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La justicia de Daniel Ortega condena a más sacerdotes e impone la inhabilitación de por vida a cargos públicos
Los seis religiosos y el laico sentenciados por la justicia de Daniel Ortega fueron apresados junto con el obispo Rolando Álvarez el pasado mes de agosto
La jueza sandinista Nadia Camila Tardencilla Rodríguez realizó el juicio contra seis religiosos católicos y un laico de la diócesis de Matagalpa a puertas cerradas. Fue un proceso político hermético, sin posibilidad de conocer las pruebas presentadas por la Fiscalía controlada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Solo trascendió que –a pesar que los tres sacerdotes, dos seminaristas y el diácono usaron su última palabra para insistir en su inocencia citando versículos bíblicos– el veredicto fue de culpabilidad y les acarreó una pena de prisión de 10 años por los supuestos delitos de “conspiración y propagación de noticias falsas”.
Estos seis religiosos y el laico fueron apresados junto con el obispo Rolando Álvarez, la voz más crítica crítica del catolicismo ante las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, en agosto de 2022, cuando una tromba policial irrumpió de madrugada en la casa cural de Matagalpa. Aunque el titular de la diócesis norteña es acusado por los mismos delitos políticos, y por la misma jueza sandinista, los religiosos bajo la tutela de Álvarez fueron procesados por separado y han sido mantenidos encerrados en la temida cárcel de El Chipote. El obispo de Matagalpa, el jerarca católico de mayor nivel preso en Nicaragua, es mantenido bajo “casa por cárcel”.
La jueza Tardencilla informó también de que el proceso contra monseñor Álvarez fue adelantado para este próximo 15 de febrero, ya que estaba programado para el 28 de marzo. Fuentes religiosas han coincidido que ese caso ha estado en un impasse por dos razones fundamentales: la primera es que los Ortega-Murillo le han ofrecido “exilio o cárcel” al obispo, pero él se ha negado rotundamente a “abandonar su patria”. Y la segunda es que el Vaticano ha buscado acercamientos con el régimen, según el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Herrera.
No se sabe qué resultados ha tenido la Santa Sede, pero fuentes del poder judicial creen que ninguno. Sobre todo, continúan los informantes consultados por EL PAÍS, porque la Fiscalía “fábrica las pruebas” contra el obispo Álvarez basadas en sus homilías críticas que eran esparcidas en redes sociales, con el fin de “desestabilizar” al Gobierno. Es decir, que perfilan al obispo como “un gran conspirador”.
Hasta el momento, la alta jerarquía católica y El Vaticano mantienen silencio absoluto ante la persecución religiosa en Nicaragua, que ya suma nueve sacerdotes y religiosos condenados en un clima de prohibición de procesiones a diferentes parroquias y un número de párrocos exiliados en ascenso.
Justicia nicaragüense condena a tres sacerdotes a 10 años de prisión
