy lamentable para el Estado de Derecho en Colombia. Hoy podemos decir con claridad que las chuzadas, las interceptaciones ilegales, han retornado a Colombia”, declaró en una rueda de prensa el fiscal general, Francisco Barbosa, el jueves 1 de junio.

Según la información divulgada por el fiscal, tan pronto ocurrió el hurto, dos policías viajaron de inmediato a Quibdó, capital del departamento de Chocó, en el occidente de Colombia, con un informe falso para presentarlo ante un fiscal que persigue organizaciones criminales.

Para lograr las escuchas irregulares, Meza fue señalada de ser alias ‘la Cocinera’ de un sujeto conocido como alias ‘Siopas’, quien, para ese momento, era cabecilla del Clan del Golfo, uno de los principales grupos narcotraficantes de Colombia.

Por su parte, Fabiola fue perfilada falsamente como alias ‘la Madrina’, a quien acusaron de “realizarle giros de plata (a ‘Siopas’), comprar comida, llevar memorias con información y con órdenes impartidas por ‘Ómar’, segundo cabecilla”, indicó el fiscal.

Sin embargo, el encargado del monitoreo alertó a sus superiores que las dos sospechosas no tenían ninguna relación con ese grupo criminal.

Las comunicaciones de Meza fueron interceptadas por diez días y las de su compañera por 72 horas, ya que un fiscal ordenó interrumpir las intervenciones al considerar que las mujeres solo hablaban de asuntos personales sin interés para la Justicia.

La legalidad de dichos procedimientos y quién habría dado la orden son otras de las principales directrices de la pesquisa.

El ente acusador indaga si Sarabia, una persona de entera confianza del presidente con capacidad de influir en sus decisiones, abusó de su cargo y utilizó el aparato de inteligencia estatal para esclarecer la desaparición del dinero de su vivienda.

4. La presunta implicación de Benedetti y el vuelo de Meza a Venezuela

La controversia tomó mayor magnitud cuando intervino el hasta hoy embajador en Caracas, Armando Benedetti, quien ha intentado desestimar las acusaciones de haber gestado una presunta conspiración contra Sarabia a través de Meza.

Luego de que el escándalo saliera a la luz, también se supo que Benedetti ya conocía a Meza. La mujer trabajó para él y su esposa durante unos diez meses antes de que ella fuera contratada por Sarabia para cuidar a su hijo.

Pero Benedetti pasó de acusador a implicado en el escándalo por presuntamente ayudar a Meza a que filtrara el caso ante la prensa.

Si bien Benedetti aseguró que fue Sarabia quien le comunicó el pasado 17 de abril su preocupación por la supuesta intención de su empleada de hablar con los medios de comunicación colombianos, posteriormente se conoció que la empleada habría viajado a Caracas en un vuelo privado con Benedetti. A su regreso, Meza concedió la entrevista a la revista ‘Semana’.

En los últimos días, Benedetti sugirió que la alta funcionaria estaría detrás de las escuchas ilegales, ya que no habría otra forma de que Sarabia conociera las intenciones de su empleada.

«Está manipulando la información y esa cortina de humo (…) no justifica el abuso de poder, el secuestro y la intimidación», acusó.

Benedetti dio a entender incluso que el dinero desaparecido provendría de un potente grupo empresarial de transporte, sugiriendo, además, pagos irregulares.

Sin embargo, surgió otro detalle político del caso: Meza también habría sido sometida a una prueba de polígrafo cuando trabajó en casa de Benedetti, señalada por otro presunto robo. La acusación establecería que el funcionario, al igual que Sarabia, habría incurrido en una práctica de abuso de poder mucho antes del escándalo que involucra a la ex jefa de gabinete de Petro.

5. Las declaraciones de Petro

La apertura de estas investigaciones por parte de la Fiscalía General se da en medio de un choque institucional entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa.

En una declaración reciente, Barbosa aseguró que la política de paz del mandatario se había convertido en un incentivo para el crimen. También lo acusó de haber vulnerado el Estado de derecho, luego de las polémicas declaraciones del mandatario, que había afirmado que el presidente del país es el jefe del fiscal. Días después, el gobernante rectificó su pronunciamiento.

En medio de los cuestionamientos por las indagaciones de la Fiscalía sobre las escuchas ilegales y la presunta prueba irregular de polígrafo en una dependencia de la casa presidencial, Petro inicialmente se mostró desafiante. “Investiguen todo lo que quieran”, sentenció.

Además, en un mensaje de Twitter, el mandatario defendió la utilización de las pruebas de polígrafo. “Se hacen desde hace años por la seguridad de la presidencia”, señaló.

En los últimos días, defendió a su Administración de incurrir en prácticas irregulares. “Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas”, escribió en la misma red social.

Finalmente, el jefe de Estado intenta cortar la crisis institucional desde la raíz. Con las dos destituciones de su círculo político más cercano, el presidente busca alejarse de un procedimiento del que él mismo fue víctima cuando era opositor, durante la Administración del expresidente Álvaro Uribe.

Sin embargo, el desarrollo de la trama continúa. La Fiscalía ya advirtió que en los próximos días se llamará a imputación de cargos a varios implicados en el caso.

Con AP y medios locales

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