El presidente ruso Vladímir Putin decidió responder al pedido de arresto en su contra que hizo la Corte Penal Internacional (CPI) en marzo pasado por robar niños ucranianos de territorios invadidos. Ahora, en retaliación el Ministerio de Interior que controla declaró “en busca y captura” al fiscal Karim Ahmad Khan.
La mencionada cartera agregó en su base de datos una ficha con foto y datos personales del fiscal de la CPI, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el portal independiente Mediazona. Y aunque la orden se traduce en un claro desafío contra el máximo tribunal en el mundo, resulta no ser la única. El 20 de marzo el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal contra Khan y jueces de la CPI. La instancia se ampara en su Código Penal (Parte 2 del artículo 299) “sobre hacer responsable penalmente a una persona que se sabe inocente”.
Las evidencias derrumban esa tal inocencia de Putin que cita Moscú. Hay reportes de cómo su gobierno deportó niños ucranianos desde que comenzó la guerra y bajo extrañas circunstancias, donde también participa Maria Alekseyevna Lvova-Belova, la comisionada para los derechos del niño de ese país. Ella está incluida en el pedido de arresto que hizo la CPI a mediados de marzo.
Amistad entre Maduro y Putin
Rusia también marca un precedente que podrían replicar autoritarismos amigos de América Latina en sus ansias por evitar condenas del tribunal internacional. Bien se sabe que el dictador venezolano Nicolás Maduro está bajo investigación por crímenes de lesa humanidad. Entonces, que decidiera en un hipotético caso señalar al fiscal de la CPI violar leyes, apegándose al discurso ruso o no cumplir el Estatuto de Roma, no sería descabellado.
En noviembre de 2021 Venezuela ratificó su compromiso con el Estatuto, instrumento constitutivo de la CPI. En paralelo, el tribunal iniciaba la investigación formal por crímenes de lesa humanidad durante la gestión de Maduro. Hace un mes 8900 víctimas apoyaron el avance de esas averiguaciones, cuyos testimonios están sirviendo para engrosar las pruebas de los abusos del chavismo contra presos políticos, activistas u opositores.
La diferencia entre Rusia y Venezuela, es que el primero no forma parte del Estatuto de Roma desde 2016, eso provoca que Putin no pueda ser extraditado tras el pedido de arresto. Para Maduro la historia es diferente. Aún así son bien conocidas las alianzas con su homólogo ruso y cómo ha influido esa amistad al punto de que el dictador chavista confesó hace meses sus intenciones de crear una nuevo “imperialismo” entre el eje latinoamericano con Rusia y China. En esa misma alocución llamó “hermanos mayores” a Xi Jinping y Vladímir Putin.
Conveniencia de Ortega
Por otro lado está el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, señalado por la ONU de cometer junto a su esposa, Rosario Murillo, crímenes de lesa humanidad. Al igual que Rusia, el país centroamericano tampoco es firmante del Estatuto de Roma. Pero como cita el portal Expediente Público, “existen otras posibilidades como la que otorga la jurisdicción universal para que las víctimas de la represión puedan conseguir justicia”. De cualquier manera, una pronunciamiento del régimen sandinista contra la CPI sería también un espaldarazo a Putin.
Hace poco el expresidente colombiano, Iván Duque, pidió “hacer avanzar ante la CPI una denuncia contra el dictador nicaragüense, Daniel Ortega; y su vicepresidenta, Rosario Murillo, por violación sistemática de los derechos humanos en el país”. Duque instó a tomar como ejemplo el caso contra Putin por deportar niños ucranianos.
Fuente: Panampost
