Ecuador: Lasso, entre destitución de la Asamblea Nacional o implementación de la ‘Muerte cruzada’

Este fin de semana el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, enfrenta en el Parlamento un pedido de destitución presentado bajo la causal de “grave crisis política y conmoción interna” por 46 legisladores de la bancada de la Unión por la Esperanza (UNES), leal al expresidente Rafael Correa. La movida está amparada en el artículo 130 de la Constitución del país.

Este mecanismo obliga a la Asamblea Nacional a discutir la materia en las siguientes 24 horas desde que se introduce la activación. Durante la sesión, prevista para esta tarde, el presidente tendrá la oportunidad de declarar sus argumentos de defensa y, una vez finalizado el debate, los parlamentarios contarán con 72 horas para tomar una decisión.

Para alcanzar la remoción del mandatario, se necesita que 92 de los 137 legisladores presentes en el parlamento voten a favor, es decir dos tercios de la cámara. En la actualidad el presidente solo cuenta con el apoyo de 27 escaños fijos, por lo que la decisión queda a disposición del movimiento indígena Pachakutik, que promueve las protestas iniciadas hace casi dos semanas, y del Partido Social Cristiano que apoyaba en un inicio a Lasso pero que con el tiempo comenzó a expresar su descontento al asegurar que el mandatario no ha hecho nada por resolver los problemas de las comunidades que hoy se manifiestan.

Asamblea Nacional o ‘Muerte Cruzada’

Al presidente le quedan dos opciones: someterse a la decisión de la Asamblea Nacional o presentar el mecanismo conocido como ‘Muerte Cruzada’, apelando al artículo 148 de la Constitución, texto inédito en las constituciones de América Latina y que da facultad al primer mandatario para disolver la Asamblea Nacional una sola vez durante el marco de sus tres primeros años de gobierno, alegando también “grave crisis política y conmoción interna”.

En ese caso el Consejo Nacional Electoral deberá convocar en un plazo máximo de siete días nuevas elecciones legislativas y presidenciales, en donde se ratificarán o no, los 137 asambleístas y un binomio presidencial.

En tal caso, durante los meses de espera para los comicios, el presidente seguirí en funciones y podría dictar con la aprobación de la Corte Constitucional decretos o leyes que considere necesarios.

Lasso denuncia golpe de estado

Previo a la activación del mecanismo de destitución, el presidente Lasso ya venía denunciando un intento de golpe de estado a través de la televisión nacional y las redes sociales, realizando un “llamado a la comunidad internacional para advertir este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador» y acusando de buscar “el derrocamiento del Gobierno” al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, quien algunas horas antes había asomado la posibilidad de introducir el recurso para revocar al mandatario nacional.

“Esto nos deja claro que él, nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el Gobierno legalmente constituido”, afirmó el presidente en su alocución. Anunció además que a partir de ese momento las fuerzas de seguridad comenzarían a tener un accionar más contundente.

Lasso lamentó que las declaraciones de Iza se realizaran luego de que el Gobierno llegara a algunos acuerdos como la condonación a familias campesinas de deudas vencidas, la reducción de tasas de interés y el aumento de 50 a 55 dólares de un bono para hogares en vulnerabilidad, además de que se le permitiera al movimiento indígena instaurar una “asamblea popular” en la Casa de la Cultura de Quito, de donde posteriormente a las declaraciones fueron desalojados los movilizados, volviendo a convertir las protestas en una batalla campal.

Paro indefinido

El movimiento indígena alega por su parte que los diez puntos del pliego de las demandas no han sido atendidos en su totalidad y que muchos han quedado por fuera, como reducir y congelar los precios de los combustibles, no aumentar la actividad petrolera y minera en la Amazonía, controlar los precios en los productos de primera necesidad y detener la privatización de empresas estatales.

Leonidas Iza anunció que continuarán las protestas y el paro de manera indefinida, aunque negó que la intención fuera derrocar al presidente, pero declaró que si este no había tenido la capacidad para resolver los problemas era mejor que se fuera y rechazó que las fuerzas de seguridad los desalojaran de la Casa de la Cultura en donde según el líder estaban por aprobar “un proceso de paz” con el gobierno.

“En lugar de recibir los resultados, hemos recibido ataques absolutamente violentos por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”, expresó Iza.

Más de 14.000 indígenas se movilizan por todo el país, en su mayoría en la capital ecuatoriana en donde los enfrentamientos dejan hasta ahora al menos seis víctimas mortales y más de 180 heridos entre militares y policías según las autoridades.

Con información de Reuters, EFE, AFP y AP