El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desterró este jueves a 222 presos políticos, que fueron trasladados de manera inmediata al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino para tomar un vuelo hacia Washington. La información fue confirmada por fuentes diplomáticas y familiares de los encarcelados por la dictadura en la brutal embestida que los mandatarios sandinistas ejecutaron contra la oposición y otras voces críticas del país.

«No sabemos nada con certeza, más de lo que ha salido en las redes sociales y los medios de comunicación. Nos han dicho que hay 222 presos políticos que van en un vuelo a Washington, pero no sabemos quiénes están en esa lista», detalló César Dubois, pareja de Suyén Barahona, activista y presidenta de la Unión Demócrata de Nicaragua (Unamos), quien fue arrestada el 13 de junio de 2021.

La noticia también fue confirmada por fuentes diplomáticas. Según una información obtenida por el medio nicaragüense ‘Divergentes’, una fuente ligada al Gobierno de Estados Unidos aseguró que el régimen decidió de manera unilateral el envío de 222 nicaragüenses que permanecían encarcelados por razones políticas.

Berta Valle, esposa del precandidato presidencial Félix Maradiaga, dijo la mañana de este jueves que recibió una llamada del Departamento de Estado en la que le confirmaron la salida de su esposo del país. «Esta mañana a través de una llamada telefónica me confirmaron que se ha logrado la liberación de personas presas políticas y que han sido enviadas en un vuelo privado hacia Washington. Estarán llegando al final de la mañana o por la tarde al aeropuerto de Dulles», explicó Valle.

El Congreso de Estados Unidos reiteró que la medida fue tomada de manera unilateral por el régimen de Ortega. En un comunicado explicaron que los 222 presos políticos de Nicaragua, incluido un ciudadano estadounidense, son «bienvenidos» a dicho país. «Estados Unidos continúa priorizando el apoyo al pueblo nicaragüense y sus libertades fundamentales y derechos humanos», reiteró el Congreso. Fuentes del Departamento de Estado aseguraron al periodista José Luis Sanz, de ‘El Faro’, que se ha dispuesto un hotel con asistencia médica a las personas que arribarán a Washington. El Gobierno también les entregará un permiso humanitario de permanencia o «parole» por dos años.

Un grupo de jueces que dirigieron casos de presos políticos se reunieron esta mañana, tras la noticia, en el Complejo Judicial de Managua para reafirmar el destierro de las 222 personas. «Se ordena la deportación inmediata y efectiva de 222 personas. Dichas personas fueron deportadas del país, para lo cual se giraron los oficios respectivos al Ministerio de Gobernación y Relaciones Exteriores para lo de sus cargos», aseguró el magistrado Octavio Rothschuh este jueves. De esta forma, quedaron «suspendidos sus derechos ciudadanos de forma perpetua», según detalló el Poder Judicial.

Los indicios de dicha decisión se venían gestando horas atrás. Los jueces a cargo, un día antes, llamaron a los abogados defensores para notificarles sobre la muerte civil de los sentenciados. En ciertos casos la autoridad judicial decretó inhabilitación para cargos públicos lo que durara la pena, no obstante, ahora los 222 presos políticos dejaron de ser nicaragüenses para el régimen. Sin embargo, no existe ninguna figura constitucional que permita a un nicaragüense ser despojado de su nacionalidad o renunciar a ella.

Los jueces utilizaron el término «deportación». una figura que expertos en derecho tachan de aberración al emplearse para ciudadanos nicaragüenses que no pueden ser ni siquiera extraditados del territorio nacional por mandato constitucional. El Artículo 43 de la Carta Magna lo prohíbe expresamente. «Es Crimen de lesa humanidad la deportación o traslado forzado de población, ya sea por expulsión u otros actos coactivos de la zona en que una persona esté legítimamente presente, sin motivos reales autorizados por el derecho internacional», explicó por su parte el abogado nicaragüense Yader Morazán, quien también fue funcionario del Poder Judicial.

Minutos después, los diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, se reunieron en el Parlamento de forma extraordinaria para reformar el artículo 21 de la Constitución Política con el fin de justificar el despojo de la nacionalidad de los presos, por ser considerados como «traidores a la patria». «Las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 237 del 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense», dicta la reforma aprobada sin discusión y unanimidad.

A la publicación de este artículo, el avión con las 222 personas no ha arribado a Washington. Esta decisión se perfila como el punto culminante de la represión de los presos políticos en Nicaragua, país que atraviesa una crisis de derechos humanos a raíz de las protestas de abril de 2018. El régimen de Ortega y Murillo mantiene el control absoluto en todos los poderes del Estado, y garantizó su permanencia por cinco años en noviembre de 2021, cuando se realizaron unas cuestionadas elecciones generales con la oposición legítima encarcelada.

Fuente: Sistema Integrado Digital