Las negociaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro no van nada bien. A la narcoguerrilla le importa poco o nada cumplir con la utópica “paz total” que ha sido bandera de la campaña del mandatario izquierdista. Desde la instalación de las mesas de diálogos hace seis meses, el ELN ha cometido 90 ataques armados en el territorio colombiano.

“Mientras no haya un decreto presidencial que diga algo diferente sobre el ELN, nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer con todo grupo armado organizado que vaya en contra de las políticas y de la Constitución”, sentenció el comandante del Ejército Nacional, el general Luis Mauricio Ospina.

Las ilusas promesas de Petro de replegar a los irregulares son vagas y cada día se vuelven más difíciles de cumplir. De hecho, Ospina reconoce constates enfrentamientos entre las “disidencias” de alias ‘Iván Mordisco’ y la Segunda Marquetalia, en el corredor estratégico de Sumapaz, una localidad rural de Bogotá donde supuestamente “rige” la paz.

El cruce de fuego entre los bandos se concentra en el sector de la zona del Cañón de la Duda, ubicado en los alrededores de los departamentos del Meta y Cundinamarca. La Defensoría del Pueblo lo confirma. El ente mantiene alertas sobre las disputas que diariamente ponen en riesgo a los habitantes de diez municipios de Cundinamarca y uno del Tolima.

“Después que salen estas personas hay un enfrentamiento, se informa que hay presencia, vamos, estamos, y en el momento que hay intención, reaccionamos como corresponde”, dijo el general Ospina.

Diálogos sin resultado

Esta larga lista de ataques del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia constata que la disposición de la organización criminal para sentarse en una mesa de conversaciones en busca del anhelado acuerdo de paz con Petro es una farsa.

Las acciones violentas vuelven inútil el afán de los equipos negociadores –que se instalaron en noviembre del año pasado en Caracas, Venezuela, en su primera fase–  para reanudar el “diálogo político” iniciado en marzo de 2016 durante el mandato de Juan Manuel Santos y que fue suspendido en enero de 2019 por la administración de Iván Duque tras el atentado cometido por este grupo narcoguerrillero con un carro bomba contra la escuela de cadetes General Santander, en Bogotá, que dejó 23 muertos, incluyendo al atacante.

Quizá ahora Petro entienda a Duque. La lección es amarga, claro está. Sobre todo para el mandatario izquierdista que pretendía lucir como trofeo un acuerdo con los insurgentes.

La postal tardará o muy probablemente no la logrará, considerando que las delegaciones cerraron el 12 de diciembre el primer ciclo de negociaciones anunciando sólo un acuerdo parcial sobre “acciones y dinámicas humanitarias”.

Asperezas en la mesa

Haber divulgado un alto al fuego bilateral sin el respaldo de  la guerrilla le salió caro a Gustavo Petro, y trasladar la mesa de negociación a Ciudad de México para el segundo ciclo de conversaciones en febrero lo confirmó al cerrar la jornada sin mayores avances.

Ahora, el tercer ciclo de discusiones transcurre en Cuba, donde queda claro que tampoco saldrá humo blanco. “En La Habana, donde negocia la guerrilla y el Gobierno, se viven las horas más tensas desde que arrancó el proceso”, sostiene El País. Y es que Petro equiparó al ELN con los cárteles de la droga, y la comparación ardió, ya que “si viene el presidente y dice a los generales que somos un grupo no político, que somos como el Clan del Golfo, todas las conversaciones se van al traste”, aseguró el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán.

La tensión está servida con el historial de ataques cometidos por el ELN en los últimos seis meses en medio del intento de negociación. ¿Se reducirá pronto? Con tantas asperezas nadie sabe. Menos cuando el ELN permanece dentro de la ley Gao, aprobada en 2018, que rige las disposiciones para los grupos armados organizados. Estar en la normativa no sólo los califica sino dictamina el protocolo judicial si un miliciano es capturado. Aún si no es acusado de ningún crimen de sangre formará parte de la clasificación más dura, la A, reservada para terroristas. ¿Los sacará Petro para seguir con su utopía de la “paz total”?

Fuente: Panampost