Actualidad
Continúan las protestas en Perú mientras un juez decide la suerte inmediata de Castillo
Al finalizar la tarde de este jueves 15 de diciembre, un juez de Perú decidirá si el depuesto presidente Pedro Castillo permanecerá detenido mientras las autoridades preparan el caso de rebelión contra él, pero un fallo positivo podría generar nuevas protestas.
Un fallo de la Justicia peruana podría prolongar la detención del expresidente Pedro Castillo hasta 18 meses, tan solo un día después de que el Gobierno decretara el estado de emergencia nacional para intentar frenar las violentas protestas derivadas de la destitución de Castillo, que hasta ahora dejan ocho personas muertas.
La audiencia virtual se realizó pese a que Castillo se negó a ser notificado. En su ausencia, fue representado por un defensor público porque él y su equipo legal no quisieron participar argumentando que la audiencia carecía de «garantías mínimas».
Los manifestantes en varias partes del país exigen la libertad de Castillo, la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones generales para elegir un nuevo presidente y sustituir a todos los miembros del Congreso.
Boluarte, quien era la vicepresidenta de Castillo, declaró el miércoles que las elecciones generales podrían programarse para diciembre de 2023, cuatro meses antes del calendario que había propuesto el lunes al Congreso.
Castillo fue arrestado después de haber sido destituido por los legisladores cuando trató de disolver el Congreso antes de un intento por destituirlo. El fiscal supremo de Perú, Alcides Chinchay, declaró que Castillo se enfrenta a un mínimo de 10 años de prisión por el cargo de rebelión.
Desde el 7 de diciembre, cuando comenzaron las protestas, al menos ocho personas murieron en medio de los enfrentamientos entre manifestantes y autoridades. Todas las muertes se produjeron en comunidades rurales empobrecidas a las afueras de Lima, bastiones de Castillo, un novato en la política y antiguo maestro de escuela de un distrito andino.
De las víctimas, al menos seis murieron por disparos, según grupos de derechos humanos. Los manifestantes bloquean carreteras, incendian edificios e invaden aeropuertos en reclamo por la liberación de Castillo, que ha generado fuertes choques con las fuerzas policiales.
«Hemos acordado declarar el estado de emergencia en todo el país, debido a los actos de vandalismo y violencia», anunció el ministro de Defensa, Alberto Otárola el pasado 14 de diciembre.
«Esto requiere una respuesta contundente del Gobierno», aseguró el funcionario y agregó que significaba la suspensión de ciertas libertades, incluyendo el derecho de reunión y la libertad de tránsito, incluso que daría a las autoridades el derecho de entrar en las casas sin una orden judicial.
Pese a que las Fuerzas Armadas prometieron ayudar a mantener el orden público, en Andahuaylas, donde al menos cuatro personas murieron desde el inicio de las protestas, no hay presencia de soldados.
La decisión del juez César San Martín Castro, prevista para las 17:00 horas de este jueves, se produciría después de que el Congreso despojara a Castillo del privilegio que impide a los presidentes enfrentarse a cargos penales.
El otro acusado es Aníbal Torres, el exprimer ministro peruano, acusado como presunto coautor del delito de rebelión y conspiración. Torres se declaró en la clandestinidad desde el sábado cuando fue incluido en la investigación judicial.
Continúan las protestas en Perú pese al estado de emergencia
Torres, que acompañaba a Castillo cuando fue detenido el pasado miércoles, estuvo junto al expresidente cuando se leyó el texto que anunciaba la disolución del Congreso y que desató el caos político. Torres compareció en la audiencia de hoy y afirmó estar conforme con su defensa.
Nadie quiere ser implicado junto al mandatario, ya que las penas por el delito que lo acusan van entre 10 y 20 años de cárcel. Los funcionarios públicos que estaban junto a Castillo cuando leyó el controversial texto dijeron desconocer lo que anunciaría el ahora expresidente.
Los manifestantes volvieron a las carreteras de Perú este jueves, a pesar de que el Gobierno decretó el estado de emergencia. La televisión local mostró una fila de decenas de vehículos varados a un lado de una carretera costera clave al sur de Lima, mientras cientos de manifestantes bloquearon el paso en las carreteras de las regiones andinas de Puno, Cusco y Arequipa.
Perú está casi paralizado, con cinco aeropuertos cerrados y 118 tramos de 21 carreteras bloqueadas por los manifestantes, las autoridades reportan que en Machu Picchu, la joya del turismo peruano, al menos 700 turistas se encuentran varados ya que el único tren que conecta la ciudadela inca está fuera de servicio por las protestas.
Con Reuters y AP
